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La estrategia del PP de negarse desde hace casi tres años a renovar órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional (TC) no está libre de consecuencias. Estos organismos llevan meses y meses de "anormalidad institucional", en palabras del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, lo que inevitablemente acarrea consecuencias en el funcionamiento de los tribunales, especialmente del Tribunal Supremo, el más afectado de momento, lo que obligará en este curso judicial a tomar medidas de forma transitoria si el partido conservador sigue sin acceder a llegar a acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las posibles soluciones que ya se están estudiando en el Supremo para estar preparados de cara a cubrir vacantes de plazas que van a ir quedando libres en los próximos meses tiene su origen no sólo en el bloqueo del PP, sino en la reforma legal que impulsaron PSOE y Unidas Podemos para impedir que el CGPJ pueda realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones, que se aprobó el pasado mes de marzo. Los partidos que conforman el Gobierno de coalición justificaron la iniciativa por la "laguna jurídica" que suponía que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regulara las funciones de un CGPJ caducado. En el caso actual, se trata de un órgano de gobierno de los jueces pactado en tiempos de la mayoría absoluta del PP, por lo que su composición no es reflejo del nuevo mapa parlamentario que salió de las urnas en 2019.
La imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos en la cúpula judicial y la negativa del PP a renovar el órgano que debe hacerlos ha llevado al Supremo a acumular ya una decena de vacantes de plazas de magistrado en varias de sus Salas. Y si la situación no cambia, en los próximos meses aumentarán. Según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, la Sala Primera (de lo Civil) del alto tribunal tiene una plaza vacía; la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), seis; la Sala Cuarta (de lo Social), dos; y la Sala Quinta (de lo Militar), una. Y cuantos menos magistrados, más carga de trabajo para los que siguen. La única Sala que mantiene todos sus puestos al completo es la Segunda (de lo Penal), debido a los nombramientos que el CGPJ pudo realizar seis meses antes de la reforma legal. Sigue, por tanto, bajo control conservador y así seguirá en los próximos años, pues no están previstas jubilaciones y los mandatos son vitalicios.
Problemas en la Sala que resuelve recursos contra el Gobierno
Por tanto, la Sala que acusa una mayor problemática es la de Contencioso-Administrativo, que verá incrementada su falta de magistrados en marzo de 2022 con otras dos plazas vacantes por dos jubilaciones –las de Segundo Menéndez y Rafael Fernández Valverde– si el PP no cede y se sienta a negociar con el Gobierno la nueva composición del CGPJ que debía haberse renovado en diciembre de 2018. Y eso en caso de que no haya más bajas imprevistas por enfermedad, por ejemplo. La Tercera es la Sala del Supremo más numerosa y se encarga de estudiar y resolver los recursos contra decisiones del Ejecutivo y disposiciones del CGPJ y de las Cortes Generales, entre otros asuntos. En sus manos están ahora, por ejemplo, los recursos contra los indultos del procés y contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Aunque las ausencias que ahora soporta la Sala Tercera no son vistas, de momento, con preocupación, en el CGPJ y el Supremo ya están estudiando posibles opciones a las que recurrir en caso de que la situación de bloqueo se alargue y empiecen a aumentar las plazas vacantes. Distintas fuentes del Consejo consultadas por este periódico explican que al alto tribunal le quedan "recursos" más allá de los nombramientos discrecionales que ahora no se pueden hacer. Esas soluciones, que serían provisionales hasta que se nombren nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces, son compatibles con la reforma legal aprobada en marzo, remarcan las citadas fuentes.
Un ejemplo es recurrir a jueces suplentes, esto es, que los magistrados que se vayan a jubilar alarguen su periodo de trabajo. Otro es convocar plazas en comisión de servicio, a la que únicamente se podrían presentar magistrados de los tribunales superiores de justicia (TSJ) o de la Audiencia Nacional, esto es, sólo los que podrían optar a una plaza fija para asegurar que cuentan con la suficiente experiencia para resolver asuntos en el Supremo, aunque también se podría dar la opción a miembros del gabinete técnico del propio Tribunal Supremo. Como tercera solución, las fuentes destacan a los magistrados que forman la Sala de Admisión de los recursos de casación, que se encargan de estudiar los escritos que van llegando para decidir si cumplen los requisitos para ser admitidos a trámite en el alto tribunal.
Otras fuentes consultadas por este periódico apuntan que antes de acudir a personal externo, lo primero que se podría hacer en el Supremo es recurrir a "recursos propios". En cada sección que necesite reforzar su plantilla de modo puntual ante un aumento de la carga de trabajo, se destinarán jueces de otras secciones en que se divide esa misma Sala. Estas reorganizaciones internas puntuales no requieren la intervención de la Sala de Gobierno del tribunal, sino que es el presidente de cada Sala el que va disponiendo los traslados puntuales. También puede darse la situación de que magistrados de unas Salas pasen momentáneamente a otras para deliberación o enjuiciamiento de asuntos de otras; ahí ya haría falta que la Sala de Gobierno acudiera al CGPJ con la petición y éste la autorizara.
De momento, parece que la primera de estas dos soluciones es la que más opciones tiene para aplicarse a partir del próximo año, si es que hiciera falta. Todo depende de la carga de trabajo de las Salas. La de lo Contencioso-Administrativo es la más numerosa de las cinco Salas del Supremo, pero también es de las que más asuntos tiene encima de la mesa. Y en torno a marzo de 2022, la previsión es que se quede con 24 miembros de los 32 que marca su composición.
Es el Supremo el tribunal que más acusa la imposibilidad de que el CGPJ realice nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales mientras esté en funciones. Para el caso de las presidencias de audiencias provinciales, presidencias de TSJ y presidencias de salas de TSJ, según las fuentes consultadas, la solución pasa por que los magistrados que agoten mandato continúen en funciones.
El TC, ocho magistrados en funciones a final de curso
El bloqueo del PP no sólo afecta directamente al órgano de gobierno de los jueces. Del Tribunal Constitucional se habla menos, pero sus miembros también ejercen de forma interina cuando se agota su mandato. A diferencia del CGPJ, los doce magistrados del tribunal de garantías van renovando por tercios y hace ya un año que cuatro elegidos por las Cortes Generales que terminaron su mandato: el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; Andrés Ollero y Fernando Valdés, aunque este último dimitió en otoño de 2020 tras ser denunciado por violencia de género.
El CGPJ sigue siendo la clave para no abocar al Constitucional a otro bloqueo en ocho meses
En junio de 2022, si las negociaciones entre el Gobierno y el PP no fructifican en un acuerdo, otros cuatro magistrados –Antonio Narváez, Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, nombrados por el Gobierno y el CGPJ– empezarán a ejercer de forma interina, lo que dejaría al Constitucional con dos tercios de sus miembros en funciones.
Como la Sala Tercera del Supremo, el tribunal de garantías tiene en cartera no pocos asuntos importantes: desde el segundo estado de alarma hasta los recursos de algunos de los condenados por el procés procés; por no hablar de la ley del aborto y la prisión permanente revisable, que llevan once y seis años, respectivamente, esperando sentencia. Los recursos de Vox y PP contra la ley que regula la eutanasia acaban de ser admitidos a trámite.
Precisamente, la mayoría conservadora que sigue imperando en el Constitucional debido al bloqueo se ha impuesto de nuevo y el tribunal previsiblemente rechazará en las próximas semanas los acuerdos de la Mesa del Congreso que limitaron el control parlamentario al Gobierno entre marzo y abril de 2020, durante el primer estado de alarma, según avanzó este viernes El País. Admitirá así una vez más un recurso de Vox contra la gestión del Ejecutivo en el marco de la pandemia de coronavirus.
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