El boom de proyectos de eólica marina abre otro frente de conflicto en la transición energética
Es sólo un proyecto. De momento, sólo eso. Pero ya se ha formado un lío formidable, que demuestra que el próximo capítulo, uno más, de la historia de conflictos que acompañan a la transición energética se escribirá sobre el mar. Hablamos de Cádiz, pero podríamos mencionar el Cabo de Gata o la Bahía de Roses o la Costa Ártabra. Tienen algo en común: la energía eólica marina, todavía pendiente de implantarse en España, pretende abrirse paso en estos enclaves, pero la idea, a pesar de estar llamada a la reducción de CO2, está lejos de convencer a todos.
Mientras múltiples empresas pelean por colocar sus proyectos en una carrera abierta que prevé inversiones multimillonarias, el Ministerio para la Transición Demográfica y el Reto Demográfico trabaja en una normativa para poner orden. Hay al menos una veintena de proyectos comerciales sobre la mesa, mientras sigue vigente la moratoria decretada el año pasado por el Gobierno. El fenómeno inquieta especialmente al sector pesquero.
Frente a las costas de Cádiz
La empresa Bahía de Plata Real State 2017 pretende construir un parque eólico en la Bahía de Cádiz. Según los detalles dados a conocer por Andalucía Información, el proyecto constaría de 18 torres aerogeneradoras, cada una de al menos 120 metros. El dato que ha suscitado más alarma: se ubicaría a 4 kilómetros de la costa de Rota y a 6 de la playa de La Caleta, en Cádiz, con la posible interrupción del infinito paisaje marino. La simple publicación por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, dependiente del Puertos del Estado, de un trámite en el BOE, concretamente la salida a información pública de una solicitud de concesión demanial, ha provocado todo un maremoto social.
Los alcaldes de Cádiz (Adelante Andalucía), Rota (PSOE) y El Puerto de Santa María (PP) se han posicionado, con más o menos vehemencia, en contra. También, múltiples colectivos y grupos de interés. ¿Los motivos? En los argumentos se mezclan el impacto visual, la posible afectación a la fauna, la falta de diálogo y la colisión con otros sectores, como la pesca. El más contundente ha sido el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que afirma que el proyecto llega "con las formas faraónicas del oligopolio eléctrico”. Incluso la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, exalcaldesa de Cádiz (PP), ha dicho que si fuese una alcaldesa de la zona su posición "sería que no".
Los responsables políticos se adaptan a las posiciones fijadas en la propia sociedad, donde predomina la suspicacia o incluso el rechazo. Cádiz Port, una asociación para promocionar la actividad en el puerto donde se agrupan agentes con intereses en la zona, ha calificado la ubicación del parque como "dramática". Ecologistas en Acción ha alertado de una posible maniobra "especulativa" para vender posibles autorizaciones "y si te he visto no me acuerdo". El Club Marítimo La Caleta, que agrupa a pescadores, buzos y piragüistas, también ha dejado claro su mensaje: "Negativa total". "Estamos a favor de la utilización de energías renovables pero sabemos que existen formas de implantación mucho más ecológicas", dice la campaña contra el parque en Change.org.
El mensaje global se sintetizaría en un "sí, pero no así". O más bien "sí, pero no aquí". Es el efecto nimby, por "not in my back yard", que traducido del inglés sería: "No en mi patio trasero".
En resumen: es difícil encontrar defensores del parque en Cádiz, al margen de la Asociación Empresarial Eólica.
Cabo de Gata
No todos los proyectos de parque eólico marino se han topado con tanta y tan vertiginosa oposición. Pero la controversia, aunque pueda ser más suave, es la regla general. Casi es posible dar con un patrón: ecologistas escépticos, pescadores en alerta, políticos permeables a la inquietud social...
En ocasiones saltan otras voces, por ejemplo las vinculadas al sector turístico. Es el caso del rechazo al proyecto Mar de Ágata, a unos 6,5 kilómetros de distancia mínima a la costa y a 15 de los miradores del Cabo de Gata, según el documento inicial de sus promotores. "Atenta contra una de las zonas de mayor valor ecológico y paisajístico" del Mediterráneo, señala la Asociación de Hosteleros de Almería, que compara la infraestructura con el hotel Algarrobico.
¿En qué consiste el proyecto? Las empresas Blue Float Energy y Sener pretenden levantar un parque eólico marino frente a Níjar y Carboneras. Sus promotores utilizan un doble reclamo: la creación de 7.500 puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción y desmantelamiento, tras sus 30 años de vida, y la reducción de 12 millones de toneladas de Co2. Empleo y energía limpia para producir lo necesario para el 28% del consumo eléctrico anual de la provincia de Almería.
Suena bien, ¿no? No a todos.
Más de 100 colectivos –políticos, ecologistas, pesqueros...–, 200 profesionales y científicos y 16 empresas se han sumado a la plataforma Stop Parque Eólico Mar de Ágata, bajo el lema "Energías renovables sí pero no así". Aunque las empresas aseguran el proyecto ha tenido en cuenta las rutas de las flotas pesqueras con base en los puertos de Almería, Carboneras y Garrucha y que la preservación de los ecosistemas es "una prioridad", sus opositores alertan del "gran impacto paisajístico" de torres de 261 metros sobre el nivel del mar, en una superficie de 70 kilómetros cuadrados, así como de los efectos negativos sobre las aves y el medio marino y de la falta de requisitos para una "transición ecológica justa". El Ayuntamiento de Níjar (PSOE) también se opone, mientras la patronal almeriense Asempal defiende el proyecto.
Pescadores inquietos en el norte
Aquí y allá surgen proyectos. Anuncios en las páginas web de las empresas, que pasan a la prensa local, de ahí al debate político y social. No es necesario que la tramitación esté avanzada para que se hable de los proyectos como "el futuro parque". "Un parque eólico marino siete veces mayor que A Coruña se situará frente a la Costa Ártabra", titulaba La Opinión de A Coruña a finales de enero sobre un proyecto impulsado por Blue Float Energy y Sener, los mismos de Mar de Ágata, en esta ocasión con 80 turbinas flotantes de 143 metros de altura en una superficie de 268 kilómetros cuadrados. Al mismo tiempo, Iberdrola impulsa dos parques eólicos marinos también frente a las costas gallegas.
Si el boom de los parques eólicos preocupa a ganaderos y agricultores, los marinos inquietan a los pescadores. Un total de 27 asociaciones de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, que afirman representar 12.000 pescadores, han firmado el "Manifiesto de Burela", así llamado por el municipio de Lugo donde se suscribió. "Los proyectos de implantación de energía eólica marina en nuestras costas no son compatibles con los usos existentes, ni con la escasa plataforma continental de estas costas, que difiere totalmente de otras zonas marítimas como el Mar del Norte o el Mar Báltico, ni con la riqueza de nuestros ecosistemas, ni con la preservación de la biodiversidad", señalan los firmantes, que alertan sobre la "contaminación acústica" de estas instalaciones y sobre los "efectos de alteración de las corrientes marinas". El BNG propone declarar el litoral gallego como "no apto" para parques eólicos marinos.
Blue Float Energy y Sener también promueven Parc Tramutana, a 24 kilómetros de la Bahía de Roses, en Girona, provincia a la que afirman que cubrirá el 45% de su necesidad energética. La altura máxima de los 65 aerogeneradores es de 250 metros, según el documento inicial del proyecto. Ya existe una plataforma en contra, Stop Macro Parc Marí, una nueva alianza entre ecologistas, pescadores y hosteleros, cuyo mensaje central es: "Sí a las energías renovables pero así no". "No tienen cabida proyectos faraónicos como el del macroparque eólico marino, continuando un modelo obsoleto de multinacionales que controlan el mercado de la energía y explotan el territorio sin tener en cuenta sus valores medioambientales, paisajísticos, sociales y económicos", señala la plataforma, que sostiene que "el hecho de que la energía producida sea verde no significa que el proyecto sea en ningún caso sostenible". "Tendremos por delante 80 torres [...] con aspas iluminadas girando con una superficie de afectación de 25.000 campos del Barça", señala su manifiesto, que afirma que "los pescadores tendrán que plegar".
Pendientes de una regulación
La polémica social en torno a los proyectos contrasta con el mensaje de calma del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que cuenta ya con una hoja de ruta para el desarrollo de proyectos con esta tecnología, sobre el papel haciéndolo compatible con la pesca.
A través de un portavoz, el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera (PSOE) señala que actualmente hay una moratoria para instalaciones comerciales, aprobada en un real decreto de junio. La moratoria se levantó en diciembre sólo para proyectos innovación, pero sigue vigente para los parques eólicos marinos comerciales. Es decir, que hay mucho ruido de proyectos, sí, pero lo cierto es que los trámites están todos en stand by.
"Las compañías pueden avanzar en sus proyectos, pero la tramitación de los parques está paralizada hasta que se apruebe la nueva regulación", explica el ministerio, que no avanza una fecha para su aprobación.
La normativa que había, de 2007, quedó obsoleta por los cambios tecnológicos, añade el portavoz. De ahí la aprobación de la moratoria. ¿Resultado? No hay ningún parque eólico marino comercial funcionando, en contraste con el fuerte desarrollo de la eólica terrestre en España y de la eólica marina en países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Transición Ecológica explica que sólo hay un prototipo de aerogenerador marino en funcionamiento, en Gran Canaria. Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos, construido por un consorcio liderado por la ingeniería Esteyco e instalado en el banco de ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias, un consorcio público.
Al margen de este prototipo de I+D+i, todo son proyectos, ideas, pretensiones...¿Cuántos? Nadie tiene la cifra precisa. Puede que no sean más que descripciones en una página web con una vistosa infografía. A Transición Ecológica le constan veinte proyectos, además del prototipo canario ya en marcha. Tres de ellos ya estaban en tramitación administrativa antes de la moratoria, según el ministerio: dos son en Canarias y uno en el Golfo de Vizcaya.
El proyecto vasco, en el tramo de costa entre Lemoiz y Armintza, corre a cargo de Biscay Marine Energy Platform (Bimepsa). Los proyectos canarios son Parque Eólico Gofio, de la empresa Greenalia, y Mar de Canarias, de Esdras, todo ello según Transición Ecológica.
Greenalia es un actor destacado, sobre todo en Canarias, donde ha presentado solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica para cinco proyectos, si bien Gofio es el más avanzado, informa a infoLibre la propia compañía. La previsión de inversión global de los cinco es de 700 millones. Greenalia asegura que sus proyectos han iniciado su tramitación tras "un arduo trabajo de campo" para la "menor afectación al entorno", tanto ambiental como de compatibilidad con la pesca. "En cualquier caso", añade la compañía en respuesta a preguntas de este periódico, "siempre hay que tener en cuenta los informes sectoriales que van a elaborarse durante la tramitación de estos proyectos, que son los que dan las claves más técnicas para la obtención del proyecto final, cuando sea autorizado".
Otros 17 parques han solicitado al ministerio un "alcance de impacto ambiental", que –el ministerio– no supone ningún compromiso por parte de la Administración ni de la empresa. Se trata de un "trámite previo" para, llegado el caso, acelerar la autorización ambiental.
Además de esto veinte proyectos y el prototipo en marcha, puede haber más que sean simplemente intenciones publickadas por las empresas. Lo seguro es que la aprobación de la normativa supondrá un acelerón en una carrera que ya ha empezado.
"Confusión" y espera
Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), cree que reina la "confusión". "Estos proyectos que se ven en prensa no son siempre proyectos reales que se vayan a instalar, sino estudios que hacen las empresas en zonas que previsiblemente van a quedar encuadradas dentro de las áreas eólicas, pero todavía no es seguro. No son solicitudes ya presentadas, porque esa ventanilla no está abierta", señala el director de la AEE, que ha publicado un documento para tratar de disipar las resistencias a este tipo de proyectos. En Canarias, dice como ejemplo de la confusión generada, "han salido más de diez proyectos compitiendo por la misma zona". "Al final saldrá a subasta y ganará uno. No es que vaya a haber 10 o 12", explica, preocupado por la sensación de avalancha.
Romagosa confía en que la regulación llegue pronto porque el desarrollo de parques eólicos marinos "sigue pendiente de la aprobación de la normativa, que debe aclarar dónde es viable la instalación y cómo es la tramitación administrativa". "Todo eso, que está muy definido para las renovables terrestres, para las marinas no lo está. Ahora mismo esa es la única causa por la que no tenemos parques de este tipo", señala. ¿Y la escasez de plataforma continental, que hace que se alcancen rápidamente grandes profundidades al alejarse de la costa, lo cual dificulta la instalación? La tecnología "eólica flotante" salva esa dificultad, afirma. "Ahora la única barrera es regulatoria. La tecnología está disponible y tenemos zonas de muy buen viento en el litoral español", añade Romagosa, que se muestra consciente de que habrá zonas de "buen viento" que no podrán dedicarse a parques de este tipo porque serán para pesca o maniobras militares, además de las que queden protegidas por cuestiones medioambientales.
"No vale cualquier sitio"
Sobre los parques eólicos marinos, la posición de Greenpeace tiene "muchos matices". Pero Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energías Renovables en la ONG en España, se atreve con un titular: "Necesitamos la eólica marina". "Tenemos una urgencia muy grande por el cambio climático", añade.
Luego llegan las precisiones. "Es imprescindible tener en cuenta el impacto sobre la biodiversidad. El estudio de cuáles son los emplazamientos [para su instalación] es esencial. No vale cualquier sitio", afirma Pizzinato, que reclama una organización clara del espacio marino, exhaustividad en la evaluación ambiental de los proyectos y "diálogo social". La responsable de Greenpeace se muestra partidaria de la ubicación en entornos ya degradados, como cerca de los puertos.
