Las cifras tras los incendios de cada verano: más de 400 detenidos, pero solo el 25% de fuegos son intencionados

La Guardia Civil siempre tuvo claro que detrás del infierno de Tenerife se escondía la mano del hombre. Y acertaron. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó el pasado domingo que el incendio iniciado en el Monte de Arafo, que ya ha arrasado cerca de 15.000 hectáreas y ha puesto en vilo a una docena de municipios, había sido provocado. La Benemérita tiene, en estos momentos, tres líneas de investigación abiertas al respecto. "Se hizo en zonas de muy difícil acceso. Estamos hablando de barrancos, de riscos, donde no se puede trabajar. [...] Lo único que deseo es que se consiga localizar a quienes lo provocaron", resaltó horas después en una entrevista radiofónica el líder del Ejecutivo regional.

En la mayoría de incendios que han arrasado los montes en el último lustro no existe voluntad maliciosa. Así se desprende de una circular que el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, envió el pasado mes de abril al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El documento especifica que sólo uno de cada cuatro –en concreto, el 25,5%– fuegos investigados en 2022 tuvieron origen intencionado, entendiendo por esto aquellas acciones cuyo único fin era prender una masa forestal. Una proporción que no ha sufrido demasiados cambios en los últimos años. En 2018 representaba el 28%. Y en 2021, el 24,3%.

Por lo general, los incendios suelen surgir de negligencias. Es decir, de "actividades humanas" que provocan el fuego "sin que el implicado tenga intención de producirlo". Ya sea por accidentes con el uso de maquinaria agrícola, por la quema de rastrojos en una finca o por la utilización negligente de una simple barbacoa. Así se iniciaron durante el pasado año, último con cifras disponibles, el 63,5% de los que fueron objeto de investigación. Fue el caso, por ejemplo, del que se produjo en la comarca burgalesa de Sabinares de Arlanza, que devoró hace un año más de 3.000 hectáreas y que tuvo su origen en una simple cosechadora utilizada en una finca de cereal.

La actuación policial en los fuegos se tradujo en la detención o investigación de 482 personas a lo largo de 2022. Incendios forestales para los que se prevén duros castigos. El Código Penal, en su tipo básico, recoge para quienes incendien bosques o masas forestales penas de entre uno y cinco años de cárcel. Ahora bien, cuando el incendio alcance especial gravedad, ya sea porque afecta a una superficie de "considerable importancia" o a "zonas próximas a núcleos urbanos", entre otros supuestos, la horquilla penalógica se situará entre los tres y los seis años. Y de diez a veinte de cárcel si el fuego comporta un "peligro para la vida o la integridad física de las personas".

Un centenar de condenas anuales

Pero pese al elevado número de detenidos e investigados –más de cuatro centenares anuales desde el año de la pandemia–, lo cierto es que la cifra de condenas es más reducida. En concreto, ronda el centenar anual. En la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente al año 2021, se recogen 109 sentencias condenatorias por incendio forestal, frente a las 63 de 2020 –muy marcado por la paralización que produjo la crisis sanitaria–, las 136 de 2019, las 144 de 2018 o las 136 de 2017. La dificultad de investigar este tipo de delitos, en los que no suele quedar demasiado material probatorio, es uno de los grandes obstáculos.

La mayoría de condenas impuestas por estos incendios, que en más del 90% de los casos son o pequeños conatos –menos de una hectárea de extensión– o fuegos que no superan las 500 hectáreas, no suelen ser demasiado severas. Principalmente, porque una parte importante de los casos que llegan a juicio suelen ser por imprudencias. En diciembre, por ejemplo, la Audiencia de Segovia impuso seis meses de prisión a un hombre que había provocado un incendio al usar un "dispositivo de fabricación casera" para "espantar fauna". Y con diez meses castigó un juzgado de Cáceres en 2020 a otros dos que lo provocaron usando una radial pese a que se había declarado alto riesgo de incendio.

En muchos casos, sin embargo, los tribunales absuelven a los acusados al no considerar probado que una imprudencia ocasionase el fuego. "No existe prueba directa que permita sostener que una chispa procedente del vehículo hubiese sido la desencadenante del fuego", señalaba la Audiencia de Asturias en una reciente sentencia. Otros, además, se han quejado de la falta de concreción. "El legislador no ofrece una definición de lo que ha de entenderse por 'imprudencia', limitándose a enumerar sus distintas clases, pero sin determinar qué se entiende por tal que el legislador", apuntaba la Audiencia de La Rioja en otra resolución reciente.

"Todo es más complejo que las penas"

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En los últimos años, no obstante, también se han impuesto penas mucho más duras. El pasado mes de abril, por ejemplo, la Audiencia de Pontevedra condenó a 17 años de internamiento psiquiátrico a un pirómano por tres incendios forestales. Y cuatro años de cárcel confirmó el Tribunal Supremo en el verano de 2021 para un hombre que unos años antes, "con la intención de incendiar el monte", provocó "voluntariamente" varios "focos de fuego", algunos cerca de núcleos rurales. Un Alto Tribunal que en 2017 ya había condenado a diez años de cárcel a un guardia civil de Navas del Rey (Comunidad de Madrid) por provocar varios incendios. El más grave, se propagó hasta una guardería.

Mónica Parrilla, responsable de bosques de Greenpeace, destaca la importante labor que la Fiscalía desarrolla en materia de incendios. Y cree que es importante que los medios se hagan eco de los castigos que se imponen por los mismos: "Se lanza el mensaje de que quemar no sale gratis". Ahora bien, dicho esto resalta que sólo con la persecución no se resuelve el problema de los fuegos. "Todo esto es mucho más complejo que las penas", apunta Parrilla, quien pide mayor inversión en investigación y prevención. "Una parte muy pequeña de los fondos europeos está destinada a la gestión forestal", resalta la portavoz del colectivo en conversación con infoLibre.

E importante es también la pedagogía sobre el uso del fuego. Sobre todo, en aquellas zonas en las que se utiliza frecuentemente en las labores agrícolas. Una quema de rastrojos que se encuentra en el punto de mira de la Fiscalía de Medio Ambiente. "Un importantísimo número de los incendios que da lugar a procedimientos penales en nuestro país se produce como consecuencia de este tipo de prácticas", señaló Vercher el pasado mes de mayo en un oficio dirigido a los fiscales delegados del área. Escrito en el que, además, recordaba que la ley prohíbe la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola sin autorización.