Bruselas se vuelve a aferrar a las reglas del mercado libre para cuestionar el tope eléctrico español

Hace unas semanas, al término del Consejo Europeo, la euforia se disparaba entre los integrantes de la delegación española comandada por el presidente, Pedro Sánchez. Habían conseguido que la Comisión y los Estados de la UE reconocieran la "excepción ibérica" de dos países, España y Portugal, con escasas interconexiones energéticas con el resto del continente: lo que, en teoría, abría la puerta a una intervención en el mercado solo para esos dos miembros. El relato victorioso, sin embargo, se está torciendo: a Bruselas sigue sin gustarle la propuesta española, a pesar de todas las concesiones que han aceptado las ministras de Economía, Nadia Calviño, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, que comandan la negociación.

El quid de la disputa está en la interconexión con Francia. Y desde Bruselas los peros no son solo técnicos: también ideológicos. A pesar del cambio de rumbo de la Comisión Europea, que al principio se negaba a cualquier tipo de intervención y acabó más que dispuesta a escuchar, el Ejecutivo comunitario mantiene sus reservas por el efecto que el límite al mercado eléctrico ibérico puede tener en la arquitectura energética del continente.

Al principio, el problema parecía más técnico. Si el mercado mayorista eléctrico baja al rango de entre los 100-120 euros el MWh como máximo, como pretende el Gobierno, Francia recibiría una electricidad más barata gracias a los 2.800 MW que conectan a España con el país galo, sufragada por el consumidor español. Serían las comercializadoras ibéricas las que ayuden a las centrales de ciclo combinado a pagar por el gas; es decir, los consumidores, a cambio de una rebaja más amplia en el pool pero cuya subvención a estas instalaciones aprovecharían los vecinos.

Esos 2.800 MW de conexión con Francia son, concretamente, un 2,45% de la potencia instalada total con la que cuenta España, de más de 114.000 MW entre todas las tecnologías. El Gobierno ha utilizado esa cifra para reconocer el problema pero a la vez quitarle peso, aduciendo que funcionan como una "isla energética" y que, por lo tanto, el mercado común no se distorsionaría tanto. Aun así, Calviño y Ribera diseñaron un parche: un sistema de doble casación mediante el cual se fijan dos precios. Uno destinado a Francia, con todo funcionando tal y como funciona ahora; y otro destinado al consumo interno, más bajo. Además de ciertas prohibiciones para la exportación de la energía, como reveló este lunes El País.

Sin embargo, la oposición sigue firme. La Comisión Europea cree que la prohibición a la exportación va en contra del principio de libre circulación fijado por el Tratado de Roma, en los albores de lo que terminaría siendo la UE. El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en energía Diego Rodríguez cree que el argumento es político, aunque sea política económica. "Estás creando un doble precio de manera artificial. No quieres que la subvención que estás dando la aproveche Francia y genere un flujo de exportación muy grande, pero al final se ampara en una cuestión política. No deja de ser un precio creado por la política", contrario a los principios del mercado libre en los que se sigue aferrando Bruselas. Aunque tengan consecuencias, en el contexto actual, para millones de familias y negocios.

Otro experto en el mercado eléctrico, que prefiere no revelar su nombre, cree que la interconexión es "una excusa" que está utilizando la Comisión Europea para que no cunda el ejemplo y el resto de Estados miembro vea como viable la intervención estatal en la fijación de precios. "Es para que la Unión Europea pueda justificar su postura de: mercado, mercado y mercado". Bruselas también se opone a un límite de 30 euros el MWh en la internalización del coste del gas que pueden hacer las ofertas de las centrales en el mercado eléctrico y pone la línea roja en 70 euros, lo que dejaría el límite al coste mayorista de la luz cercano a los 200 euros. Muy poco útil en el contexto actual.

Los expertos creen que se trata del mismo argumento: que no cunda el ejemplo entre otros países y que no se lancen en masa a limitar sus interconexiones para convertirse también en islas energéticas y bajar el precio del pool; y que se mantengan inalteradas las reglas neoliberales de la energía. Sin embargo, ha sido la propia Comisión Europea la que, a pesar del estallido de la guerra en Ucrania y de las urgencias sociales que ha generado en el continente, ha rechazado un tope al gas conjunto que evitara las diferencias de precio entre unos países y otros, la ruptura del mercado común y la tentación de terminar con esos vínculos energéticos entre los Estados.

Otros argumentos y propuestas: la "absurda" posición de las eléctricas

Al principio de la crisis energética, la Comisión Europea argumentaba que, en realidad, está bien que el precio de la electricidad esté alto, para dar incentivos a las tecnologías limpias que pueden recibir los llamados "beneficios caídos del cielo" a pesar de sus escasos costes de producción y, así, amortizar antes la inversión en nuevas instalaciones de eólica y fotovoltaica. También para incentivar el ahorro de los consumidores finales. Es un razonamiento que sigue circulando, a pesar de que se han evidenciado las consecuencias de la situación actual.

"Los incentivos para las tan necesarias inversiones en generación, almacenamiento, eficiencia energética y flexibilidad de electricidad renovable se reducirían porque los niveles y la variabilidad del precio de la energía se reducen artificialmente", argumentaron los consultores europeos Lion Hirth y Christoph Maurer en una tribuna en Euractiv. "Sin ninguna medida adicional por el lado de la demanda, los usuarios finales mantendrán sus niveles de consumo como si no hubiera una crisis energética en curso (al menos no en toda su extensión). Esto significaría mayores volúmenes de consumo, lo que conduce a más combustibles fósiles quemados", argumentaron en este análisis tres especialistas para el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El Gobierno admite que las eléctricas pueden subir sus tarifas pese al tope al gas aunque no sea "sensato"

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Sin embargo, la ministra Ribera lleva meses argumentando que los precios altos de la electricidad son un obstáculo, no un impulso para la transición ecológica. El "lado de la demanda", los consumidores, necesitan una luz asequible para que les salga rentable el abandono de la caldera de gas natural para calefacción o la adquisición de un vehículo eléctrico, explican fuentes del Ministerio. Si los precios de la electricidad son demasiado bajos, no hay incentivos para el ahorro; sin embargo, la medida que propone el Gobierno a Bruselas, además de ser temporal, seguiría dejando los precios a niveles más altos de lo que se abonó durante la mayoría de meses de 2020.

Además del frente abierto con la Comisión Europea, que aún está por resolverse pese a las dificultades, el Gobierno español se enfrenta, una vez más, a la oposición de las grandes empresas eléctricas. La pasada semana amenazaron con dejar en agua de borrajas el tope al gas, de ejecutarse, por su control sobre el mercado libre y las cláusulas que les permiten subir las tarifas, también las ofertadas como "estables", sin previo aviso si hay cambios regulatorios. Desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), compuesta por EDP, Iberdrola, Endesa y Viesgo, siguen proponiendo un límite al precio al gas que adquiere España, no solo el que se utiliza en la generación eléctrica.

La Comisión Europea dejó claro, en su última comunicación, que una medida así es imposible de tomar por un solo Estado miembro: los metaneros procedentes de otros países, simplemente, desembarcarían en otros países donde les pagaran más, poniendo en riesgo la seguridad de suministro. "Me parece inviable, ponerle puertas al campo. Un absurdo. Eso no lo aguanta nadie", resume Rodríguez.