Bruselas da largas a España sobre la luz y pide centrarse en los vulnerables frente al 'café para todos'

La Comisión Europea ha publicado este miércoles una comunicación en la que repasa las principales medidas que pueden tomar los Estados miembro ante el alza, por ahora incontrolada, de los precios de la electricidad y del gas natural. El Ejecutivo comunitario descarta por el momento una reforma integral del mercado, aunque asegura que estudiará diversas alternativas; sí ve con buenos ojos la compra centralizada de materia prima para aplacar los costes, aunque matiza que necesita más información antes de tomar la decisión. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que las propuestas son "manifiestamente incongruentes".

Bruselas ha animado a los países a tomar decisiones que ya ha ejecutado el Gobierno español, aunque con un matiz importante: propone que todas las actuaciones estén dirigidas a los consumidores más vulnerables, los que más notan la escalada, aunque España ha aplicado rebajas en su tarifa regulada que afectan a todos los usuarios por igual, sin tener en cuenta niveles de renta o de exclusión social. El bono social, tanto eléctrico como térmico, sigue sufriendo importantes carencias, advierten las organizaciones que luchan contra la pobreza energética. Solo una medida de las múltiples contenidas en el decreto que se convalida este jueves en el Congreso se dirige a estos sectores: la creación del suministro mínimo vital para prohibir los cortes de suministro a los beneficiarios del bono durante nueve meses. 

En su comunicación, la Comisión recomienda a los países tomar diversas medidas que son perfectamente compatibles con el derecho de la Unión Europea y que pueden aplicar ya sin necesidad de una reforma muy enfriada tras la iniciativa de países como España. El Ejecutivo comunitario anima a "proporcionar medidas de compensación por tiempo limitado y apoyo directo a los consumidores en pobreza energética, a través de cheques o cubriendo partes de la factura energética, financiada, entre otras cosas, con los ingresos del mercado de carbono". También recomienda "reducir los impuestos a las poblaciones vulnerables, durante un tiempo determinado" y "considerar sacar la financiación de las renovables del recibo". El Gobierno español aplica los ingresos del mercado de emisiones, cuyas siglas en inglés son ETS, en reducir en un 96% los peajes y las cargas, junto a los "beneficios extraordinarios" extraídos de las cuentas de las eléctricas. Pero a todos por igual. No solo a "los consumidores en pobreza energética", como puntualiza el documento. 

La misma situación se repite con respecto a los impuestos: la Comisión matiza que se deben reducir solo "a las poblaciones vulnerables" y "durante un tiempo determinado". La rebaja del IVA y del Impuesto Especial sobre la Electricidad ha sido generalizada: los consumidores más pudientes, lejos de la pobreza energética y que pueden permitirse la escalada, también disfrutan del alivio fiscal. El Gobierno español también ejecutará la salida de la financiación renovable del recibo, como propone Bruselas: pero a través de un proyecto de ley que creará el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, mediante el cual todas las empresas energéticas abonarán este concepto. 

La comunicación es muy insistente en que estas medidas de alivio deben discriminar y dirigirse a los más vulnerables. "Las tasas reducidas tienen que ser dirigidas y no causar distorsiones", asegura la Comisión sobre los impuestos. "Los beneficios inesperados del mercado de carbono pueden ser usados para financiar las necesidades de determinados grupos sociales", vuelve a apuntar sobre otra de sus propuestas. "La respuesta inmediata debe mitigar rápidamente la situación para los más vulnerables", indica en sus conclusiones.

Las medidas del Gobierno han ayudado a paliar los altos precios de la electricidad para todas las clases sociales, evitando en un 25% la potencial subida de la tarifa regulada, a la que están acogidos tanto los beneficiarios del bono social como todo aquel pequeño consumidor que así lo prefiera (actualmente, el 38% de los contratos). Sin embargo, los activistas contra la pobreza energética siguen recordando que la ayuda, de hasta un 40% en el caso de la luz, sigue sin ser concedida de manera automática y la burocracia, en demasiadas ocasiones, lo complica todo. Tampoco se han utilizado los beneficios extraordinarios de los que habla la Comisión para aumentar la bolsa de potenciales beneficiarios o para ofrecer un descuento más elevado. 

El profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista en el mercado eléctrico Diego Rodríguez cree que el Gobierno no puede renunciar a aplicar medidas que no discriminen por renta, sobre todo con la vista puesta en las clases medias que ahora pueden pagar con holgura las facturas, pero que podrían verse atenazadas por una subida del pool demasiado alta. Pero también considera, en línea con lo que defiende la Comisión Europea, que dichas actuaciones deberían haberse acompasado con más ambición para proteger a los pobres energéticos.pobres energéticos.

"Todas las medidas no van dirigidas a un consumidor vulnerable, sino a un consumidor medio, con independencia de su posibilidad de pagar un incremento de la factura. La Comisión Europea ha sido más selectiva. En España, se ha tratado de hacer una política general sin contemplar un efecto redistributivo. Y tiene que ser también asimétrico", defiende. 

Enfado de Transición Ecológica con la inacción de la Comisión

Tal y como se esperaba tras el pleno del Parlamento Europeo de la pasada semana, la Comisión Europea no está dispuesta a cambiar las reglas del mercado de la luz. Países como España, Francia o Grecia han manifestado su disconformidad con un sistema que hace que la tecnología más cara en la actualidad, la que utilizan las centrales de ciclo combinado que queman gas natural, marque el precio de toda la generación de electricidad. El Ejecutivo comunitario asegura que estudiará posibles alternativas encargando un informe a la Agencia por la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER, siglas en inglés), pero deja claro que el modelo actual despierta un "consenso general" y que no cree que otros mecanismos ayuden a paliar la crisis. 

"El mercado de la electricidad de la UE se basa en un método de fijación de precios marginal, lo que significa que todo el mundo recibe el mismo precio por la electricidad a nivel mayorista. Como actualmente las centrales eléctricas de gas siguen siendo necesarias con frecuencia para satisfacer la demanda de electricidad, el precio del gas tiene un impacto en el costo de producción de electricidad, con impactos negativos, como se ha visto ahora. Sin embargo, existe un consenso general de que el modelo de precios marginales es el más eficiente para los mercados de electricidad liberalizados y el más adecuado para fomentar una comercio de electricidad eficaz entre los Estados miembros (...) No hay evidencia de que un mecanismo alternativo ofrezca mejores precios y mejores incentivos", zanja la Comisión. Aun así, lo estudiará. 

El Ejecutivo comunitario tampoco cree que en el mercado de carbono se esté produciendo una especulación que suba demasiado los precios. En 2018, una modificación en una directiva permitió la entrada de fondos de inversión en el sistema por el cual las grandes instalaciones emisoras de CO2 pagan una determinada cuantía por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera. Como el gas expulsa CO2, estos costes también explican la escalada de precios. El Ejecutivo comunitario cree que estos especuladores son minoría. "Los informes de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) mostraron que la mayoría del sistema está ocupado por entidades con obligaciones de cumplimiento bajo el ETS, así como por los bancos, que juegan un importante rol para cubrir las necesidaes de las empresas que tienen que estar en este mercado". Los especuladores solo representan un 10% del ETS, cifra la institución europea. 

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Fuentes conocedoras del funcionamiento de los mercados de carbono dan credibilidad a la cifra ofrecida por la Comisión Europea y recuerdan que, tal y como se explicó en este artículo, tanto el aumento de la liquidez del ETS como la acción especuladora para subir los precios son buscados activamente por el Ejecutivo comunitario, que hace unos años estaba preocupado por los bajos niveles del mercado de emisiones. No constituían un incentivo para la acción climática. No ven nada probable que Bruselas abra la puerta a su reforma. Aun así, y una vez más, la institución europea se compromete a estudiar posibles interferencias dañinas, encargando un análisis a la ESNA. 

La única medida contundente que pedía España y que la Comisión Europea ve con buenos ojos es la compra centralizada de gas para adquirir la materia prima a un precio más competitivo, tal y como se hizo con las vacunas contra el covid-19. Pero es una medida a largo plazo: Bruselas se compromete a tomar una decisión solo antes de abril de 2022. No atajará la crisis actual. Rodríguez cree que la respuesta energética no es igual que la sanitaria. Será más difícil. "Comprar gas y comprar vacunas son cosas distintas. Hay que ver cómo se reparte y para quién". 

Para el experto, la respuesta de la Comisión Europea a las demandas españolas no es ninguna sorpresa. "La CNMC nunca ha puesto en duda las bondades, aunque tenga dificultades, del mercado marginalista. Es una discusión que nunca ha estado en el ámbito europeo ni en el de los reguladores europeos. Es una discusión muy española". Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica no oculta su decepción ni su enfado. Hacía tiempo que no se veían palabras tan duras contra el órgano ejecutivo de la Unión Europea como las que ha pronunciado este miércoles la ministra, Teresa Ribera: "Las propuestas no dejan de ser manifiestamente incongruentes. No abordan la excepcionalidad de la situación en la que estamos, con medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos por delante".