El bulo sobre los comités científicos y técnicos que asesoran al Gobierno: los nombres son públicos

Los nombres de los expertos científicos y técnicos que asesoran al Gobierno en relación con la pandemia de covid-19 y el plan de desescalada son públicos. El bulo de que el Ejecutivo no quiere hacer pública la composición de estos comités circula desde hace varios días alentado por la derecha política y mediática, que trata de hacer ver que Sanidad no cumple su deber de transparencia y tiene algo que ocultar.

El Gobierno asegura que creó sólo dos comités de expertos con ocasión de la crisis sanitaria. El primero es el Comité Científico del covid-19, con el que se reúne el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todas las semanas, y cuyos nombres fueron hechos públicos el 21 de marzo, hace siete semanas.

Son médicos especialistas en salud pública, epidemiología, farmacia y virología de reconocido prestigio: Antoni Trilla García, Hermelinda Vanaclocha Luna, María Teresa Moreno-Casbas, Agustín Portela Moreira, Inmaculada Casas Flecha y Miguel Hernán.

El segundo grupo de trabajo creado por el Gobierno para redactar del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, o plan de desescalada, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de abril, está compuesto por una veintena de especialistas epidemiología, salud pública, nuevas tecnologías, filosofía, desigualdad, inteligencia artificial, economía y relaciones internacionales. Y también ha contado con el trabajo de diferentes altos cargos de la Administración.

La composición de la mayor parte de este grupo tampoco es un secreto. De hecho fue divulgada por la Agencia Efe, citando como fuente a la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico previa autorización de los afectados. Incluye nombres como los de Ana María García, catedrática de Salud Pública, Antoni Plasencia, director del Instituto de Salud Global de Barcelona, Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, Manuel Cuenca, director del Centro Nacional de Microbiología, Miguel Hernán, profesor de Bioestadística y Epidemiología, Carlos Cuerpo, director de Análisis Macroeconómico del Ministerio dd Economía, Borja Barragué, profesor de Filosofía del Derecho, José Fernández Albertos, investigador de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Miguel Otero, economista del Real Instituto Elcano, Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalición e Inteligencia Artificial, Manuel Muñiz, secretario de Estado de España Global, Bruno Sánchez, doctor en Astrofísica, Ángel Alonso, embajador de la Misión Especial para la Ciudadanía España Global, Diego Rubio, director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, y del diplomático y director del Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea Diego Martínez Belio.

Al margen de ambos comités están los expertos que trabajan para el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y para la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que son los que se encargan de la gestión en el día a día. Su labor incluye, según fuentes del departamento de Salvador Illa, la realización de informes técnicos que sirven de base, posteriormente, para las resoluciones del ministerio sobre la progresión, o no, a alguna de las fases previstas en el plan de desescalada.

Empleados públicos

El CCAES, subrayan las fuentes citadas, no es un “comité de expertos creado para realizar una labor de asesoramiento en este episodio concreto de la pandemia por coronavirus”. Se trata de empleados públicos, algunos con“ larga trayectoria en este departamento, que han trabajado en la respuesta a esta y a otras epidemias anteriores”, incluidas las habituales gripes de cada año. Son profesionales y técnicos “que llevan tiempo desarrollando su labor en el área de Salud Pública”, como los que trabajan para las áreas de salud pública de cada comunidad autónoma y elaboran los informes que dan pie a las propuestas que las consejerías de salud transmiten al Ministerio de Sanidad.

Son precisamente los técnicos de salud pública del ministerio quienes “analizan los datos y realizan los informes” que después sirven de base para que Illa tome las decisiones. “Si hay alguna disparidad”, remarcan, “corresponde al ministro la última palabra”.

 

Tanto los técnicos de los servicios de salud de las consejerías como los del ministerio “no son políticos. Estaban en la época de gobiernos anteriores y seguirán en las siguientes”, subrayan las fuentes citadas.

La referencia de la Ley de Salud Pública a la publicación de los nombres de las personas que formen parte de órganos externos no afecta a los funcionarios internos. La norma dice que “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública”, pero no se refiere a los funcionarios y empleados públicos sino a “las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”.

El malestar del Ministerio de Sanidad ante la insistencia de algunos partidos y medios en que se divulgue la identidad de estos funcionarios del CCAES y de la dirección general de Salud es palpable. “Esto empieza a parecerse a la campaña de acoso que se inició en Andalucía contra los empleados públicos de la Junta que se ocupaban de los asuntos de violencia de género”, recuerdan.