'Se busca investigador, recompensa un millón de euros': el plan del Gobierno para captar talento de fuera

Si en la crisis económica de 2008 se produjo un éxodo masivo de jóvenes —y no tan jóvenes— a otros países en búsqueda de las oportunidades laborales que no le ofrecía el mercado español, un fenómeno popularmente conocido como fuga de cerebros, el Gobierno quiere que, ahora, nuestro país sea el receptor de ese talento. Este miércoles el Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria del programa Atrae, la primera iniciativa destinada a a atraer a los investigadores que se sitúan en el escalafón más alto de su trayectoria —el R4— para que desarrollen su actividad en universidades y organismos públicos de investigación españoles.

El programa estará gestionado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y prevé destinar 25 millones de euros al año para la contratación de un mínimo de 25 investigadores e investigadoras en cualquier área del conocimiento. Para acceder a esta ayuda los interesados — españoles o de otra nacionalidad— deberán contar más de siete años de experiencia postdoctoral y haber desarrollado esta actividad en el extranjero al menos cinco de los siete últimos años. Los beneficiados recibirán una ayuda de hasta un millón de euros para que desarrollen su línea de investigación en España.

Este millón de euros se utilizará para pagar el sueldo a los investigadores —que será de un mínimo de 80.000 euros anuales—, para contratar al personal de investigación que sea necesario para conformar su grupo de investigación y para la adquisición de equipamiento y adecuación de espacios para el establecimiento de su grupo. La ayuda será solicitada por la persona interesada, que deberá contar con una carta de aceptación del organismo al que pretende incorporarse y un compromiso de consolidación. El contrato será por una duración inicial de tres a cuatro años y el beneficiario será la institución de acogida.

Tal y como detallan desde el Ministerio de Ciencia e Innovación a infoLibre, el proceso de selección será el siguiente: las solicitudes deberán ser presentadas por las entidades y las actuaciones financiadas serán lideradas por el propio investigador. "La evaluación de las solicitudes se realizará por comisiones técnicas de personas expertas y por una comisión de selección", señalan. "Convocatorias como esta dan oportunidades atractivas para venir a España a los líderes mundiales en investigación que hacen avanzar las fronteras del conocimiento", ha explicado la ministra del ramo, Diana Morant, este miércoles.

Las entidades beneficiarias, es decir, aquellas en las que trabajarán los investigadores finalmente seleccionados, podrán ser organismos públicos de investigación, universidades públicas o sus institutos universitarios e incluso las universidades privadas "con capacidad y actividad demostrada en I+D+I ". Asimismo, si los investigadores tienen experiencia en el ámbito de las ciencias de salud, podrán trabajar en entidades e instituciones sanitarias publicas, institutos de investigación sanitaria acreditados de naturaleza publica y otros centros públicos dedicados a la investigación, el desarrollo y la innovación.

Los precedentes de Cataluña (Icrea) y Euskadi (Ikerbaske)

Aunque Atrae es el primer programa estatal, ya hay precedentes de este tipo de medidas a nivel autonómico. Hace dos décadas, concretamente en el año 2001, Cataluña ya puso en marcha su propio plan de captación y retención de talento, 100% público y financiado por la Generalitat: Icrea. Los investigadores candidatos a obtener una plaza de profesor de investigación Icrea se presentan a la convocatoria de la mano de la institución que quiere acogerlos. Este proceso de selección está orientado en exclusiva a la excelencia en la investigación, de manera que no hay limitaciones por nacionalidades, especialidades o instituciones.

Tal y como desgranan desde la propia institución, actualmente cuentan con 278 investigadores de todos los campos del conocimiento, desde filosofía hasta astrofísica, que llevan a cabo sus investigaciones en 48 universidades e instituciones de investigación en Cataluña. Concretamente, el 30% en ciencias de la vida y medicina, un 27% en experimentales y matemáticas, un 16% en áreas tecnológicas, un 15% en humanidades y un 12% en ciencias sociales. Con todo, los investigadores Icrea suponen tan solo un 1% del tejido científico catalán.

Unos años más tarde, en 2007 el Gobierno Vasco puso en marcha Ikerbaske, la Fundación Vasca para la Ciencia, con el objetivo de atraer y consolidar talento investigador. Según las cuentas de la propia organización, en 2022 atrajeron fondos por valor de 40 millones de euros, casi tres millones más que en 2021. Desde 2007, según explicó el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, su labor ha conseguido captar para el País Vasco un total de 335 millones de euros.

Actualmente la Fundación Vasca para la Ciencia cuenta con 345 investigadores de 35 países diferentes, que desarrollan su labor en todos los campos del conocimiento. En relación a su área de conocimiento, el 49% son especialistas en ciencias experimentales, el 23% en ciencias médicas. Un 15% son especialistas en ingeniería y un 13% en ciencias sociales y humanidades. Ikerbaske se marca como objetivo aumentar la contratación femenina, ya que ellos siguen siendo mayoría: de los 345 investigadores, el 73% son hombres frente a un 27% de mujeres.

Fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación señalan que Cataluña o Euskadi "tienen una larga experiencia en captar este tipo de líderes de investigación", pero explican que estas autonomías "solo sufragan los gastos de contratación" y, por tanto, "no les aportan una financiación tan importante para su establecimiento en España", como si prevé hacer el programa Atrae.

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Cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia en el año 2018, se comprometió a repatriar a los españoles que se fueron en durante la última gran crisis económica. El Ejecutivo socialista —entonces monocolor— puso en marcha un programa piloto de un año de duración, de julio de 2019 a junio de 2020, en el que participaron 200 personas e incluía un total de 50 medidas encaminadas a facilitar la vuelta a España, entre ellas conectar a migrantes y empresas, eliminar las barreras administrativas —como bonificar la cuota de autónomos—, asesoramiento en la búsqueda de una nueva vivienda en España e incluso ayuda psicológica.

El resultado del proyecto piloto no fue demasiado alentador: de los 200 participantes volvieron a España 58, menos de un 30% del total, aunque 33 usuarios adicionales (el 17%) habían fijado ya una fecha de regreso a España. De ese total, el 59% eran mujeres y el 41% hombres, con una media de 35 años de edad, procedentes de 29 países de residencia. El proyecto contó con un presupuesto total de 24,2 millones de euros, 12,4 millones en 2019 y 11,8 millones en 2020, implicando a una decena de ministerios.

Según se desgrana en este estudio sobre la movilidad social de los emigrantes españoles en Europa, publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), mientras que en los años sesenta y setenta las migraciones a países como Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido se caracterizaban por unos perfiles profesionales de baja cualificación, las migraciones actuales son protagonizadas por trabajadores altamente cualificados atraídos por la búsqueda de un mayor reconocimiento social y laboral.