El Gobierno de Pedro Sánchez podría vivir su primera derrota parlamentaria nada más empezar el 2024. Si no hay un cambio en las próximas horas, los tres decretos clave que el Congreso vota el miércoles —el de medidas anticrisis, el del Ministerio de Trabajo sobre el subsidio por desempleo y el conocido como decreto ómnibus— no obtendrán el visto bueno de la Cámara Baja para ser convalidados y, por lo tanto, decaerán. Ello, como está alertando el Ejecutivo, dejaría sin efecto la prórroga de un año de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, la reducción durante el primer semestre del IVA de los alimentos de primera necesidad o la extensión durante un año de la gratuidad en los abonos de cercanías, entre otras medidas.
A la negativa de Junts, que se ha vuelto a ratificar este lunes en su posición, se le ha sumado Podemos. La formación liderada por Ione Belarra, que cuenta con cinco diputados, amaga con no apoyar los dos primeros decretos al considerarlos insuficientes. Y eso, en una legislatura en la que cada voto cuenta, fuerza a los socialistas a negociar con los morados —como estos últimos venían reclamando desde hace semanas— para garantizar su sí o su abstención, ya que su no bastaría para que los decretos decayeran aún si finalmente acaban convenciendo a los de Carles Puigdemont.
La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que no aceptarán "recortes" en el real decreto-ley con el que el Gobierno quiere modificar el subsidio de desempleo, impulsado por el departamento que dirige Díaz. Los morados entienden que esa reforma, que aumenta las cuantías a los 570 euros al mes para nuevos beneficiarios, implica "recortes en futuras pensiones" al rebajar progresivamente la base de cotización. "Para una trabajadora que tenga 22 años cotizados, este real decreto implica un recorte de 162 euros al mes, es decir, 2.268 euros al año en su futura pensión", explicó Serra.
El Ministerio de Trabajo niega que se trate de un recorte y explica que cuando se subió la cotización de mayores de 52 años un 125%, en lugar de al 100% como el resto de subsidios, fue un "parche para compensar" la pérdida de cotización de cara a la jubilación que existía antes de 2018. Desde el equipo de Díaz argumentan que se producían "escenarios ridículos" en los que había personas "que cotizaban más cobrando el subsidio que trabajando" y que ahora "se garantiza una cotización suficiente" gracias a que el SMI ha subido un 47%.
Sumar, por su parte, ha hecho una "llamada a la responsabilidad" a través de su portavoz, Ernest Urtasun. "Estos decretos deberían salir por unanimidad si los partidos pensaran en mejorar la vida de los ciudadanos”, ha pedido el ministro de Cultura tanto a Junts como a Podemos. "La política útil es la que no juega a la politiquería con medidas esenciales para el bienestar de nuestros ciudadanos", ha proseguido. Sin embargo, las palabras de su antiguo socio no han hecho mella en Podemos, que les han obviado de la ecuación y en todo momento se han dirigido al PSOE como su único interlocutor.
Podemos ve ratificada su estrategia tras abandonar el grupo parlamentario
Se cumple un mes desde que Podemos decidió abandonar el grupo parlamentario de Sumar y los morados ya empiezan a recoger los primeros frutos de su estrategia. La dirección del partido denunciaba que Díaz no les dejaba "hacer política" y les ninguneaba constantemente, al igual que el PSOE, que se negaba a negociar de manera bilateral con ellos. Ahora que se le complican las votaciones y con los frágiles equilibrios dentro del Congreso, los socialistas sí abren la puerta a negociar el apoyo de sus cinco parlamentarios.
Los de Belarra quieren "presionar desde la izquierda" al PSOE y formar una suerte de "frente amplio" con formaciones como ERC o EH Bildu. La tesis de los morados es que al depender también de formaciones como el PNV y Junts, el Gobierno virará hacia posiciones más conservadoras que la anterior legislatura, amparándose en la falta de apoyos parlamentarios para no sacar adelante medidas "ambiciosas y de izquierdas". Podemos también busca presentar a Sumar como un socio menos combativo y más conformista que Unidas Podemos, en su búsqueda por recuperar el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE.
Con esta estrategia en mente, han pedido incluir dos cuestiones en el decreto anticrisis. Por un lado, que el límite de las subidas de los alquileres se mantenga en un 2%, tanto en las revalorizaciones anuales que habitualmente se efectúan siguiendo el IPC como en los nuevos contratos. La ley de vivienda que aprobó el Congreso el año pasado y que fue uno de los proyectos estrella del Ministerio de Derechos Sociales con Belarra al frente ya incluía un límite del 3% para esas subidas durante 2024, pero Podemos pide ahora que se quede en un 2%. "El Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda", señaló Serra.
También reclaman que se establezca un tope del 2% en la cesta de la compra para los productos de primera necesidad. Se trata de una medida que los morados llevan meses intentando incluir, también cuando formaban parte del Ejecutivo de coalición, y que los socialistas siempre rechazaron. Podemos considera que ahora tiene una posición de fuerza al estar ya fuera de la coalición, aunque tampoco quieren ser percibidos como los culpables de que algunas de las medidas que se incluyeron en el decreto anticrisis decaigan. Por ese motivo la negativa de Junts supone, a su vez, un refuerzo de su estrategia.
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El Gobierno dispone de pocos días para convencer a Junts y a Podemos, por lo que ha pasado ya al plan 'B': el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ofreció a finales de diciembre el apoyo de sus diputados al decreto a cambio de una negociación para incluir las propuestas que lleva haciendo desde 2022. Fuentes de Génova confirman que se han producido hasta tres llamadas informales con integrantes del Ejecutivo.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llamó el domingo y también este lunes a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Además, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha llamado al portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper. Unos contactos que confirman fuentes de la vicepresidencia segunda, que únicamente han excluido a Vox de esa ronda de contactos.
Sin embargo, desde el PP dejan claro que tanto Gamarra como Sémper se "reafirmaron la decisión del PP" de votar en contra de los tres decretos que se votarán el miércoles. "El Gobierno llamó para pedir, no para ofrecer; y el principal partido de España no socorrerá a Pedro Sánchez en caso de que sus socios le fallen pasado mañana", señalan. Al Gobierno se le acaban las alternativas y, si quiere sacar sus decretos adelante, deberá llegar a un acuerdo con Junts y también con Podemos en las próximas 24 horas.
El Gobierno de Pedro Sánchez podría vivir su primera derrota parlamentaria nada más empezar el 2024. Si no hay un cambio en las próximas horas, los tres decretos clave que el Congreso vota el miércoles —el de medidas anticrisis, el del Ministerio de Trabajo sobre el subsidio por desempleo y el conocido como decreto ómnibus— no obtendrán el visto bueno de la Cámara Baja para ser convalidados y, por lo tanto, decaerán. Ello, como está alertando el Ejecutivo, dejaría sin efecto la prórroga de un año de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, la reducción durante el primer semestre del IVA de los alimentos de primera necesidad o la extensión durante un año de la gratuidad en los abonos de cercanías, entre otras medidas.