De la caja B a 'Kitchen': el frente judicial que 2021 reserva para el PP de Casado

2021 no va a ser un buen año para el PP de Pablo Casado en lo que al frente judicial se refiere. Las causas de corrupción del pasado de su partido se agolpan en la Audiencia Nacional y no dejan de dar titulares sobre actuaciones cuando menos ejemplarizantes sobre antiguos dirigentes que, aunque en su mayoría ya no tienen relación con el partido o no están en puestos de relevancia, no evitarán que el líder de los conservadores tenga que salir al paso de las decisiones que los jueces vayan adoptando. 

Los coletazos del caso Gürtel siguen dando dolores de cabeza al principal partido de la oposición; la enorme causa en la que se está convirtiendo la pieza 7 del caso Villarejo, la llamada operación Kitchen, será protagonista además de una comisión de investigación en el Congreso; y el caso Púnica, la macrocausa de corrupción que empezó hace ya seis años con ramificaciones en varias comunidades autónomas, no parece acabar nunca, con nuevas líneas de investigación que han provocado dimisiones en el Senado y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La agonía empezará pronto, el 8 de febrero, con uno de los juicios más esperados: el que examinará las pruebas sobre la contabilidad opaca o en B que gestionaron durante años los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y si esa caja se nutría con fondos de empresarios amigos. Serán cuarenta sesiones en las que el partido conservador se sentará, figuradamente, en el banquillo una vez más como presunto responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que otros acusados podrían haber cometido –apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública–.

Ahí está la importancia de este procedimiento, no tanto por lo que se juzga, que es el supuesto pago en negro de la reforma de la sede de la calle Génova de Madrid, como por las implicaciones que tendrá para el partido, después de que ya fuera condenado en firme como partícipe a título lucrativo por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2009) al haberse beneficiado de las actividades que llevaron a cabo las empresas del líder de la trama corrupta, Francisco Correa, motivo por el cual ha tenido que abonar 245.492,80 euros. El Tribunal Supremo ratificó las conclusiones de la Audiencia Nacional acerca de que en el PP existía una "contabilidad extracontable" sobre la que Bárcenas ostentaba "plena capacidad de control y disponibilidad".

Están acusados también en este juicio el extesorero, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por el delito de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública –ya está cumpliendo pena de 29 años de cárcel por la Gürtel–; y el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, que se enfrenta a un año y medio de cárcel por los mismos delitos salvo el de apropiación. Junto a ellos, se sentarán en el banquillo los socios de Unifica –la empresa que presuntamente cobró en negro la reforma– Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y diez meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y su empleada Laura Montero, para quien el fiscal pide el sobreseimiento.

Aznar y Rajoy, testigos

La expectación mediática será máxima, pero sobre todo unos días muy concretos en que deberán declarar en calidad de testigos los dos expresidentes del PP y del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas comparecencias han sido solicitadas por las acusaciones populares y no por Anticorrupción. En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional, donde no fue citado ni en la fase de instrucción, para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. Sí compareció en la comisión de investigación del Congreso, en la que aseguró que "no existe ninguna caja B" y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, ya sabe lo que es declarar como testigo ante un tribunal de la Audiencia Nacional: lo hizo en julio de 2017, cuando todavía era jefe del Ejecutivo, en el juicio sobre los primeros años de actividades de la trama Gürtel. En aquella ocasión, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja B en el partido que presidió entre 2004 y 2018 porque, según alegó, sus responsabilidades eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que propició la moción de censura contra su Gobierno.

Además de Aznar y Rajoy, comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila, y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido, todos ya fuera de la primera línea de la política.

No obstante, con este juicio, pase lo que pase, no se acaban las investigaciones sobre la caja B del PP. De hecho, la que puede considerarse más importante es la que aún está en fase de instrucción y que versa sobre las donaciones que recibió el partido y que aparecen anotadas en los documentos manuscritos conocidos como los 'papeles de Bárcenas', esto es, la contabilidad opaca. Los últimos avances en las pesquisas pasarán por indagar en los más deuna veintena de contratos que fueron firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de Aznar con uno de los donantes entre los años 2002 y 2004 y por un valor de unos 570 millones de euros.

Es muy probable que el desarrollo del juicio de la reforma de la sede del PP coincida con sesiones de la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen, el operativo policial fuera del control judicial que se puso en marcha en 2013 para supuestamente hacerse con documentación que Bárcenas se habría llevado de Génova cuando fue despedido y que sería comprometedora para el PP y sus dirigentes. Seguimientos al extesorero y su familia, captación de confidentes y pagos con fondos reservados es lo que se ha dilucidado en más de dos años de investigación de una trama que estaría directamente relacionada con la mencionada contabilidad extracontable que manejaba el extesorero para ponerla fuera del alcance de los jueces y tribunales que entonces ya investigaban al partido.

Durante las pesquisas de esta causa, que se enmarca en la pieza 7 del caso Villarejo, los investigadores han ido de abajo a arriba: primero, acotaron la posible participación en el operativo de una serie de inspectores y comisarios de Policía, lo que ha llevado más recientemente al juez Manuel García Castellón a poner el foco en cargos políticos del primer Gobierno de Rajoy: el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ya han pasado por la Audiencia Nacional para dar sus respectivas versiones, ambas contradictorias. Es la primera vez desde la investigación a los GAL que una cúpula del Ministerio del Interior está imputada por, entre otras cosas, el presunto uso fraudulento de fondos reservados, dinero público que se destina a operaciones de especial sensibilidad para la seguridad del Estado, no para salvar a un partido político de una instrucción judicial.

¿Quién ordenó la Kitchen?Kitchen

Pero Fernández Díaz y Martínez no son los únicos que han ocupado titulares, pues en el sumario de la causa planean otros nombres que, sin estar bajo el foco de la investigación, han generado sospechas por las repetidas menciones de los imputados. El expresidente Rajoy, la que fue su número dos en el PP María Dolores de Cospedal o el marido de ésta, Ignacio López del Hierro, fueron objeto de las conversaciones de policías investigados como José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño o Eugenio Pino y también salieron a relucir en algunas de sus declaraciones judiciales como la posible implicación del partido en la puesta en marcha de la operación Kitchen. Una línea de investigación que, de momento, no ha explorado el juez, que sigue centrado en la cúpula de Interior, en desacuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que sí le pidió el pasado septiembre la imputación de Cospedal.

La instrucción de esta pieza del caso Villarejo no está ni mucho menos cerca de concluir, por lo que 2021 seguirá lleno de titulares incómodos para el PP de Casado con la incertidumbre de si la investigación llega a dilucidar hasta qué punto el partido estaba enterado o interesó el espionaje a Bárcenas. Porque esa es una de las dudas que todavía quedan pendientes por aclarar en esta causa: quién o quiénes dieron la orden de poner en marcha la operación Kitchenoperación Kitchen para obstaculizar la causa sobre la caja B.

El PP de Esperanza Aguirre

Las investigaciones sobre la contabilidad opaca del PP y la operación Kitchen son que más atención mediática reciben en lo que afecta al partido presidido por Pablo Casado, pero aún colean otras que también ponen en tela de duda actuaciones de exdirigentes conservadores como la Púnica o la Lezo, ambas igualmente radicadas en la Audiencia Nacional. En la primera se vieron afectados políticos de distinto signo, si bien una de las piezas indaga sobre la presunta existencia de una financiación ilegal en el PP de Madrid presidido por Esperanza Aguirre. La expresidenta está imputada junto con otros exdirigentes de su partido como Cristina Cifuentes o Francisco Granados. En cuanto a la segunda, el principal investigado es otro expresidente madrileño, Ignacio González, por las actividades irregulares en la gestión del Canal de Isabel II.

No son las únicas causas que han puesto el foco en la actuación del Gobierno madrileño del PP: recientemente, el exconsejero Alfredo Prada fue procesado por uno de los proyectos estrella de Aguirre, el Campus de la Justicia, al detectar el juez "notables irregularidades" en adjudicaciones para poner en marcha el recinto, del que al final sólo se construyó un edificio. Otra parte de la causa continúa abierta para indagar en la gestión posterior a Prada de la empresa encargada de poner en marcha el proyecto y que después estuvo dirigida por el también exconsejero y ex secretario general del PP Francisco Granados.

Granados es, precisamente, el principal imputado en Púnica, una macrocausa de corrupción que acumula más de una docena de piezas separadas y decenas de imputados, y ha sido uno de los políticos que más tiempo ha estado en prisión preventiva –más de dos años y medio– por numerosos delitos como blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude.

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Cifuentes y Camps

Otra de las investigadas en esta misma trama, Cristina Cifuentes, tiene también su propio frente judicial al margen de la Audiencia Nacional. En enero, se sentará en el banquillo para hacer frente a una acusación de falsedad en documento oficial en el llamado caso Máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid por el que la Fiscalía reclama para ella tres años y tres meses de prisión. La expresidenta sigue defendiendo que defendió el trabajo de fin de máster (TFM), pero otra de las acusadas, la exprofesora Cecilia Rosado, colaboró con la investigación y admitió la falsedad, por lo que la petición fiscal para ella se ha rebajado a 21 meses. En cuanto a los otros procesados, la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito también se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel, mientras que el exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, que dirigía el polémico máster, falleció en abril de 2019 en medio de la instrucción.

Y en la Audiencia Nacional aún queda pendiente de juicio otra de las piezas separadas del caso Gürtel, la de los supuestos amaños en la adjudicación de la Generalitat valenciana a la empresa de la trama Orange Market en la edición de Fitur del año 2009. El expresidente Francisco Camps se enfrenta a dos años y medio de cárcel por delitos de fraude y prevaricación administrativa. El juez instructor constató que existe "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market", la empresa de Gürtel que dirigía Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes.