Todo empezó el 8 de marzo. Ese domingo, Puri Prieto se encontró un cartel en la puerta de la residencia donde vivía su padre, Julián, desde que la inauguraron a finales del año 2014. Eran alrededor de las 16.30 o 17.00 horas de la tarde y la única persona que se encontraba en el acceso al centro era el vigilante de seguridad, que no supo dar respuesta a las preguntas que levantó el escueto comunicado que impedía el paso a la residencia. "Ponía que nadie podía volver a entrar y que se impedía el paso", recuerda desde el otro lado del teléfono. Horas antes, por la mañana, los familiares sí que pudieron visitar a sus residentes. Pero los que llegaron por la tarde se encontraron con ese cartel y con la ausencia de la dirección de la residencia. Así que llamaron a la Policía, que consiguió que una jefa de área saliera a intentar tranquilizar a los familiares explicando que era una orden y que había que cumplirla. Por motivos de seguridad y ante el avance del covid-19, el centro público Adolfo Suárez, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, permanecería con sus puertas cerradas hasta nuevo aviso.
Algunas personas, como Puri, no pudieron explicarles bien a sus familiares que no irían a visitarles por algo que no dependía de ellos. Y ahí empezó lo que tanto ella como Charo Viera, hija de Rosario, y Luz Cabello, hija de otro residente y vicepresidenta de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), califican de "calvario". La falta de información, dicen, ha sido constante. Familiares han interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Madrid por la "mala gestión" que ha su juicio ha llevado a cabo la dirección de este centro, en el que han fallecido casi medio centenar de ancianos.
Las residencias se han colocado como uno de los epicentros de la crisis sanitaria del coronavirus. Los mayores, considerados como la población de mayor riesgo, han sido los grandes afectados por la enfermedad. Sobre todo en las residencias, donde los trabajadores han denunciado en no pocas ocasiones no contar con los medios necesarios para evitar que un positivo entre los residentes acabe propagándose entre los demás y ponga en peligro la vida de todos. Todavía no se conoce el número exacto de las víctimas mortales que ha habido en los centros de mayores de toda España, pero sin duda se cuentan por millares. Por eso, admitió el ministro ante una pregunta de infoLibre, "va a haber que sacar muchas lecciones de esta pandemia" y "una de ellas probablemente sea la revisión de cómo esta funcionando todo este sector".
El día 9 de marzo, después de que varios familiares de residentes se encontraran con la noticia del cierre del centro, no recibieron noticias. Algunas personas como Puri intentaron contactar con la residencia, pero ni llamando "200 veces" conseguían nada porque "la centralita se bloqueaba". Otras, como Charo, prefirieron esperar. "Yo no llamaba por ayudar a los que estaban dentro, que tendrían bastante trabajo, y porque no me atrevía a que el auricular pasara de un residente a otro sin saber si se era desinfectado", cuenta. La situación mejoró el 12 de marzo. Ese día, cuando todavía el resto de España no había sido confinado en sus viviendas, los familiares empezaron a recibir correos electrónicos en los que se informaba de la situación general de todos los mayores. Los mensajes, recuerdan las tres familiares, eran positivos y optimistas. "Nos decían que estaban cuidando bien de ellos, que estaban bien y que confiáramos", rememora Luz. Además, comenzaron a enviar "vía Telegram", recuerda Charo, algunos vídeos donde se les veía a todos en el comedor. Unas imágenes que a ella, al menos, le generaban inquietud. "Me ponía nerviosa que estuvieran todos juntos y ver a algún auxiliar sin mascarilla o guantes", se queja. "Me parecía una irresponsabilidad", añade.
Pero dejaron de ver esas imágenes pasados algunos días, cuando los correos electrónicos empezaron a anunciar que ciertos residentes habían sido aislados del resto por seguridad. Pero no informaban de la existencia de ningún positivo. El día 25, recuerda Charo, comunicaron que las medidas de separación se habían endurecido y que ya no todos comían juntos en el comedor. "Ellos mismos se estaban dando cuenta del error", dice. Sin embargo, todavía no sabían si seguía sin haber contagiados. Ni mucho menos fallecidos. Hasta que un día la residencia les confirmó que había habido dos víctimas mortales. Y el 31 de marzo, recuerda Charo, que había cuatro positivos que habían sido aislados. Pero no sabían ni cómo, ni dónde. Más tarde se enteraron de que la Unidad Militar de Emergencias (UME), que había acudido a desinfectar el centro, les había ordenado mejorar el aislamiento. "Es decir, que no lo estaban haciendo bien", dice Charo. 48 horas después, el 2 de abril, dejaron de recibir los correos electrónicos.
infoLibre preguntó este lunes a la residencia sobre el motivo de la decisión, así como por los datos de contagiados y fallecidos, que todavía desconocen los familiares, y por las condiciones de aislamiento de los positivos y sintomáticos. Las preguntas fueron remitidas a la Agencia Madrileña de Atención Social (Amas) que, por su parte, envió la petición de información a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en el momento de publicación de este artículo, aun no se había recibido la respuesta. Por otro lado, este periódico también preguntó a la Consejería de Sanidad, que confirmó recibir la petición y tramitarla. Del mismo modo, todavía no hay respuesta.
Los familiares, por tanto, han tenido que intentar hacerse con esos datos a través de "la red" que han creado. "Calculamos que hay más de 40 fallecidos. Y todavía esto no ha terminado", dice Luz. "La residencia tiene 280 plazas y sabemos que no todas estaban cubiertas, así que creo que es una tasa de mortalidad muy alta", cuenta. Ella puede saber qué pasa dentro, hasta cierto punto, porque su padre dispone de teléfono móvil y puede decirle cómo está. Por el momento, Luz tiene que suponer que está con los residentes asintomáticos. Pero nadie se lo confirma.
Ese es uno de los cuatro grupos que tienen que tener las residencias en función la Orden 265/2020, cuyo plazo de ejecución finalizaba el pasado 22 de marzo. El objetivo era diferenciar a los residentes según su estado de salud para que un posible contagio no se expandiera. Además, también tenía como objetivo separar a los trabajadores, de tal manera que quienes trataran con positivos por covid-19 no acudieran después a atender a algún residente sano. Pero terminaron de hacer la clasificación, recuerda Luz, el 31 de marzo. "No nos han dejado entrar a los familiares para no contagiar y ha terminado habiendo positivos y fallecidos", lamenta.
La derivación de la residencia al hospital: "No procede, no procede"
Las historias que han vivido Puri y Charo tienen más similitudes que diferencias. El padre de Puri sufría problemas duodenales y, cada cierto tiempo, tenía que acudir al hospital. La última semana de marzo recibió una llamada en la que le comunicaron que había empeorado debido a ese problema, y ella solicitó su traslado al hospital. "Pero me dijeron que para hacer eso tenían que hablar primero con un geriatra que está en cada hospital de Madrid, al que exponen el caso, y él decide si trasladan o no al residente", recuerda. Y lo que se decidió era que no procedía la derivación. "Les dije que al menos le suministraran hierro, pero me dijeron que no se podía hacer ni eso ni analíticas. Me explicaban que lo tenían que autorizar y que lo denegaban todo", relata. "Me ofrecí a ir a ayudar pero me dijeron que no. Todo era 'no", lamenta.
Pocos días después le comunicaron que su padre había tenido un pico febril y que sufría dificultad respiratoria. "Insistí en que si tenía alguna posibilidad, era en un hospital", recuerda. Pero la respuesta siguió siendo la misma hasta que le comunicaron que, en 24 horas, se le haría la prueba PCR de detección del coronavirus. Si daba positivo, se le trasladaría. "Rogué que no esperaran un día más y poco después, me llamaron para decir que mi padre había fallecido", cuenta. "Imagina la rabia y la impotencia", dice. "Les han cerrado la puerta y no han tenido medios y no les podíamos sacar para ayudarles", lamenta.
Charo, cuando se enteró de que había cuatro positivos, preguntó si se trataba de trabajadores o de residentes, y si era de estos últimos pidió saber si habían sido aislados. Además, comunicó su deseo de sacar a Rosario de la residencia. "Pensaba vaciar la habitación de mi hijo, aislarla allí y apañarme como pudiera", explica. Pero no la respondieron. Insistió, por tanto, en una videollamada el día 1 de abril. "Me dijeron que lo tenía que autorizar la doctora. Pedí que se lo comunicaran y una respuesta urgente, pero tampoco me dijeron nada", recuerda.
Pasaron dos días. El 3 de abril tenía programada una videollamada con su madre a las 12.30 horas de la mañana, pero no llegó a producirse. No supo el motivo hasta esa noche. "Me dijeron que tenía fiebre y que saturaba por debajo del 90% y que la iban a aislar", cuenta. Hacía una semana había tenido un episodio similar que habían tomado como una enfermedad diferente al covid-19 y no habían seguido por ello, dice, con el aislamiento. "Yo ya me temí lo peor", confiesa. En ese momento volvieron las dificultades para conocer cómo evolucionaba su madre. "Llamaba 25 veces y no me atendían, al final pagas tu cabreo con la persona que te atiende y solo respondes así, con enfado", dice.
Pidió, al igual que Luz, que llevaran a su madre a un hospital, pero no lo hicieron. "Me dijeron que le pondrían medicación para que no sufriera", lamenta. Pero nunca lo supo a ciencia cierta. Tanto ella como Puri y como Luz denuncian que, al no poder comprobar nada, tienen que fiarse de lo que se les dice desde el otro lado del teléfono. "El Jueves Santo por la tarde me dijeron que saturaba peor y el viernes por la mañana me comunicaron que había fallecido", cuenta. "Ese mismo calvario es el que están sufriendo todos", lamenta. "Han actuado con soberbia y opacidad para esconder la miseria que tienen dentro. No lo están haciendo bien", critica.
Y denuncia igualmente el criterio de derivación de hospitales. Según publicó la Cadena Ser, se trata de un protocolo que introduce la figura del geriatra de enlace con los hospitales que, basándose en una escala del 1 al 10, valora si el residente en cuestión debe ser o no trasladado del centro.
Una falta de personal que viene de antes
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Luz, no obstante, quiere dejar claro que no culpa a los trabajadores y trabajadoras del centro de lo que está ocurriendo. Es más, indica que esta situación se ha visto agravada por una falta de personal que viene de antes. Y que corroboran Charo y Puri. Tal y como dicen, la atención nunca ha sido la suficiente. Y todo porque no hay manos suficientes. "Mis dos padres ingresaron en la residencia a finales de 2014. Y desde entonces, sufriendo", relata Luz. "Las ratios de personal había que mejorarlas y la comunicación también podía ser mejor", dice. Si eso ya era deficiente, con una pandemia se ha evidenciado todavía más.
Y varias empleadas lo admiten. Según informó Europa Press, algunas de ellas han reclamado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) porque "se acumulan los fallecimientos" en los últimos días. Una de ellas explicó a la agencia que solo el miércoles 1 de abril murieron nueve ancianos, la mayoría con síntomas de coronavirus, entre ellas una mujer con 65 años y trastorno mental. Además, hay otros 60 mayores aislados por el mismo motivo, pero no hay test para poder identificar quién realmente tiene la enfermedad. "Tampoco hay personal. Hay un montón de compañeras que están de baja y algunas ingresadas. Esto es un desastre, no nos da la vida y muchas se van a dar de baja voluntaria porque acaban destrozadas. Han denegado reducciones de jornada para cuidar a sus hijos u otras situaciones. Y así no pueden resistir mucho más", lamentó.
Al menos, confirmaron que ya cuentan con mascarillas FFP2, equipos de protección y buzos para atender a las personas aisladas. "Seguimos teniendo miedo, ha habido muchos fallecimientos y creemos que el aislamiento no se está haciendo bien. Por eso pedimos a la Delegación de Madrid o a la Comunidad que intervengan", concluyeron. De momento, en cambio, l situación sigue siendo la misma.