El "maltrato" a los mayores de la residencia Isabel la Católica, sancionada tres veces y gestionada por la empresa fundada por un acusado en 'Gürtel'

Cerca de la parada de Metro de Ventilla, al norte de la ciudad de Madrid, se encuentra la residencia de ancianos Isabel la Católica, pública de gestión privada por Aralia. Allí ingresó, hace ahora dos años, la madre de Maite Caballero. Desde entonces y hasta que el centro cerró sus puertas a principios de marzo, ella y sus dos hijas, todas enfermeras, acudían cada día a verla. "Íbamos cuatro días a la semana y los otros tres acudía una persona que teníamos contratada para ello", recuerda Maite desde el otro lado del teléfono. Siempre iban por la tarde para asegurarse de que había comido bien. Sin embargo, la llegada del covid-19 y el cierre de este tipo de centros impidieron, a principios de marzo, que siguieran haciéndolo. "Entonces mi madre quedó a su suerte", lamenta Maite. "Bueno, mi madre y todos los demás", añade. Ahora, dos meses después, ha vuelto a verla. Pero lejos de la residencia.

El día 23 de abril Maite recibió una llamada del centro en la que le informaron de que su madre tenía una úlcera en la zona externa del tobillo derecho y otra en el talón izquierdo que, según le dijeron, ya se estaba curando. "Les pedí por favor que me mandaran fotos de las heridas. Trabajo en geriatría y tengo compañeros que saben muy bien cómo curar unas úlceras", dice. Le llegaron el 7 de mayo. Después de verlas, el día 11, sacó a su madre de la residencia y la trasladó al hospital donde trabaja. "Al llegar, le quitamos los vendajes y descubrimos que tenía otra úlcera en la rodilla, otra en un juanete y otras dos necróticas en el pie. Están negras, el tejido está muerto", denuncia. Este diario ha recibido una de esas imágenes, concretamente la del tobillo de la madre de Maite, que se muestra pese a su extrema dureza para probar la crudeza de la descripción. 

Fotografía de las llagas de uno de los mayores de la residencia Isabel la Católica.

La madre de Maite tiene un deterioro cognitivo. "Tipo alzheimer", aclara su hija. No camina desde hace dos años, por lo que "siempre" está sentada. "Cuando la llevamos de un sitio a otro va en silla de ruedas", asegura. Por eso asegura que esas úlceras no han podido salirle sin haber estado semanas postrada en una cama de la que ni siquiera la han movido para cambiarla de postura. "Soy sanitaria, sé lo que digo", insiste Maite. Recuerda que el día 23 de marzo les comunicaron que aislarían a todos los residentes en la habitación. "Les dejaron en la cama sin moverlos. Esas llagas que tiene mi madre no surgen en un día, ni en tres, ni en cuatro", critica. "Salen en semanas", denuncia. 

La dirección del centro, en cambio, informa a infoLibre de que actualmente "solo existen dos pacientes que permanezcan en sus habitaciones, ambos por prescripción médica". Añaden, además, que "los cambios posturales se realizan conforme a la diaria prescripción facultativa". "Dichos cambios posturales son todos inscritos en el obligatorio registro de cambios posturales que se lleva en la residencia y que se encuentra a disposición de la Comunidad de Madrid, siendo una obligación de ineludible cumplimiento. Tampoco tenemos constancia de la aparición de tales úlceras; no obstante, en determinadas ocasiones, con frecuencia, la aparición de tales úlceras obedece a otras patologías preexistentes que nada tienen que ver con los cambios posturales", defienden. 

Laura Basalo es la hija de otra residente que, precisamente, también va a cumplir dos años en el centro Isabel la Católica. Ella todavía continúa allí, así que el temor de Laura es que su madre se encuentre en la misma situación que la de Maite. Es solo un temor, puesto que no sabe nada con exactitud. "Sé que mi madre ha dado positivo en covid-19, me dicen que está bien y que no tiene síntomas, pero no sé qué creer", lamenta. Antes, al menos, podía verla a través de alguna videollamada, pero ya ni eso. "Siempre la veía en la cama y además en pijama. No sé si les han aseado, cambiado de ropa o movido de ahí", dice. En su caso, por ejemplo, se enteró de que su madre fue trasladada de su habitación en una de esas llamadas. El cuadro que había en la pared no se correspondía con el que ella solía ver. Al preguntarlo, se lo confirmaron, pero no tuvo noticias antes. 

Esa ha sido, según denuncia Laura, la constante. Cuando cerró el centro, las llamadas solían quedarse sin respuesta. "Estábamos desesperados. Solo nos llamaban cuando tenían fiebre o directamente para decir que el familiar de alguien había fallecido", lamenta. Desde la dirección del centro, en cambio, defienden que "se realiza comunicación diaria con los familiares de los residentes, remitiendo la información médica y también diariamente el equipo técnico realiza llamadas o videollamadas cuando su situación lo permite".

Según los datos oficiales del 30 de marzo a los que ha tenido acceso infoLibre, en aquel entonces había 27 fallecidos. El centro, no obstante, asegura que no puede actualizar esta información por respeto a la protección de datos. Asegura, no obstante, que remite diariamente estos datos a la Comunidad de Madrid. 

Querella contra su director, Ayuso y Ruiz Escudero

Las residencias de mayores han sido, desde el inicio de la crisis sanitaria, el foco más golpeado por el coronavirus. La alta concentración de personas mayores, las más vulnerables al SARS-CoV-2, provoca que las consecuencias de un contagio descontrolado sean mucho peores. Pero no todo es el factor suerte. Las quejas de los familiares de distintos centros han sido una constante. La mala gestión de ciertas residencias han llegado, incluso, a ser objeto de investigaciones. Tanto es así, que el último recuento ofrecido por la Fiscalía General del Estado este martes arroja que un total de 17 juzgados de toda España tienen abiertas ya causas penales para determinar si hubo irregularidades relacionadas con la gestión de la pandemia. Seis de esos juzgados están en Madrid. Pero hay más. El Ministerio Público ha abierto cerca de 140 diligencias penales que aun no han sido judicializadas. De ellas, 65 se localizan en centros madrileños. En cuanto a las actuaciones civiles en defensa de la protección de derechos, que se han tramitado como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales o diligencias informativas civiles, se han registrado un total de 202 actuaciones, de las cuáles 185 siguen en trámite y 16 han sido archivadas, según ha informado la Fiscalía. 

Según los datos proporcionados por las distintas comunidades autónomas, los ancianos residentes en centros de mayores que han fallecido con covid-19 o con síntomas compatibles a la enfermedad ya son 17.866. La mayoría de fallecimientos han tenido lugar en centros de Madrid, donde se han notificado 5.846 muertes, el 66,7% del total de fallecidos en la región. 

En este contexto, familiares de residentes, agrupados en la Marea de Residencias, presentaron este lunes una querella criminal colectiva con 26 querellantes. Lo hicieron en los Juzgados de Plaza de Castilla y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias con fallecidos o personas mal atendidas durante la pandemia. Uno de esos directores es, precisamente, el del centro Isabel la Católica. 

Lo que se pide en la querella, a la que ha tenido acceso este diario, es que tanto Ayuso, como Ruiz Escudero y como los directores de todas las residencias sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. 

Objeto de tres sanciones anteriores: una grave y dos leves

Tanto Maite como Laura han denunciado la gestión que ha habido durante la pandemia. Pero ambas señalan que las quejas no son nuevas. Las dos apuntan a que sus madres han sufrido frecuentes infecciones de orina y que su bajada de peso desde que ingresaron ha sido considerable. "Mi madre nunca antes había tenido problemas, empezaron cuando llegó" al centro, lamenta Laura. "Esto no viene de ahora", añade Maite. "Si íbamos todos los días era por algo. No sé cuántas reclamaciones he puesto", dice. ¿Por qué motivos? "Por todos los que se puedan imaginar. Le daban una medicación que no le correspondía, me la encontraba sucia, ha tenido 20 infecciones de orina que han requerido ingreso, hay falta de personal...", relata. 

Las quejas que ambas cuentan desde el otro lado del teléfono, además, quedan avaladas de manera oficial. La residencia Isabel la Católica ya había sido sancionada por la Comunidad de Madrid en tres ocasiones. Todas antes de que comenzara la crisis sanitaria. Según informa a infoLibre la Consejería de Políticas Sociales —que hasta el 27 de marzo tenía la competencia de estos centros, ahora en manos de Sanidad—, "en 2019 se impusieron tres penalidades —es decir, "multas económicas que desde la Dirección General de Atención al Mayor se imponen a las residencias que incumplen el contrato", explican las mismas fuentes— a esta residencia". Una de ellas fue grave, "por falta de personal de atención directa". Las otras dos, leves, "por no registrar las incidencias diarias que ocurren en la residencia en el sistema". La dirección del centro dice, por su parte, que actualmente "no existe ninguna sanción firme" y que "no ha sido objeto de sanciones".

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La residencia Isabel la Católica es de la Comunidad de Madrid, pero su gestión pertenece a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios SA. Esa compañía fue fundada en 1993 por por José Luis Ulibarri, que actualmente se encuentra pendiente de juicio por partida doble en dos piezas del caso Gürtel –la llamada principal, donde se juzgarán comisiones ilegales y fraude a Hacienda; y la de los supuestos desmanes de la trama en el municipio madrileño de Boadilla. No solo eso. Además, Ulibarri es también el principal imputado en otro caso de corrupción focalizado en Castilla y León –Enredadera–, donde se erige en uno de los empresarios más poderosos. Tras cesar como presidente en 2009, al frente de Aralia se sitúan ahora dos miembros de su familia.

La gestión de Aralia no solo es cuestionada en el centro Isabel la Católica. Tal y como publicó este diario, la compañía de Ulibarri tuvo que enfrentarse a una multa de 16.383 euros que el Gobierno regional le había impuesto en julio de 2015 por las faltas de "especial gravedad" detectadas en su residencia de mayores del madrileño Ensanche de Vallecas. Ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM),para ahorrarse el pago, la empresa aseguró que el hecho de que un baño de uso común esté "muy sucio", que el suelo de la cocina muestre una "falta de limpieza y dejadez absoluta", que en la sala de estancia del centro de día anexo haya "esputos de los propios usuarios", que las mesas, de nuevo "sucias", exhiban restos de alimentos secos o que se perciba "un fuerte olor" en algunas de las habitaciones no tenían "entidad suficiente para ser consideradas incumplimientos contractuales". La sanción a Aralia por lo sucedido en el centro de Vallecas fue confirmada por el TSJM en julio de 2019.

En febrero, antes de que la pandemia sumergiera al país en una crisis sanitaria, económica y vital de consecuencias todavía impredecibles, el diario El País publicó que Aralia se enfrentaba al primer expediente de sanción en la Comunidad para retirarle a una empresa la gestión de tres centros públicos de la tercera edad: el citado del Ensanche de Vallecas, el de Peñuelas (en el distrito capitalino de Arganzuela) y la residencia que posee en Leganés.