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Una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de Telemadrid entre 2008 y 2015 detectó "gastos sin procedimiento contractual" por 3.343.149 euros a lo largo de los tres años en que José Antonio Sánchez, ahora recién nombrado "administrador provisional" de la cadena, ostentaba el cargo de director general: de julio de 2011 a octubre de 2014. Aprobado en enero de 2019 por el organismo fiscalizador madrileño, donde los consejeros elegidos a propuesta del PP suman mayoría, el informe cifra en 8,88 millones los gastos que en los ocho años fiscalizados (2008-2015) se encuadraron en esa categoría. Esto es, aquellos gastos que se abordaban sin una tramitación previa ajustada a la norma sobre contratos públicos. "No constaban –dice el informe– en la relación de contratos entregada [a los auditores] porque no se habían tramitado a través del procedimiento contractual correspondiente. Sólo consta de los mismos o su aprobación por el órgano correspondiente, o bien su alta en contabilidad a través de un número de pedido llevando anexas las facturas dentro de SAP [el sistema informático]".
En conversación telefónica con infoLibre, Tomás Morales, director financiero de Telemadrid —en la actualidad y cuando tuvieron lugar los hechos—, explicó que bajo ese epígrafe se pagaron “determinados supuestos de gasto” que necesitaban “inmediatez”. Nada “fuera de lo normal”, ni “comidas ni viajes”, remarcó. Se trataba, según Morales, de compras de grabadoras, grúas o mezcladores de audio digital, en ocasiones para sustituir urgentemente equipos que habían dejado de funcionar y era necesario sustituir de manera rápida. Estas explicaciones, subrayó Morales, fueron remitidas en su día a la Cámara de Cuentas en forma de alegaciones. Pero el informe sí habla de viajes al abordar estos gastos poco comunes. Y en lo que concierne al mandato de José Antonio Sánchez los cuantifica, solo en 2012, en 185.211 euros. En total, la cifra por ese concepto asciende a 1,89 millones a lo largo de los ocho ejercicios fiscalizados.
La "defensa jurídica" de Sánchez, en la lista
Pero los datos que ofrece el informe destapan que además de grabadoras, grúas y mezcladores de audio digital los gastos al margen de procedimientos reglados se extendieron a otras categorías. Por ejemplo, durante el trienio de Sánchez como director general, se abonaron así 116.000 euros en noviembre de 2011 por "seguimiento de caravana electoral". O 60.000 el 20 de diciembre de ese año para "suministro de prensa ejercicio 2012". O 211.522 euros por "asesoramiento laboral" entre diciembre de 2012 y enero de 2013, meses de arranque del ERE que culminó con el despido de 829 trabajadores –tres de cada cuatro trabajadores– y que el Tribunal Supremo declaró en 2014 improcedente.
Los ejemplos no acaban ahí. Hubo un tercer pago de 50.000 euros en mayo de 2014 para asesoramiento laboral. Otro de asesoramiento jurídico prestado desde julio de 2013 a febrero de 2014 por 54.284 euros. E incluso la "defensa jurídica" de José Antonio Sánchez se cubrió con un pago total de 40.000 euros que en las actas donde lo localizó la Cámara de Cuentas aparece fechado el 13 de marzo de 2015, cuando el defendido ya presidía RTVE por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. Este periódico preguntó a Morales por qué ese pago se consideró de urgencia. El director financiero de la cadena respondió así: "Corresponde a los gastos por la querella puesta en esa fecha, por un sindicato contra el director general en relación con el ERE. La querella es un procedimiento jurídico diferente del ERE y por lo tanto se resuelve en instancia diferente".
Las alegaciones a que alude Morales fueron formuladas en noviembre de 2018. Y según algunas fuentes, iban firmadas no por el entonces director general de Telemadrid, José Pablo Lozano, sino por el mismo José Antonio Sánchez que acaba de regresar al poder de Telemadrid para un mandato oficialmente "provisional" que se anticipa largo. Tales alegaciones no han podido ser analizadas por infoLibre. Este periódico se las solicitó a Morales pero aún no se las ha facilitado. No obstante, queda fuera de duda que, sea cual sea su contenido, carecieron de efecto al menos, en lo que respecta a los "gastos sin procedimiento contractual": porque, de lo contrario, el informe no diría lo que dice.
Gastos por agencia de viajes sin "soporte contractual"
Entre las 132 páginas de la fiscalización de la Cámara de Cuentas figuran dos tablas que, con fecha exacta, concepto del servicio o suministro e importe de la adjudicación enumeran los pagos de esa clase realizados entre 2008 y 2015. La primera tabla concentra los detectados "en las actas del comité de compras", un órgano interno, ajeno a las mesas de contratación e integrado por directivos.
La segunda tabla se limita a los gastos que los técnicos encontraron "en el informe de compras (SAP)" y todos ellos eran relativos a viajes: 1.897.294 euros en los cinco primeros años del periodo examinado. Solo en 2008, la cuantía total se colocó en 839.572,32 euros. El desglose de datos acometido por este periódico indica que en 2012, primer ejercicio completo de Sánchez como director general, ese gasto concreto se situó en 185.211,28 euros. Y a partir de ahí, desaparecieron del mapa.
El apartado sobre los gastos sin procedimiento contractual dedica de hecho un párrafo a los viajes. Y lo hace para lanzar un aviso inequívoco: "Además del análisis de los Informes de compras obtenidos a través de SAP, se han detectado gastos asociados a agencia de viajes que carecen de soporte contractual". Cuál era esa agencia no se especifica.
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El párrafo acaba con otra afirmación que pone el dedo en la llaga de cómo se manejaban ciertas adjudicaciones entre 2008 y 2015: "El detalle de las empresas que han superado el límite del contrato menor en cada ejercicio ascendió al menos a un importe de 1.897.296 euros". ¿Indica la coincidencia de cifras con la de los viajes que la extralimitación en cuanto al límite de los contratos menores se produjo siempre en esa área? No se sabe. El informe no aporta más datos.
A diferencia de lo que sucede en otros capítulos del informe de fiscalización, ambas tablas permiten acotar qué ocurrió bajo el mandato de José Antonio Sánchez. Y verificar bajo qué concepto se hacía cada pago. "La ejecución de todos estos gastos –expone Tomás Morales– fueron verificados por el equipo fiscalizador de la Cámara de Cuentas, sin que detectara ninguna incidencia económica o de falta de documentación en los expedientes". Y por ese motivo, argumenta, el organismo fiscalizador no incluyó "ninguna recomendación al respecto en el apartado de Conclusiones y Recomendaciones de su informe". Pero lo cierto es que las conclusiones de la auditoría incorporan lo siguiente: "Se han detectado una serie de gastos que no se habían tramitado a través del procedimiento contractual correspondiente". E incluyen estas dos recomendaciones: "Dentro de su sistema contable, debería existir un nexo de unión entre la tramitación y adjudicación del expediente y la ejecución del contrato, que permita conocer toda la vida del expediente y seguir su evolución hasta su extinción"; y "deberían establecerse mecanismos de control de la contratación directa por razón de la cuantía".
En apoyo de que nada irregular hubo en esos 8,88 millones de euros en "gastos sin procedimiento contractual", Morales recalca que el apartado de Conclusiones del informe de la Cámara de Cuenta señala que “la opinión de los informes de auditoría externa de la sociedad, relativos a cada uno de los ejercicios, fueron favorables en todos los casos". El directivo de Telemadrid agrega que el auditor externo "verifica anualmente tanto los estados financieros de la sociedad como el sistema de control interno de la sociedad, no habiendo detectado ninguna debilidad del mismo en todos los ejercicios auditados y fiscalizados".
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