Un informe emitido el pasado 25 de julio por la Cámara de Cuentas de Madrid ha venido a reforzar las sospechas de juego sucio en uno de los mayores contratos de publicidad que investiga la Audiencia Nacional dentro de la Operación Púnica. Relativo al Canal de Isabel II, el dictamen del órgano fiscalizador concluye que la empresa de aguas adjudicó en enero de 2014 a una misma compañía –Arena Media, del grupo Havas– 5,56 millones por una amalgama de servicios publicitarios que se agruparon sin que nadie explicase el porqué, lo que lesionó el principio de transparencia. Y que se cuantificaron en un importe multimillonario (4,6 millones sin IVA) sin que tampoco nadie se molestara en dejar en el expediente administrativo una sola pista de cómo se había alcanzado esa cifra.
¿Es este uno de los contratos públicos que, supuestamente, utilizó la Comunidad de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González para financiar campañas del PP? El interrogante sigue hoy abierto, pero es justamente el que alimenta la investigación judicial sobre la millonaria adjudicación del contrato bautizado como de "Servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión SA". El contrato, de 15 meses de duración e "incorrectamente" prorrogado –denuncia la Cámara–, se extendió hasta 2015. Su ejecución coincidió por tanto con dos años electorales: 2014, en que se celebraron comicios europeos; y 2015, en que hubo elecciones autonómicas y municipales en mayo y, finalmente, generales en diciembre.
Como desveló infoLibre, el expediente administrativo lleva desde el otoño de 2016 en manos de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF). En el escrito con el que reclamó la documentación del contrato, la OLAF hizo constar que "posiblemente" se había cofinanciado con dinero europeo.
Ante el juez del caso, el que en 2014 era director general de Arena Media, David Colomer, ya admitió como testigo que ignora "si tiene sentido" que un gobierno dedique una partida de semejante envergadura a propaganda mediática sobre el uso racional del agua.
Cuando el magistrado le interpeló sobre por qué el Ejecutivo regional había externalizado la tarea de insertar anuncios en lugar de encomendársela a su Dirección General de Medios, el testigo respondió así: "Buena pregunta".
El ejecutivo negó no obstante que los fondos se hubieran usado para financiar al PP. Y descartó que parte de los trabajos hubieran sido subcontratados a Alejandro de Pedro, el experto en reputación online que, según la investigación, lavó en internet la imagen de diversos dirigentes del PP con cargo a contratos públicos de teórica índole institucional .
Expertos en publicidad consultados en su día por este periódico explicaron que cuando una central de medios contrata publicidad a gran escala en periódicos, radios o televisiones, suele obtener espacios gratuitos en esos mismos medios. Y esos espacios puede dedicarlos, si quiere, a insertar anuncios de sus clientes prioritarios.
El mensaje del conseguidor Alejandro de Pedro
El porqué de las preguntas que tanto la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) como el juez formularon al exdirector general de Arena Media sobre Alejandro de Pedro tiene su explicación en las conversaciones interceptadas en la Operación Púnica. En uno de los sms cruzados entre el empresario y la que durante la etapa de Aguirre y González fue directora general de Comunicación, Isabel Gallego, constata que De Pedro le pidió que le transmitiera un mensaje a Salvador Victoria, en 2014 número dos del Gobierno de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, apenas dos semanas después de que Arena Media hubiese obtenido el contrato.
El mensaje decía literalmente esto: "Isa solo una cosa me imagino que estarás en la asamblea [de Madrid]. Podrías decirle a salva si puede desayunar conmigo, sé q han adjudicado el tema pero yo sigo igual, sin noticias. Quería q me pusiera ya la reunión con arena".
El exdirector de Arena confirmó en su declaración que se había reunido con Salvador Victoria antes de que la adjudicación se formalizara. Pero le restó importancia al asunto: Victoria quería conocer la empresa para saber simplemente cómo había podido hacer una oferta que Colomer vino a definir como muy buena.
Pero si los investigadores de Púnica ya albergaban dudas sobre el objetivo real de ese contrato, el informe de la Cámara de Cuentas madrileña desgrana ahora los puntos que oscurecen esa adjudicación. Constituye, dice el documento [pincha aquí y ve a la página 270 del pdf], "un ejemplo de la falta de determinación precisa y de justificación adecuada de la naturaleza y extensión de las necesidades que el contrato iba a atender".
Las "carencias del somero informe de necesidad e idoneidad" –añade el informe– impiden "conocer las razones por las que un conjunto de prestaciones heterogéneas se agrupan en un solo contrato frente a la situación anterior y a la posterior". Es decir, que ni antes se había seguido ese método ni después volvió a aplicarse.
El órgano fiscalizador cita, aplicando su contenido a este caso, una Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (RTACRC) que dispara al núcleo del problema: "La amalgama de tan distintas prestaciones, la indefinición deben llevarnos a concluir que efectivamente se vulnera el principio de transparencia".
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Pero hay más aún. Al abordar el aspecto de la cuantificación del contrato, la Cámara dice esto: "El expediente declara en diversos de sus trámites que el presupuesto máximo de licitación es de 4.600.000 euros (IVA excluido) pero carece de cuaqluier justificación o explicación de cómo ha llegado a determinarse dicha cantidad o de su adecuación a las necesidades previstas, al objeto del contrato, a la duración del mismo o al mercado".
El colofón final del informe se refiere a la duración del contrato. El pliego de condiciones, recuerda la Cámara, "declaraba expresamente que el plazo de ejecución del contrato era de 15 meses y que no era procedente la prórroga del mismo". Pese a ello, "el órgano de contratación aprobó incorrectamente la prórroga del contrato".
Un informe emitido el pasado 25 de julio por la Cámara de Cuentas de Madrid ha venido a reforzar las sospechas de juego sucio en uno de los mayores contratos de publicidad que investiga la Audiencia Nacional dentro de la Operación Púnica. Relativo al Canal de Isabel II, el dictamen del órgano fiscalizador concluye que la empresa de aguas adjudicó en enero de 2014 a una misma compañía –Arena Media, del grupo Havas– 5,56 millones por una amalgama de servicios publicitarios que se agruparon sin que nadie explicase el porqué, lo que lesionó el principio de transparencia. Y que se cuantificaron en un importe multimillonario (4,6 millones sin IVA) sin que tampoco nadie se molestara en dejar en el expediente administrativo una sola pista de cómo se había alcanzado esa cifra.