El Gobierno andaluz de PP y Cs acaba de reforzar el vínculo del sistema sanitario público con el grupo privado Hospitales Pascual, del que la Junta ya depende para poder dar servicio a más de 250.000 personas en la provincia de Cádiz. Un cambio de funcionamiento en la forma de asignar citas facilita la derivación de pacientes atendidos en centros de atención primaria de Cádiz a hospitales de dicho grupo, justo a las puertas de un previsible aluvión de demanda de especialistas tras el frenazo de la actividad no urgente durante la crisis sanitaria.
La Consejería de Salud y Familias (PP) señala que se trata de una medida sin coste económico, acordada por el anterior Gobierno del PSOE y la empresa en el concierto en 2017 y que permitirá reducir "burocracia" y ejercer un "mayor control" sobre la empresa. Marea Blanca denuncia que ahora se convierte en "obligatoria" la derivación de pacientes a especialistas de Pascual, cosa que Salud niega invocando el principio de "libertad de elección". Uno de los alcaldes de los municipios afectados, Trebujena, anuncia movilizaciones contra el cambio. Adelante Andalucía afirma que la sanidad pública se hace más dependiente de la privada y teme que se allane el terreno para un nuevo contrato "multimillonario" en 2021 que sustituya el actual, de más de 380 millones por cuatro años.
"Indicaciones" de la consejería
La modificación se ha realizado mediante unas "indicaciones" de Salud y Familias, concretamente de la Subdirección de Accesibilidad y Continuidad Asistencial. Dichas indicaciones señalan que, "con motivo de la implantación del módulo de citación [que es una parte del sistema informático de gestión de citas] en los centros privados-concertados dependientes de la empresa JM Pascual [José Manuel Pascual], estos centros van a convertirse próximamente en las áreas de referencia" para al menos 13 municipios de Cádiz a la hora de derivar pacientes a un total de 15 especialidades, entre ellas aparato digestivo, cardiología, hematología, medicina interna, neumología, obstetricia, pediatría, urología... [ver aquí el documento]. Ahora los centros de Pascual empiezan a aparecer en la herramienta informática de citación, donde antes no estaban, explica el departamento de Salud y Familias. Es la primera vez que se da acceso a hospitales privados al módulo de citación, explica Salud, que prevé incorporar otros en el futuro. El objetivo perseguido es la reducción de "burocracia" y un "mayor control" sobre los pacientes atendidos, añade la consejería.
La conversión de los hospitales de Pascual en "áreas de referencia" recogida en las "indicaciones" afecta a 24 centros de atención primaria de al menos 13 municipios de la provincia de Cádiz, donde este grupo tiene su mayor implantación hospitalaria. A dichos centros de atención primaria se les indica que ahora tienen como "áreas de referencia" de las especialidades señaladas uno de estos tres hospitales privados-concertados: Virgen del Camino en Sanlúcar de Barrameda, Santa María de El Puerto de Santa María y Virgen de las Montañas de Villamartín. En el directorio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) los 24 centros afectados por la medida tienen hospitales públicos como "áreas hospitalarias de referencia". Es decir, habría un cambio de "área de referencia". Según la Junta, sin embargo, no lo hay. El departamento de Salud y Familias asegura –pese a lo recogido en las "indicaciones"– que en realidad a lo que afecta el documento no es a las "áreas de referencia", sino a los "centros de referencia" y sólo en las especialidades referidas en el documento.
Junta: "Agilización de circuitos"
El cambio ha causado una importante convulsión, tanto en la provincia de Cádiz como en los sectores sanitarios más atentos a los movimientos organizativos de la Consejería de Salud y Familias. Hay dudas sobre su alcance. ¿Supone sólo la integración de Pascual en el sistema informático de gestión de las citas, con la consiguiente facilitación del acceso, o además un cambio en la forma en que se establecen las prioridades de derivación? El debate es intenso porque PP y Cs –así como Vox, su sostén parlamentario– son defensores de fórmulas liberalizadoras de los servicios públicos, lo que lleva a PSOE y Adelante Andalucía a acusarlos frecuentemente de perseguir una privatización sanitaria en la estela de comunidades como la de Madrid. Andalucía se encuentra actualmente entre las comunidades que menos dedican a conciertos, un 4,2% de su gasto sanitario público, con datos de 2018 [ver aquí información en detalle].
El departamento dirigido por Jesús Aguirre (PP) asegura que la medida supone una "agilización de circuitos, evitando que los pacientes transiten desde la atención primaria al hospital, y posteriormente, se los derive a uno de los centros contratados". Según esta explicación, se trata de hacer más fácil y menos farragoso el proceso. La implantación en el "módulo de citación" de los tres hospitales de Pascual pretende "minimizar el impacto de la burocracia en los tiempos de espera" y "no supone ningún impacto presupuestario", asegura Salud, que afirma que los pacientes de los municipios afectados "han venido recibiendo, por defecto, asistencia sanitaria especializada en aquellos [los centros de Pascual], sin perjuicio de su derecho de libre elección de centro".
Es, insiste Salud, "una reorganización de la herramienta informática" que está recogida en el contrato entre el SAS y la empresa para que "los pacientes se ahorren la burocracia que supone transitar de atención primaria al centro finalista y de este al centro contratado". Con este funcionamiento, señala el SAS, "la Administración puede acceder en tiempo real a la actividad que hace [Pascual], en lugar de avenirse a la que declara que hace, como sucedía con las aplicaciones con las que, hasta la fecha, se venía contando". La Junta recalca que el contrato funciona como una especie de tarifa plana, por lo que Pascual no cobra más si recibe más pacientes.
Voces en contra
Hay otras interpretaciones de la medida. El alcalde de Trebujena (Cádiz, 7.000 habitantes), Jorge Rodríguez, de Izquierda Unida, ha denunciado que en su municipio el "centro de referencia" venía siendo el Hospital de Jerez de la Frontera (público) y ahora pasa a ser el de Sanlúcar de Barrameda (privado). "La consejería ha dado instrucciones para que, en vez de seguir manteniendo nuestro centro de referencia en el Hospital de Jerez, donde los pacientes son derivados, las derivaciones se hagan a Pascual", denuncia en un vídeo colgado en su cuenta de Facebook. Pone un ejemplo: "Aquellas embarazadas que tengáis las pruebas rutinarias durante el embarazo, os van a mandar a Pascual". Y añade: "Esto va a significar un antes y un después en los servicios públicos esenciales". A su juicio, se produce una "privatización" de servicios sanitarios. Rodríguez advierte de que convocará movilizaciones cuando lo permita la evolución de la crisis sanitaria.
Marea Blanca Gaditana, una organización en defensa del sistema público, valora así la medida: "La traducción real es la restricción de la toma de decisión con respecto a su salud por parte de los ciudadanos afectados. Hasta ahora, los ciudadanos de estas zonas, ante el hecho de tener que ser atendidos por una dolencia, podían decidir, junto con su médico de atención primaria, libremente y directamente, acudir al hospital público de referencia de su área (Hospital de Jerez, Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Hospital de Puerto Real). Este derecho desaparece ahora, siendo obligatorio el ser visto en los centros de Pascual. Estos centros son los que decidirán. Como es sabido, los centros privados actúan según beneficios, seleccionando a aquellos pacientes con patologías rentables, asumiéndolos, y derivando las patologías complejas y costosas al sector público. Esta medida conduce a un claro uso de fondos públicos para aumentar las ganancias de la empresa Pascual en este momento".
Según Marea Sanitaria, el papel como "farmacia hospitalaria" de los centros de Pascual, también recogido en las indicaciones, "puede dar lugar a colusión de intereses, al entrar en conexión dos intereses de beneficio privado (centros privado e industria farmacéutica), sin un adecuado control público". Este colectivo reclama la retirada de la medida y la adopción de otras para "acabar con la dependencia" de Pascual en Cádiz. El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas se ha adherido a esta posición de la Marea Blanca.
Profesionales sanitarios de la provincia de Cádiz consultados por infoLibre indican que el alcance exacto de la medida no está especificado al detalle y dependerá de su forma de implantación, pero coinciden en que hay un reforzamiento de la posición de Pascual y una mayor dependencia de la Junta de los hospitales de la empresa a partir de ahora. Las mismas fuentes coinciden en que sí hay un exceso de burocracia, como indica la Junta. "Hasta ahora la gestión de la cita se hacía por las unidades de atención al ciudadano [las conocidas como UAC] de cada centro. El médico te daba un documento y tú ibas al mostrador y entregabas el papel allí. Si la agenda del hospital público con el especialista estaba abierta, te daban cita. Si no, te decían 'te llamaremos'. ¿Qué va a pasar ahora? Es muy posible que directamente te llamen de Pascual", explica un sanitario, que afirma que, en efecto, ha habido problemas de burocracia, pero también teme efectos derivados de una falta de acceso de los hospitales de Pascual a las historias clínicas. "Puede haber duplicidades en las pruebas", señala.
Choques de la empresa y la Junta
Hospitales Pascual tiene una trayectoria controvertida. En 2018 la compañía fue multada por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía por aplicar "precios abusivos" al SAS. La multa fue recurrida y no ha habido sentencia, confirma la Junta de Andalucía. Este grupo hospitalario, que no ha atendido a los requerimientos informativos de este periódico, acaparaba en marzo de 2019 más del 60% del gasto público andaluz en conciertos hospitalarios [ver aquí información en detalle], una situación heredada de la etapa de gestión del PSOE.
Durante la pasada legislatura, con el PSOE en el Gobierno, la Junta reafirmó su ligazón con Pascual, a pesar de múltiples enfrentamientos por las condiciones y la forma de aplicar el contrato entre ambas partes, con la firma de un contrato que no expira hasta junio de 2021. Dicho contrato, de una duración de cuatro años (2017-2021) y una cuantía de 380,48 millones de euros (IVA exento), es el que enmarca la prestación sanitaria de Pascual en Cádiz a través de sus hospitales en El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Viillmartín. El concierto cubre la hospitalización, intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas a unas 260.000 personas, según la Junta.
Más de 380 millones entre 2017 y 2021
El acuerdo entre la Junta y Pascual prevé los siguientes pagos a la empresa:
– 2017: 55,48 millones.
– 2018, 2019 y 2020: 95,12 millones cada año.
– 2021: 39,63 millones.
La cuantía total es de más de 380 millones de euros. El segundo año de vigencia del contrato se acaba de liquidar, en una resolución publicada el 27 de abril. El contrato prevé un porcentaje máximo de variación al alza de hasta el 20%. Más que previsible, es casi inevitable que la Junta siga dependiendo de Pascual para prestar servicio en la provincia de Cádiz cuando expire el actual contrato. El diseño de la prestación sanitaria en Cádiz, durante la etapa del PSOE, se ha hecho sobre la base de la colaboración público-privada. Todo apunta a que la Junta y Pascual deberán firmar un nuevo contrato que sustituya al que expira en 2021, aunque es un extremo no confirmado oficialmente.
La parlamentaria de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto, portavoz adjunta del grupo, afirma que las indicaciones suponen “una operación para entregar las listas de espera" a Pascual y "empezar a preparar el relato que a buen seguro el año que viene desembocará en otro desembolso multimillonario en favor de esta empresa". La Consejería de Salud y Familias (PP) niega esta interpretación: "No parece que pueda reforzar la posición de negociación de una empresa el que la Administración pueda acceder en tiempo real a la actividad que hace", señala el departamento de Aguirre.
José Antonio Aparicio, dirigente del área sanitaria de CCOO, afirma que la medida supone "un reforzamiento más del modelo de conciertos" y que incrementa la "dependencia" de Pascual, cuando debería atenuarse. Poniendo el foco en el presente gobierno pero también en los anteriores, Aparicio lamenta que Pascual ha "determinado el modelo sanitario en Cádiz", no la Junta de Andalucía, y señala que ese camino, que a su juicio debería desandarse, continúa recorriéndose. El PSOE ha anunciado mociones contra la medida de la Junta en los ayuntamientos de la provincia de Cádiz.