La campaña Armas Bajo Control, impulsada por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, denuncia en un informe el riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional que reflejan determinadas exportaciones de armas españolas en 2015 y 2016.
El informe analiza las estadísticas oficiales de venta de armas en 2015 y 2016 e identifica exportaciones "preocupantes" de diversos tipos de armas en ese período a Arabia Saudí, Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Irak, Israel y Turquía, basándose en el riesgo sustancial de que puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional.
Las ONG destacan las exportaciones de armas a Arabia Saudí e Irak como ejemplo de la necesidad de que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore la evaluación de riesgo del uso de las armas contrario al derecho internacional.
Las ONG critican la exportación de municiones, granadas de mortero, diversos sistemas y equipos y aviones a Arabia Saudí por valor de más de 650 millones euros en este período pese al riesgo sustancial de que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en Yemen.
El otro caso destacado de riesgo de complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional es la exportación de municiones, granadas de mortero y vehículos blindados por valor de casi 140 millones euros a las fuerzas armadas de Irak "a pesar del deterioro de la situación de derechos humanos y al riesgo de desvío de las armas de modo que caigan en manos del Estado Islámico".
Las ONG proponen un decálogo de recomendaciones al Gobierno y al Congreso de los Diputados para potenciar la transparencia, el control de las exportaciones y el escrutinio parlamentario. Entre las recomendaciones de las ONG destaca la petición de que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados examine las actas de las licencias de armas a Arabia Saudí e Irak concedidas por la Junta Interministerial que regula el comercio de armas.
El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha defendido que "cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas".
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Y ha pedido al Gobierno que "no autorice ventas de armas a este país, incluido el posible contrato que la empresa pública Navantia está negociando para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, mientras exista un riesgo sustancial de que podrían emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío".
Mientras, el director de Oxfam Intermón, José María Vera, ha destacado la "catástrofe humanitaria" que ha provocado la guerra en Yemen y el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha pedido que las garantías de uso sean "reforzadas". "Nos surgen muchas dudas. Dado el pésimo historial saudí de uso de armas en Yemen con la comisión de presuntos crímenes de guerra, los informes sobre desvío de armas a grupos armados en Siria y la presencia de armas españolas en Yemen, se plantea una duda razonable, por lo que pedimos al Gobierno que deje de exportar armas a Irak y cese las ventas de armas a Arabia Saudí susceptibles de ser usadas en Yemen", ha reclamado.
Por su parte, Jordi Armadans, director de FundiPau, se pregunta cómo puede garantizar el Gobierno español que las armas exportadas a Irak "no se usarán para cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el conflicto armado interno iraquí" y apunta al riesgo de desvío y de que las armas caigan en manos del Estado Islámico (EI).
La campaña Armas Bajo Control, impulsada por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, denuncia en un informe el riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional que reflejan determinadas exportaciones de armas españolas en 2015 y 2016.