Campo no descarta modificaciones legales sobre okupación si no son suficientes las medidas de Fiscalía y Policía

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, considera que si las medidas contra el fenómeno de la okupación adoptadas tanto por Fiscalía General del Estado como por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para favorecer los desalojos no son suficientes "habrá que articular" cambios legales, si bien incide que este tipo de reformas deben ser abordadas con el "sosiego necesario", según informa Europa Press.

En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro señala que la instrucción hecha pública por la Fiscalía es un "acierto", al igual que las medidas que se están adoptando por la Policía, puesto que no puede negarse la existencia de un problema y una gran preocupación social a la que como ministro de Justicia tiene que ser sensible. "Pero no sería un buen ministro si no lo hiciera desde el sosiego necesario", añade.

A juicio de Campo, muchas veces no se trata de modificar los tipos penales, "que si hay que cambiarlos se cambiarán", sino de incidir en las medidas cautelares como el desalojo, que es lo que potencia la instrucción de la Fiscalía General del Estado, "que va a permitir una mejor y más rápida actuación por parte del poder judicial", ha añadido el ministro.

"Vamos a ver de una manera reposada todo esto, y si es suficiente, exploraremos, y si no lo es habrá que articular cambios, evidentemente, porque la obligación de todo Gobierno es llevar a una convivencia más serena, y no lo es cuando la gente está preocupada porque se le pueden meter en su casa", considera Campo.

Reforma sedición

Sobre la reforma de la sedición, el titular de Justicia ha reconocido que fue un compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate de su investidura, que él mismo como ministro reiteró en su comparecencia en el Congreso del pasado 17 de febrero: "La idea es presentarlo, pero no hay fecha exacta".

Campo niega que esta reforma tenga que ver con la negociación de los Presupuestos o constituya una concesión a la carta a intereses nacionalistas, al tratarse de "un compromiso muy previo" y que es reclamado de forma unánime por "la doctrina jurídico penal".

"Yo invito a quien tenga curiosidad en esta materia ir a ver cómo está regulado en Alemania, Italia o Francia, por citar tres países que son buenos referentes para nosotros", ha añadido.

Además, el ministro apunta que tampoco puede olvidarse lo que ocurrió con el juicio del procésprocés, a lo que se suma que la rebelión y la sedición son delitos que llevan sin tocarse doscientos años. "El derecho si algo hay que lo caracteriza es que es algo vivo, y por tanto tiene que adecuarse a las regulaciones actuales", considera Campo, que subraya que las conductas sancionadas en este caso son graves sin ninguna duda.

"Pero tenemos que fijarnos en ellos porque a lo mejor también, viendo esas orientaciones de estos delitos en otros países podremos entender esas respuestas que no siempre hemos entendido con facilidad", ha afirmado, en clara alusión a la negativa de Alemania a entregar al president huido Carles Puigdemont.

Abundando sobre este asunto, Campo ha señalado que antes no ha habido ningún motivo para reformar estos dos delitos porque se trata de tipos penales que no se han utilizado. "Pero cuando uno ve la regulación francesa, alemana o italiana se da cuenta de que tenemos que adecuar esas figuras más como delitos contra el orden públicos y menos como ataques directos a otras instituciones más altas, que sin duda hay que proteger, si bien regulando de una manera pormenorizada".

Así, la reforma del Código Penal, que irá acompañada de otras modificaciones además de la de los delitos de rebelión y sedición, se hará recorriendo todo el camino, recabando todos los informes que sean precisos y abriendo un debate parlamentario sobre la proporcionalidad de las condenas a aplicar.

"No cabe matar gorriones a cañonazos y sobre todo, cuando vemos que desde todos los ámbitos en los que nos movemos, sean doctrinales o de derecho comparado, nos están diciendo que eso necesita verse, porque es un tipo penal que no se toca desde hace doscientos años", ha insistido, para concluir finalmente que hay que tener en cuenta que "los códigos penales no resuelven problemas políticos".

Nuevo llamamiento al PP

En relación con la falta de acuerdo con el PP para renovar órganos constitucionales, el ministro Campo ha vuelto a realizar un llamamiento al partido liderado por Pablo Casado para que cumpla con la Constitución. "Había un acuerdo, sin entrar en porcentajes se puede decir tremendamente cerrado, casi solo faltaba hacerlo público, y se ha frustrado", ha lamentado el titular de Justicia.

Sobre los motivos alegados por el PP señala que han sido varios, un día es por la composición de la coalición de gobierno, otro día es por manifestaciones que han hecho miembros de uno de lo partidos que conforman el Gobierno, mientras que otro día son problemas internos, como los relacionados con la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo.

"No tengo claras las excusas que ponen, lo que sí tengo claro es su obligación constitucional —ha incidido Campo—. No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, y el PP ha sido un partido que ha llevado a gala serlo, y ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, porque con las instituciones no se juega y no es una cuestión de voluntariedad sino de obligatoriedad".

Finalmente, ha defendido el actual sistema de elección de los vocales, ya que los doce vocales de origen judicial son elegidos por las cámaras entre un grupo de designado previamente por la carrera judicial.

"Por tanto, que no se les llene la boca deslegitimando la forma de elección porque es una doble legitimación que creo que responde a los mejores parámetros de la democracia, y aún así podemos pulir el modelo ya eso nos comprometimos".

El delegado del Gobierno en Madrid afirma que no se está produciendo un aumento de las okupaciones en la región

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha anunciado que la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas abierta en 2016 por la Delegación retomará sus trabajos para luchar contra este problema, aunque ha apuntado que "con datos objetivos" no se está produciendo un aumento de este fenómeno en la región.

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Y es que según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, en la primera mitad de este año se contabilizaron 657 denuncias contra okupas en la Comunidad de Madrid. En toda España fueron 7.450 denuncias, 3.611 de ellas procedentes de Cataluña. Le sigue Andalucía, con 1.183 denuncias y luego ya llega Madrid.

Siguiendo estos datos, en una entrevista concedida a Europa Press, Franco ha añadido que en los primeros ocho meses de 2020, con respecto al año anterior, se han producido 16 okupaciones menos. Y con respecto a 2018, 83 okupaciones menos en la región.

"Pero es verdad que la sensación no es esa, se ha generado una sensación de inseguridad, no podemos negar la evidencia. Pero convendría matizar a quién pertenecen esas viviendas okupadas. Menos del 20% a particulares y aún así no se puede tolerar este hecho", ha señalado.