El Canal de Isabel II, durante una década feudo de Ignacio González y ahora bajo la lupa judicial en la Operación Lezo, pagó 408.990 euros a la auditora KPMG por dos asesorías que oficialmente no se tradujeron en ningún informe, y así lo han admitido portavoces de la empresa pública a preguntas de infoLibre. La alusión a unas supuestas "asesorías verbales" sin el menor rastro documental figura en la nueva denuncia que el jueves elevó la oposición madrileña en bloque a la Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia de PSOE, Podemos y Ciudadanos también subraya cómo el Canal contrató a una larga ristra de bufetes externos, que en total percibieron más de 11 milones. Entre ellos aparecen tres que, como empresa o a través de sus socios, han estado relacionados en algún momento con otras tantas personalidades del ámbito del PP: Esperanza Aguirre, el exministro José María Michavila y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
Que el Canal otorgó a KPMG el contrato para dos asesorías de las que no hay informe escrito –la primera, de 2014, por 292.990 euros; y la segunda, de 2015, por 116.000 euros– fue notificado hace dos meses por el Gobierno de Madrid al PSOE. La contestación llegó tras sendas peticiones de información en las que los socialistas requerían copia de los informes a que hubiera dado lugar cada uno de los dos contratos. En ambos casos la respuesta del Ejecutivo, a la que infoLibre ha tenido acceso, contiene una frase de redacción peculiar pero aparentemente inequívoca: "A tal efecto no hubo informe que diera lugar la ejecución del contrato". Portavoces oficiales del Canal corroboraron el viernes a este periódico que, en efecto, los trabajos de asesoramiento prestados por KPMG no originaron ningún informe final ni memorando de actuaciones.
La segunda asesoría, aquella por la que el Canal pagó 116.000 euros ya en 2016, tenía por objeto implantar un sistema de control y gestión de riesgos en dos filiales latinoamericanas del Canal, Triple A de Barranquilla (Colombia) y Emissao (Brasil). Las dos son filiales del Canal a través de su cabeza de puente en Latinoamérica, Inassa, cuya adquisición en 2001 también se investiga en la Operación Lezo. Emissao ocupa un lugar central en las pesquisas.
La ausencia de rastro documental en contratos de tal envergadura explica por qué el nuevo escrito sobre los puntos oscuros del Canal que la oposición madrileña ha entregado a Anticorrupción incorpora un párrafo donde los tres grupos –PSOE, Podemos y Ciudadanos– expresan sus sospechas sobre lo que definen como supuestas "asesorías verbales". Entregado el jueves, ese nuevo escrito implica una ampliación de la denuncia que los tres partidos ya presentaron en marzo.
Fuentes del Canal aseguraron el viernes a mediodía que, tras revisar las 600 peticiones de información formuladas por la diputada socialista Mercedes Gallizo, la mención a "asesorías verbales" solo puede aludir a esos dos informes de KPMG. Ante la insistencia de este diario sobre lo extraordinario que resulta que los trabajos desarrollados por una auditora de alto nivel como KPMG no quedasen plasmados en ningún papel, los portavoces de la empresa de aguas adujeron que si el PSOE consideraba "insuficiente" la información aportada podía haber solicitado amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid. infoLibre no logró contactar con ningún portavoz de KPMG.
Entre los anexos adjuntos a la nueva denuncia figura uno relativo a todos los contratos otorgados por el Canal y sus filiales desde 2010 tanto a KPMG Asesores como a KPMG Auditores y cuyos datos proceden del Gobierno regional. Solo los contratos con el Canal –es decir, sin contabilizar los adjudicados por sus filiales dentro y fuera de España– han reportado desde esa fecha a KPMG Auditores 2.876.618 euros desde 2010. La cifra de negocio que la empresa de aguas ha supuesto para KPMG Asesores asciende a 597.293 euros.
La auditora, una de las mayores a escala internacional, se ha situado en un lugar preeminente del escenario desde el estallido de la Operación Lezo. Porque una de las principales operaciones del Canal bajo sospecha es la compra de la empresa brasileña Emissao en noviembre de 2012. La transacción se articuló a través de una oscura compañía uruguaya ligada a Panamá. Y, según el juez Eloy Velasco, el Canal desembolsó un precio –21 millones de euros– muy superior al del valor real de Emissao. La compra se efectuó sin que mediara una tasación externa. Según fuentes del actual equipo del Canal, KPMG llegó a acometer la elaboración de una due diligence –valoración independiente– pero no llegó a finalizarla.
"Diagnóstico a alto nivel"
El primero de los dos contratos, ambos adjudicados a KPMG Auditores, fue el número 7 de 2014. Y quedó bautizado así: "Servicios profesionales para la implantación, mantenimiento, seguimiento y supervisión del sistema interno de control y gestión de riesgos". Según la respuesta parlamentaria ofrecida al PSOE el 8 de marzo, lo que KPMG hizo fue lo siguiente: "El adjudicatario, conforme a su experiencia y al conocimiento de la actividad financiera de Canal de Isabel II Gestión SA, adquirida en su condición de ser el auditor externo, asesoró al equipo de trabajo de Canal de Isabel II Gestión SA para cumplir con la nueva normativa, que, entre otras previsiones, hace especial incidencia en la definición, descripción, mantenimiento y revisión del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera" (SCIIF).
Es a renglón seguido cuando el Ejecutivo madrileño confirma la inexistencia de informe escrito: "A tal efecto no hubo informe que diera lugar la ejecución del contrato (sic), que consistió en el asesoramiento y asistencia al Canal de Isabel II Gestión" en varias parcelas. Las tareas desarrolladas, continúa la respuesta oficial, comprendieron desde la "actualización de la política SCIIF y el Manual de Organización del SCIIF" a un "diagnóstico de alto nivel de gobierno corporativo del cumplimiento de las recomendaciones propuestas en el Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas".
Respecto de la segunda asesoría, ejecutada en virtud del contrato 187/2015 y concerniente a Triple A de Barranquilla y Emissao, la respuesta del Gobierno esgrime como un leit motiv la ausencia de rastro documental: "A tal efecto no hubo informe que diera lugar la ejecución del contrato, el cual consistió en el asesoramiento y la asistencia a cada una de las sociedades respectivas para la implantación, seguimiento y supervisión del sistema interno de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información financiera (SCIIF) en Triple A de Barranquilla y Emissao SA". La implantación del SCIIF en Emissao –finaliza el texto– se llevará a cabo a lo largo del año 2017".
Más de 11 millones para abogados externos
Además de los anexos sobre los trabajos de consultoría pagados a KPMG, la denuncia adjunta la larga relación de asesorías jurídicas encargadas por el Canal y sus filiales a abogados externos desde 2003.
Entre los 40 bufetes que en ese periodo se repartieron 11,2 millones, desembolsados por la mayor empresa pública de Madrid, dotada de su propio departamento jurídico, figuran tres relacionados con destacadas personalidades del ámbito del PP: EIUS, al que durante años permaneció vinculado el exministro del PP José María Michavila al tiempo que ocupaba un escaño en el Congreso; Guió Abogados, capitaneado por el antiguo socio de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid; y Herrero y Asociados, una de las mayores agencias españolas de gestión de propiedad industrial y para la que, como desveló infoLibre, en 2014 prestó servicios como lobista el marido de Esperanza Aguirre.
De esos tres despachos fue Guió Abogados el que obtuvo mayores ingresos. Trabajó ininterrumpidamente para el Canal entre 2007 y 2016 –la respuesta parlamentaria que detalla los bufetes no ofrece datos del año en curso– y cobró por ello 1.110.052 euros. Su tarea: "Prestación de servicios externos de asesoramiento fiscal integral para la Dirección Financiera con independencia de los importes económicos de los asuntos sobre los que versa la prestación del servicio".
EIUS, con el que ya no colabora Michavila, recibió pagos del Canal en el periodo 2005-2009. Exactamente, 287.500 euros. Su misión oficial, según la respuesta del Gobierno: "Asesoramiento jurídico a Canal de Isabel II en materia de Derecho Público. Servicios de gestión de cobro".
El tercero de la lista, Herrero y Asociados (H&A), cobró 213788 euros en ocho años por servicios "en materia de gestión de marcas, patentes y propiedad industrial". Su colaboración con el Canal comenzó en 2006 y culminó en 2013. Al año siguiente, 2014, H&A se hizo con los servicios como lobista de Fernando Ramírez de Haro, el marido de Esperanza Aguirre. “Prestación de servicios en gestiones de asesoramientos en tareas comerciales y promocionales”. La expresidenta de Madrid y de la organización regional del PP tenía información puntual de las gestiones de su marido como lobista.
No consta que Fernando Ramírez de Haro tenga especiales conocimientos en temas de patentes o de propiedad industrial. Pero, de acuerdo con los datos obtenidos en 2015 por infoLibre, una de las cosas que más llaman la atención es el listado de clientes que H&A intentó captar gracias a las gestiones de Ramírez de Haro, ya que incluye organismos en los que participa directa o indirectamente la Comunidad de Madrid (como la Universidad Politécnica, Telemadrid o Ifema), empresas muy bien relacionadas con la cúpula del PP madrileño (Endesa, Talgo o Cadena Cope) y una sociedad de Enrique Cerezo, uno de los empresarios más beneficiados por los Gobiernos de Aguirre (la productora Video Mercury).
El Canal de Isabel II, durante una década feudo de Ignacio González y ahora bajo la lupa judicial en la Operación Lezo, pagó 408.990 euros a la auditora KPMG por dos asesorías que oficialmente no se tradujeron en ningún informe, y así lo han admitido portavoces de la empresa pública a preguntas de infoLibre. La alusión a unas supuestas "asesorías verbales" sin el menor rastro documental figura en la nueva denuncia que el jueves elevó la oposición madrileña en bloque a la Fiscalía Anticorrupción.