Ni el Tribunal Supremo es el único foco candente vinculado al refereréndum del 1-O ni los máximos pesos pesados de aquel Govern son los únicos afectados por la judicialización del procés. Más de un lustro después de la consulta, aún colean en Barcelona tres grandes causas relacionadas con el otoño caliente catalán, si bien sólo dos tienen perfectamente definidos ya los posibles delitos. Uno de ellos, quizá el más importante, es la malversación de caudales públicos. La reforma de este tipo para incluir una modalidad atenuada había generado ciertas esperanzas entre los procesados. Sin embargo, la interpretación hecha por el Alto Tribunal ha terminado por pinchar esa burbuja: emplear fondos públicos para un referéndum ilegal no tiene cabida en la modalidad de malversación suavizada.
La sombra de este tipo penal se extiende sobre cerca de una veintena de personas solo en las dos causas que están listas para ser llevadas a juicio, una en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la otra en el Juzgado de Instrucción número 13 de la Ciudad Condal. Algunos son empresarios de firmas como Unipost, T-Systems o El Vallenc. Otros, perfiles técnicos. Y al menos una docena ocuparon puestos de gran relevancia política dentro de la Generalitat, unos de la mano de Junts y otros junto a ERC. Fuera de esta lista quedan todos aquellos que se encuentran enredados en la causa centrada en la internacionalización del procés. Por el momento, esta parte, que se sigue en el Juzgado de Instrucción 18, se encuentra aún bajo investigación y no se han definido los delitos en un auto de procesamiento.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: la arquitectura del 1-O
1–Josep María Jové
Josep María Jové fue, durante el otoño caliente catalán, secretario general de Vicepresidencia y Economía y mano derecha de Oriol Junqueras. Pero su vinculación con la Generalitat viene de antes. Ya durante la etapa de José Montilla al frente del Govern ocupó el puesto de director de Políticas Sectoriales. Una carrera política en la que ha seguido profundizando tras el referéndum del 1-O. En estos últimos cinco años ha sido uno de los miembros de ERC que se han sentado en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central. Y actualmente ejerce como diputado en el Parlament, donde desempeña el cargo de presidente del Grupo de Esquerra Republicana.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mandó al banquillo a Jové por los delitos de desobediencia, prevaricación, revelación de secretos y malversación. En el auto de procesamiento, la magistrada instructora sostiene que el dirigente republicano "tuvo una participación activa en la preparación del referéndum". Desoyendo los mandatos del Constitucional, la resolución recalca que intervino "activamente" en la búsqueda de los locales para la consulta o que "conoció y autorizó" determinados gastos de cara al 1-O vinculados con campañas informativas o cartelería: "Los gastos pagados o comprometidos ascenderían, cuanto menos, a la suma de 2.166.661,13 euros".
2–Lluís Salvadó
Josep Lluís Salvadó, por su parte, era en aquella época secretario de Hacienda. Pero su hoja de servicios política arrancó mucho antes. A mediados de la década de los noventa fue alcalde de Sant Carles de la Ràpita. Luego, cambiaría la política municipal por la autonómica. Siempre de la mano de ERC, donde ha sido secretario de Organización. Ahora, es presidente del Puerto de Barcelona.
En el caso de Salvadó, el auto de procesamiento le sitúa tras el programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de tributos y cotizaciones "para controlar y contar con la máxima información" sobre los sujetos tributarios y cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos. Un programa con un coste para el erario público, según la magistrada instructora, de 1.226.089,12 euros. Además, le acusa también de acceder mediante un convenio suscrito con un ayuntamiento a los datos fiscales de los contribuyentes sin ningún "apoyo legal". Con estos elementos sobre la mesa, y después del pronunciamiento del Supremo, la Fiscalía tiene previsto atribuir tanto para Salvadó como a Jové una malversación agravada, con un castigo que puede llegar hasta los doce años de prisión.
Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona
3–Antoni Molons
Vinculado a Junts, Antoni Molons ocupó en el otoño independentista catalán el cargo de secretario de Difusión y Atención Ciudadana de Presidencia. Ahora, cinco años después, ejerce como gerente de Xarxa Audiovisual Local, empresa pública de la Diputación de Barcelona. En su caso, se encuentra procesado en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción número 13. El auto de procesamiento le atribuye, entre otras cuestiones, el encargo y autorización de la adjudicación urgente de la campaña Civisme, anuncios vinculados al referéndum que se colocaron en los medios públicos y por los que se emitieron distintas facturas. Entre ellas, según la instructora, dos al Departamento de Presidencia por importes de 93.179,56 euros y 184.624,65 euros –sin IVA–.
4–Joaquim Nin
Joaquim Nin era, en el momento de los hechos, secretario general de Presidencia. Ligado a Junts, cuenta con una extensa experiencia a nivel municipal, ejerciendo como alcalde en la localidad de Albinyana desde finales de los noventa. En la actualidad, ocupa también el cargo de secretario general de Universidades de la Generalitat.
La investigación seguida en el juzgado de la Ciudad Condal señaló al político por firmar el contrato marco al que se imputa el expediente relativo al anuncio "¿Sí o no?" con el que se promovía la inscripción de los catalanes con residencia en el extranjero, unos servicios por los que se generó, siempre según el relato de la instructora, una factura de poco más de 80.000 euros. Del mismo modo, se ponen sobre la mesa facturas emitidas por Unipost, la empresa a la que se encargó el reparto de papeletas y sobres del 1-O, contra varios departamentos de la Generalitat: 198.871 euros en el caso que afecta a Nin. Y se le responsabiliza también de autorizar la adquisición de varios dominios para páginas web del referéndum.
5–Josep Ginesta
Josep Ginesta era, en la órbita de ERC, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Su departamento fue otro sobre los que se repercutió el gasto vinculado con Unipost: 197.492 euros en su caso. Además, según el auto de procesamiento, el ahora secretario general de la patronal de las pymes en Cataluña –PIMEC– tuvo "una relevante participación" en los preparativos del referéndum. Y no solo "en la creación, desarrollo y puesta en funcionamiento" de la página Pacte Pel Referendum. "En el registro de su despacho se intervinieron documentos tales como 'propuesta de acuerdo hacia la independencia', 'anteproyecto para la creación de la agencia catalana de protección social", apunta la jueza instructora.
6–Jaume Clotet
Jaume Clotet, ligado a Junts, ocupaba el cargo de director de Comunicación del Govern de la Generalitat en el otoño de 2017. Tras su salida, pasó como asesor por el área de Cultura de la Diputación de Barcelona y terminó dirigiendo la comunicación de una universidad catalana. En su caso, la instrucción le señala por haber autorizado el pago de una factura relacionada con el diseño de la página web Pacte Pel Referéndum.
7–Francesc Sutrias
Francesc Sutrias, ex director general de Patrimonio y ahora secretario de Estrategia Territorial y Agenda Urbana de la Generalitat, también se encuentra en la lista de cargos políticos intermedios amenazados por la malversación. La instructora le atribuye una "implicación" de "gran relevancia" en la "planificación y preparación" del 1-O. Él fue, según el relato de la jueza, quien firmó la ampliación del contrato marco con Unipost al que se imputan la media decena de facturas emitidas por la empresa contra cinco departamentos del Ejecutivo catalán. Además, señala que "participó en la gestión para garantizar la presencia de observadores internacionales" durante la consulta.
8–Albert Royo
Fueron los observadores internacionales los que también acabaron situando a Albert Royo, ex secretario general de Diplocat, en el punto de mira del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. El referido patronato, sostiene el auto de procesamiento, era titular de dos tarjetas Diners Club Spain, cuyos pagos autorizaba Royo. Con cargo a las mismas, constan "diversos pagos en concepto de billetes de avión y alojamiento" a nombre de estos observadores y gastos relativos a "honorarios, desplazamientos, alojamientos y alquileres" de despachos de expertos en Barcelona "contratados para analizar el contexto político en el que se desarrolló el referéndum".
9 y 10–Aleix Villatoro y Amadeu Altafaj
Aleix Villatoro era en el momento de los hechos secretario general de Asuntos Exteriores de la Generalitat. Y, tras el referéndum, continuó con su carrera política de la mano de ERC: fue director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, volvió por unos meses a Acción Exterior y ahora desempeña sus funciones como director del Consejo Catalán del Deporte. En su caso, se encuentra bajo el foco por haber autorizado el expediente de contratación por un "valor estimado" de 167.065 euros con The Hague Center for Strategic. Lo hizo a propuesta de Altafaj, entonces director de la delegación de la Generalitat ante la UE, quien había planteado fichar un servicio de asesoramiento entre cuyos objetivos se encontrase "dar a conocer la voluntad democrática del pueblo de Cataluña a decidir su futuro".
La jueza instructura, además, señala que Villatoro "remitió un pendrive encriptado" con los datos relativos al registro de catalanes en el exterior, "datos que fueron usados, conjuntamente con los del registro de población de Cataluña, que facilitó Indescat, para la elaboración del censo electoral universal usado en el referéndum".
11–Xavier Puig
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En esa mirada internacional también tuvo protagonismo Xavier Puig, exdirector de área TIC del departamento de Acción Exterior. Según el auto de procesamiento, participó en la aplicación Registro de Catalanes en el Exterior y "fue elemento esencial en todos los aspectos relacionados con la misma", desde el desarrollo a la puesta en marcha en los plazos previstos o la supervisión del correcto funcionamiento.
12–Josue Sallent
Josue Sallent, por su parte, era director de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat. Su papel, según la instructora, "fue esencial" para la web referèndum.cat y en el sistema de alta de voluntarios. "El coste de la aplicación connecta't al voluntariat utilizada para el referéndum del 1-O fue de 107.223,42 euros y 26.095,32 euros, según facturación realizada al CTTI", recoge el auto de procesamiento.
Ni el Tribunal Supremo es el único foco candente vinculado al refereréndum del 1-O ni los máximos pesos pesados de aquel Govern son los únicos afectados por la judicialización del procés. Más de un lustro después de la consulta, aún colean en Barcelona tres grandes causas relacionadas con el otoño caliente catalán, si bien sólo dos tienen perfectamente definidos ya los posibles delitos. Uno de ellos, quizá el más importante, es la malversación de caudales públicos. La reforma de este tipo para incluir una modalidad atenuada había generado ciertas esperanzas entre los procesados. Sin embargo, la interpretación hecha por el Alto Tribunal ha terminado por pinchar esa burbuja: emplear fondos públicos para un referéndum ilegal no tiene cabida en la modalidad de malversación suavizada.