Tiempo. Un tiempo pegajoso, de tensa espera y letra de bolero. Es la máxima aspiración y a su vez castigo para Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón (PP), condenado a cuatro años de prisión por cuatro fraudes fiscales (entre 1999 y 2003) y a pagar una multa de cerca de 700.000 de euros y una indemnización a Hacienda por un cantidad similar. En la mañana de este miércoles está previsto que la Audiencia Provincial de Castellón le notifique su encierro y acto seguido decida si lo aplaza en base a la petición de indulto que el propio reo solicitó ante la Subdelegación del Gobierno el pasado 7 de agosto. 12 días después el Ministerio de Justicia remitió esta petición a la Audiencia, que debe facilitar tres días a las partes para que se pronuncien. El pliego con todos los informes particulares será remitido de nuevo a Justicia, quien redactará un documento final para ser leído en el Consejo de Ministros. Mientras tanto, la Audiencia de Castellón puede ordenar el encarcelamiento de Fabra, aunque esta medida no suele ser habitual.
En todo caso, un tiempo de manillas en retroceso que al viejo jerarca provincial le ha salido literalmente caro. Once años lleva pagando la minuta al letrado Javier Boix, penalista de referencia en el Partido Popular (libró a Francisco Camps en el conocido como caso de los trajes) y experto en hurgar entre los tendones del derecho procesal en busca de fallos y flojedades. Hasta 20 recursos presentó durante la fase de instrucción. Fabra aseguró el pasado 29 de agosto que el indulto es un idea de su abogado “para ganar tiempo al tiempo”. Es el último recurso de Boix, quien solicita amparo al Tribunal Constitucional en busca de la prescripción de los delitos fiscales.
Por su parte, Carlos Fabra, tras conocer en noviembre de 2013 la sentencia de la Audiencia Provincial, rechazó el indulto: “Confío en que la cárcel no me espere en una temporada larga”. Pero la sentencia firme del Tribunal Supremo a finales de julio ratificando la pena de prisión ablandó la moral del político. A principios de agosto, familiares y amigos, recogieron firmas pro indulto. El impreso, breve, de dos párrafos, destacaba: “Carlos Fabra es una persona honesta y trabajadora, que ha cumplido con sus compromisos, personales, sociales y laborales, y ha demostrado sobradamente su valía y buen hacer”. La iniciativa fue censurada por la cúpula del PP. Su substituto en la diputación, Javier Moliner, afirmó: “No cabe ni debe caber que políticos puedan indultar a políticos”. Y este lunes, el president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, aseguró que su excompañero “en ningún caso va a tener el respaldo del partido ni de las instituciones”.
Carlos Fabra: “Me he acogido a mi derecho constitucional, he pedido el indulto y la Audiencia resolverá”
A la cola
Con el indulto, Fabra se pone a la cola de políticos que buscan, con esta medida, alejarse del presidio. El precedente más sonado es el del expresidente de Balears, Jaume Matas, condenado a nueve meses de cárcel por corrupción, quien lo solicitó en diciembre de 2013 e ingresó en prisión el 27 de julio después que el 11 de julio el Gobierno se lo denegara. En aquel mismo consejo de ministros también se rehusó indultar a Pedro Hernández Mateo, exacalde de Torrevieja y exdiputado del PP, condenado a finales de octubre de 2013 a tres años de prisión por prevaricación y falsedad en documento público en la adjudicación de la recogida de basuras del municipio. El exedil pisó la celda este 31 de julio.
Este es el tiempo que baraja Carlos Fabra. Una moratoria de entre siete u ocho meses a la espera del recurso a la desesperada en el Constitucional y que su edad, 68 años, y un trasplante de hígado en 2010, influyan en el ánimo de los ministros. El “ciudadano ejemplar”, según Mariano Rajoy, o “Carlos Corazón de León”, en boca de Alberto Fabra, ha vivido su declive con un estrépito sordo. Tras la sentencia de la Audiencia Provincial, su imperio (fraguado en casi 20 años de clientelismo como presidente de la diputación) se ha volatilizado. Primero se dio de baja en el partido, después como secretario de la Cámara de Comercio y, obligado por las presiones políticas, renunció a su último galón: consejero de la Autoridad Portuaria. Desnudo y vacío, a Fabra solo le queda tiempo. “Tengo asumida mi entrada en prisión”, aseguró recientemente a Europa Press. Un verso final para la estrofa del último bolero.
Tiempo. Un tiempo pegajoso, de tensa espera y letra de bolero. Es la máxima aspiración y a su vez castigo para Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón (PP), condenado a cuatro años de prisión por cuatro fraudes fiscales (entre 1999 y 2003) y a pagar una multa de cerca de 700.000 de euros y una indemnización a Hacienda por un cantidad similar. En la mañana de este miércoles está previsto que la Audiencia Provincial de Castellón le notifique su encierro y acto seguido decida si lo aplaza en base a la petición de indulto que el propio reo solicitó ante la Subdelegación del Gobierno el pasado 7 de agosto. 12 días después el Ministerio de Justicia remitió esta petición a la Audiencia, que debe facilitar tres días a las partes para que se pronuncien. El pliego con todos los informes particulares será remitido de nuevo a Justicia, quien redactará un documento final para ser leído en el Consejo de Ministros. Mientras tanto, la Audiencia de Castellón puede ordenar el encarcelamiento de Fabra, aunque esta medida no suele ser habitual.