Caso Fabra
Carlos Fabra: “Me he acogido a mi derecho, he pedido el indulto y la Audiencia resolverá”
El expresidente del PP de Castellón y expresidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, abandonó este miércoles las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde estaba citado en un trámite relativo a la comunicación de su ingreso en prisión tras la firmeza de la sentencia que le condenó a cuatro años de cárcel por fraude de la Hacienda pública, explicando que se acogió a su "derecho constitucional", que pidió el indulto al Gobierno y que la Audiencia resolverá sobre la suspensión de la condena mientras se tramita la medida de gracia solicitada.
Poco antes de las 11:30 de este miércoles, Carlos Fabra abandonó las dependencias judiciales y pidió a los medios concentrados que no le formularan preguntas porque iba a hacer una única declaración: "me he acogido a mi derecho constitucional, he presentado la petición de indulto y la Audiencia resolverá en su momento", indicó escuetamente.
No obstante, respondió de modo breve a otras preguntas formuladas. Inquirido por las declaraciones del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, sobre que la petición de indulto formulada por el exdirigente del PP castellonense no iba a tener "en ningún caso respaldo" del partido y de las instituciones, se limitó a decir: "no opino".
De igual manera, preguntado por si no le molesta que el PP no apoye la medida de gracia, dijo que él a quien pidió el indulto es "al Gobierno de España". Finalmente, preguntado por qué prisión elegiría para cumplir la condena en caso de no paralizarse la suspensión, respondió mirando a la periodista que se la ha formulado: "¡qué pregunta más simpática!".
Carlos Fabra estaba citado a las 10:00 horas en la sección primera de la Audiencia de Castellón, aunque llegó sobre las 9.20 horas, acompañado de su exmujer y el que fuera su chófer cuando dirigía la Diputación provincial. Su abogado se presentó unos diez minutos después. La exesposa, María de los Desamparados Fernández, también estaba citada para requerirle el pago de la multa impuesta, dejando pendiente lo relativo a la indemnización para la ejecución de sentencia.
La sección primera de la Audiencia de Castellón dio traslado a las partes para que, tal y como recoge la ley, en un plazo de tres días se pronuncien sobre la petición de suspensión cautelar de la ejecución de la condena que solicitó Carlos Fabra mientras se tramita su petición de indulto.
El juzgado empezará a estudiar la petición del expresidente de suspender su ingreso en prisión a partir de la próxima semana, una vez reciba todos los pronunciamientos de las distintas partes, que tienen hasta el jueves de plazo para hacer entrega de sus escritos, si bien al poder presentarlos ante cualquier juzgado, pueden llegar con posterioridad a la sala, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la comparecencia del popular.
No obstante, este trámite no alteraba la obligación de que el exmandatario del PP compareciera este miércoles ante esa sección. Carlos Fabra presentó ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003, en el conocido como caso Naranjax.
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Por otra parte, el exdirigente 'popular' se mostró dispuesto a hacer frente al pago de la multa y responsabilidad civil a la que fue condenado, unos 1,4 millones de euros conjuntamente –693.000 cada una–.
En relación con la responsabilidad civil –para subsanar el daño causado–, según explicó el TSJCV, la ejecución le corresponde a Hacienda, que será quien decida. Sobre la multa, el abogado de Fabra pidió un pago progresivo y presentó una relación de bienes sobre los que existen anotaciones de embargo.
Su exmujer, María Desamparados Fernández, que igualmente debía comparecer en la sala, mostró también su voluntad de hacer frente a la multa y responsabilidad civil y pidió que se le sustituta la pena impuesta –un año de prisión tras la rebaja del Tribunal Supremo– por una multa adicional. La Audiencia tendrá que informar a las partes para que se pronuncien sobre estos extremos.
