El líder del PP, Pablo Casado, no quiso aclararlo este lunes, amparándose en la supuesta privacidad de las conversaciones que su partido mantuvo este verano con el PSOE. Pero sí sugirió que no está dispuesto a aceptar que los socialistas pongan encima de la mesa, en el cupo que les corresponde tras las elecciones de noviembre, a ningún jurista de reconocido prestigio que el PP considere afín a Unidas Podemos entre los ocho que obligatoriamente, porque así lo establece la Constitución, deben designar el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5.
“Lo que no entiendo es porqué ahora parece ser que Podemos ha doblado la apuesta y exige estar en esta negociación”, alegó. Pero si el PSOE “gobierna con Unidas Podemos, es su problema”. ¿Y si el interlocutor de las negociaciones s exclusivamente el PSOE? Tampoco sirve. “Me da igual si sólo fuera con un interlocutor del Partido Socialista. Lo que no voy a hacer es sentarme a negociar [si la otra parte lo hace] con las reivindicaciones de un partido como Podemos”.
Casado dedicó buena parte de la rueda de prensa que convocó este lunes para presentar su propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial, a tratar de explicar que no está bloqueando la renovación de este órganos, pese a que es su partido el que se niega a negociar la designación de los 20 vocales que los componen si en el proceso no intervienen exclusivamente PSOE y PP. No obstante, sí admitió que la renovación no puede pararse, porque los jueces ya han hecho su parte y existe una lista de 50 jueces y magistrados de entre los cuales el Congreso y el Senado deben seleccionar doce para completar el Consejo y sentarse con los ocho que las Cámaras eligen entre juristas de reconocido prestigio.
Efectivamente, en cumplimiento de la ley reguladora del CGPJ, el 6 de septiembre de 2018 —hace más de dos años— se publicó la lista de 50 jueces y magistrados publicóque aspiran a los doce puestos de vocal de procedencia judicial que establece la Constitución y que, según la ley, deben ser elegidos en el Congreso. De entre esos 50 hay 18 propuestos por asociaciones consideradas conservadoras (APM, AFV y Ágora Judicial), ocho apoyados por la progresista JJD y 24 independientes avalados por compañeros de la carrera judicial.
Lo singular es que, sabiendo que los jueces y magistrados del CGPJ ya son propuestos por ellos mismos, y que los partidos sólo tiene libertad para sugerir nombres en lo que se refiere a los ocho juristas de reconocido prestigio —en un mecanismo protegido además por la Constitución—, Casado insistió en que su “compromiso es que los jueces elijan a los jueces”, cuestionando así a los candidatos seleccionados por jueces y magistrados.
El líder conservador insistió en que su deseo es cambiar la ley para que en vez de proponer esos 50 nombres, y que de esa lista el Congreso seleccione a doce de ellos, sean los jueces quienes elijan directamente a esta docena de representantes en el CGPJ. Y que ninguno de los ocho vocales que la Carta Magna reserva al Congreso o al Senado, puedan ser elegidos si en algún momento han ejercido responsabilidades políticas, una incompatibilidad que no exige la Constitución. Todo ello, añadió, en el marco de “un proceso transparente abierto y publico” para “despolitizar” el Consejo.
Paradójicamente, Casado admitió después que la participación de los legislativos e incluso de los gobiernos en la designación de la cúpula judicial es también habitual en países de nuestro entorno, como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Y reconoció que es “bueno que los poderes del Estado se controlen entre sí”.
Objetivo: excluir a Unidas Podemos
Como el proceso ya está en marcha y no se puede revertir, admitió, está dispuesto a negociar con el PSOE pero siempre y cuando ninguno el acuerdo sea exclusivamente con los socialistas. ¿Por qué? Para excluir a Unidas Podemos. Y, según él, porque siempre se ha hecho así.
Pero no es verdad. En 2013, con mayoría absoluta del PP, la renovación del Consejo incluyó a jueces, magistrados y juristas de reconocido prestigio propuestos por cinco partidos: PP (10), PSOE (7), CiU (1), PNV (1) e Izquierda Unida (1). Claro que en aquel Consejo, que eligió presidente al magistrado Carlos Lesmes —con varios años de experiencia como alto cargo del Ministerio de Justicia en la administración de José María Aznar—, los vocales afines al PP tenían el control de las decisiones.
La disposición del PP a pactar la composición del CGPJ con otros partidos, no sólo con el PSOE, no fue una excepción aquel año. En 2008, esta vez con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, el PP no tuvo ningún inconveniente en repartirse el Consejo entre cuatro partidos: PSOE (9 vocales), PP (9), CiU (1) y PNV (1). Y en 2001, con mayoría absoluta conservadora en el Congreso, el PP tampoco vetó Izquierda Unida, hoy socio de Unidas Podemos. La derecha española pactó entonces 10 asientos en el CGPJ —más la Presidencia, que le daba el control—, siete para e PSOE, uno para CiU y el vigésimo para IU.
Casado también negó haber negociado y cerrado acuerdos con Pedro Sánchez para renovar el Consejo, en funciones nada menos que desde hace dos años. Sin embargo, el PP ya ha roto hasta en dos ocasiones un pacto de renovación aplicando la actual ley, que ahora Casado —además de Cs y Vox— quiere cambiar. La primera tuvo lugar en otoño de 2018, cuando el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, reveló a través de WhatsApp que su grupo había alcanzado un “pacto previo” con los socialistas para repartirse el CGPJ a razón de diez vocales para el PP y otros diez para el PSOE, dejando la presidencia teóricamente en manos de un magistrado propuesto por los socialistas pero en la práctica, aseguraba, situando en el puesto a alguien como Manuel Marchena, que consideraba de absoluta confianza.
La segunda tuvo lugar el pasado mes de agosto Casado lo admitió el pasado 7 de octubre cuando reconoció que este verano había acuerdo con el Gobierno porque Sánchez aceptaba sus condiciones para renovar el Consejo pero que él decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España. Las condiciones del PP que Sánchez aceptaba, explicó el líder conservador, eran que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.
En cualquier caso, Casado dejó claro que no va a ceder y pactar solo para evitar la reforma que proponen PSOE y PP, que no es otra que incluir una “cláusula antibloqueo”, de manera que si uno de los grandes partidos se niega a negociar cerrando la vía de los 3/5, sea posible proceder a los nombramientos por mayoría absoluta.
Sánchez frena la reforma del CGPJ presentada por PSOE y UP a la espera de que Casado consume su giro y acceda al desbloqueo
Y volvió a negar a Unidas Podemos legitimidad para formar parte de las negociaciones. En primer lugar, por haber criticado decisiones judiciales o al jefe del Estado; algo que sigue considerando ataques inaceptables a instituciones clave del Estadio de Derecho. Y en segundo lugar por estar dispuestos a llegar a acuerdos con los independentistas catalanes y vascos, algo que a menudo casado también reprocha al PSOE pero que, en este caso, no considera una línea roja para negociar.
Por si la renovación no estuviese suficientemente difícil, el líder del PP añadió nuevas condiciones cuyo cumplimiento exige al PSOE para llegar a un acuerdo: incluir un artículo que tipifique el delito de convocatoria de referéndums ilegales, prohibir los indultos por sedición o rebelión y endurecer las penas por sedición.
Sánchez, acusó en la misma rueda de prensa, está “ocupando” las instituciones del Estado, desde la Fiscalía a la CNMV, pasando por el CNI, el CIS, RTVE e incluso la cúpula de la Guardia Civil.
El líder del PP, Pablo Casado, no quiso aclararlo este lunes, amparándose en la supuesta privacidad de las conversaciones que su partido mantuvo este verano con el PSOE. Pero sí sugirió que no está dispuesto a aceptar que los socialistas pongan encima de la mesa, en el cupo que les corresponde tras las elecciones de noviembre, a ningún jurista de reconocido prestigio que el PP considere afín a Unidas Podemos entre los ocho que obligatoriamente, porque así lo establece la Constitución, deben designar el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5.