El éxito electoral del agitador ultra Luis Pérez, alias Alvise, en las recientes elecciones acaba de dejar en evidencia el decreto con el que el Gobierno intentó, hace poco más de un mes, poner bajo el radar del supervisor audiovisual, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) en el caso de España, los contenidos que difunden los influencers a través de plataformas online.
La nueva norma se aprobó a pocos días de la jornada electoral en la que se hizo visible la extraordinaria influencia de este activista, al que desde hace años las organizaciones que se dedican a al comprobación de datos han identificado como un profesional de la propagación de bulos. Pero aunque llevase años en vigor, tampoco hubiese servido para denunciar sus contenidos porque la falta de ambición del decreto del Gobierno le deja fuera del radar de supervisión de la CNMC.
La norma en cuestión pone el foco sobre los influencers, a los que denomina “usuarios de especial relevancia”, y los somete a las “obligaciones esenciales para la protección del público en general, y de los menores de edad en particular, frente a contenidos audiovisuales y comunicaciones comerciales audiovisuales perjudiciales o prohibidas”.
Entre ellas, la Ley Audiovisual de 2022 incluye no incitar “a la violencia, al odio o a la discriminación”, así como respetar “el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas” y garantizar “los derechos de rectificación y réplica”. Además de que las noticias que se difundan se ajusten “al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz” y se elaboren siguiendo “el deber de diligencia profesional en la comprobación de los hechos”. Lo que significa, según la ley, que sean respetuosas “con los principios de veracidad, calidad de la información, objetividad e imparcialidad, diferenciando de forma clara y comprensible entre información y opinión, respetando el pluralismo político, social y cultural y fomentando la libre formación de opinión del público”.
Bulos
La calidad de los contenidos que Alvise difunde a través de sus plataformas está en las antípodas de estos principios. Un vistazo a su canal de Telegram muestra cómo cada día sirve a sus seguidores un menú compuesto casi exclusivamente por bulos bajo el epígrafe “Las noticias de verdad”.
Pero la CNMC nada puede hacer parta frenarlos porque el decreto del Gobierno limita la supervisión a los usuarios de especial relevancia que en una sola red de distribución de vídeos tenga al menos un millón de seguidores o que, combinando varios de estos servicios, supere los dos millones.
Luis Pérez, pese a su éxito en las urnas, no alcanza esas cifras, aunque él presuma de ellas y se considere un medio de comunicación unipersonal. “Yo soy el medio más leído de este país”, declaró en una reciente entrevista concedida al diario El País. “Una media de entre tres y 5,2 millones de lectores”.
En realidad, tiene 967.000 en Instagram, lo que le acerca, sin llegar a él, al listón que obligaría a la CNMC a supervisar sus contenidos audiovisuales. A ellos hay que sumar otros 189.600 en TikTok y casi 600.000 en Telegram, aunque esta red social está fuera del radar de la CNMC porque el organismo estatal no la considera “audiovisual”. La prioridad que el decreto del Gobierno fija para el supervisor, en todo caso, no es la veracidad de la información, sino la “protección al menor y la difusión de contenidos publicitarios”.
Un fenómeno global
La aparición de activistas como Alvise en redes sociales, que está lejos de ser un fenómeno exclusivo de España, sí ha llamado la atención del Reuters Institute for the Study of Journalism, un centro de investigación y análisis de medios de comunicación y periodismo que forma parte de la Universidad de Oxford. En una publicación reciente, esta institución analizaba el fenómeno de las cuentas e individuos que han visto crecer su influencia en torno a la política.
“En TikTok e Instagram y en plataformas de vídeo más asentadas como YouTube, los principales medios se ven considerablemente desafiados por una variedad de los llamados influencers, creadores y celebridades online, y también por gente corriente y propuestas periodísticas alternativas más pequeñas”.
Es un hecho que “contrasta con las redes más antiguas, como Facebook y X (antes denominada Twitter), donde los principales medios y periodistas todavía tienden a liderar la conversación cuando se trata de noticias, aunque cuentan con fuerte competencia”. YouTube es utilizada para consumir noticias por casi un tercio de los consumidores de noticias a nivel mundial, WhatsApp por una quinta parte, seguida por TikTok y X. Para los jóvenes, el video online es, de lejos, la fuente más importante de noticias, según el Reuters Institute, un dato que es difícil no relacionar con que uno de cada cuatro jóvenes preferiría “en algunas circunstancias” un régimen autoritario frente a “un sistema democrático“.
Después de examinar a influencers de noticias de cinco países (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Argentina y Brasil), los investigadores de este instituto han observado que las cuentas relacionadas con las noticias de cualquier tipo se mencionan con mucha más frecuencia en Brasil, Estados Unidos y Argentina que en el Reino Unido y Francia, un dato que “está en consonancia con el mayor uso de las redes sociales para consumir noticias” (llama la atención que se trate de los tres países en los que la desinformación aplicada a la política ha aupado a personajes como Jair Bolsonaro, Donald Trump y Javier Milei).
La misma apariencia
Según la misma publicación, muchas cuentas corresponden a comentaristas políticos partidistas (de izquierda y de derecha) y producen material que suele quedar fuera de lo que normalmente publican los medios. “Algunos creadores han sido criticados por sus inexactitudes fácticas y por difundir conspiraciones o relatos engañosos, aunque son muy confiables para quienes comparten sus opiniones políticas”.
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“Sea cual sea la orientación política, la apariencia del producto es notablemente similar: entre el podcast y una transmisión de televisión, una mayoría de presentadores hombres, con micrófonos de gran tamaño y dialogando con invitados principalmente masculinos”, explica la citada publicación. “La naturaleza polémica de estas propuestas a menudo no atrae a los anunciantes, de modo que algunas personalidades se han centrado en otras formas de generar dinero: por ejemplo, pidiendo donaciones o vendiendo productos”.
El patrón es muy parecido al de Luis Pérez, que no es periodista ni ha trabajado en un medio de comunicación homologable. “Muchos comentaristas ahora volcados al mundo online enfatizan su posibilidad de hablar libremente (…) y se erigen como alternativas frente a los principales medios que, dicen, ‘suprimen la verdad’ o están impulsados por ‘intereses de las élites y de las corporaciones”.
El artículo del Reuters Institute concluye con una advertencia: “La vitalidad de las voces alternativas en las redes sociales y las plataformas de vídeo resalta, en cierto modo, las debilidades percibidas de los medios en asuntos como la confianza, la diversidad y las narrativas digitales, al menos para algunas personas. En este sentido, las marcas periodísticas tradicionales tienen mucho que aprender sobre cómo involucrar mejor a las audiencias en un espacio cada vez más complejo y competitivo”.
El éxito electoral del agitador ultra Luis Pérez, alias Alvise, en las recientes elecciones acaba de dejar en evidencia el decreto con el que el Gobierno intentó, hace poco más de un mes, poner bajo el radar del supervisor audiovisual, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) en el caso de España, los contenidos que difunden los influencers a través de plataformas online.