Dos casos sin indicios claros y una trama corrupta: el futuro judicial del Gobierno se dirime el próximo año

El año que está a punto de terminar ha sido el de la explosión de la primera gran causa de corrupción que afecta al PSOE. El caso Koldo, los presuntos pagos por el empresario y supuesto nexo corruptor Víctor de Aldama a cambio de adjudicaciones a sus empresas y las de su entorno —un caso clásico de corrupción— ha dado un salto cualitativo en 2024 poniendo en el centro de la trama al que fuera parte del corazón mismo del partido, su ex secretario general y exministro de Transportes José Luis Ábalos que, previsiblemente, volverá a comparecer como imputado ante el Tribunal Supremo en cuanto el Congreso, en el que todavía ocupa un escaño, le levante la inmunidad. El caso Ábalos, investigado e impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, es el que afecta más directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez y seguirá, previsiblemente, generando portadas en los medios en 2025. Pero, junto a él, otras dos investigaciones más polémicas y que no cuentan con el apoyo del Ministerio Público —la abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir un bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el caso Begoña Gómez, contra la esposa del presidente por un supuesto tráfico de influencias y apropiación indebida sobre el que el juez no encuentra indicios sólidos— también siguen vivas. La derecha y la ultraderecha, política y mediática, las utilizan para desgastar al Gobierno.

Las derivadas del caso Ábalos

El ex número dos del PSOE y exministro de Transportes ya ha declarado voluntariamente ante el instructor de su causa en el Supremo, el magistrado progresista Leopoldo Puente. El juez (que envió al Congreso el suplicatorio para retirarle la inmunidad de la que goza como diputado, algo que la Cámara Baja ya estudia) aprecia "bastantes indicios" de que hubiera podido cometer los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. Casi con total probabilidad el Congreso dará el permiso para que sea procesado. Será el momento en que el todavía diputado decida si entrega su acta. En ese caso, la causa, previsiblemente, volverá al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor inicial del caso.

La instrucción gira ahora en torno a la declaración de Víctor de Aldama, en la que apuntó a otros cargos socialistas aunque sin aportar pruebas. El líder de la trama corrupta, consiguió salir de prisión el pasado 21 de noviembre tras una declaración ante el juez Moreno en la que, además de señalar a Ábalos y su asesor Koldo García —de los que dijo que les había pagado 350.000 euros en el ministerio y en República Dominicana, para amañar los contratos de mascarillas que dieron origen al caso— también aseguró que el actual secretario general del PSOE, Santos Cerdán, recibió 15.000 euros en un bar. Entre los cargos a los que implica también se encuentra Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que habría cobrado 25.000 euros. Aldama también señaló a las exvicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera. También aseguró que se negó a pagar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha asegurado que dimitirá si se prueban las acusaciones del comisionista.

Quince días después, el nexo corruptor —como lo llama la Guardia Civil— volvió a declarar, esta vez en el Supremo, donde aportó un supuesto listado de contratos amañados de obra pública del Ministerio de Transportes. Su actual titular, Óscar Puente, encargó un informe para analizarlos y los técnicos concluyeron que no encontraron ningún indicio de pagos de comisiones ilegales a favor de Ábalos. En total, se revisaron 373 adjudicaciones de Adif y 39 de carreteras. 2025 será el año en que, previsiblemente, todas esas acusaciones serán investigadas, lo que determinará si el caso afecta solo a Ábalos y su entorno o se convierte en la bomba de relojería que dibuja Aldama, por ahora sin sustento fáctico.

El teléfono del fiscal general

Tres días antes de que se notificara la sentencia del procés, una de las más importantes de la reciente historia de España, alguien desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, filtró a los medios el contenido de esa resolución y su parte dispositiva, pero nadie abrió una investigación. Cinco años después, alguien desde la fiscalía desmintió un bulo sobre los delitos fiscales que había confesado la pareja de Isabel Díaz Ayuso, algo asumido en primera persona por el fiscal general del Estado, que ordenó la redacción de una nota de prensa para aclarar las mentiras difundidas por el entorno de la presidenta madrileña. El resultado es una investigación sin precedentes en la que está imputado Álvaro García Ortiz y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez y un registro inédito en un organismo constitucional como es la Fiscalía General del Estado, por un delito menor, que no ha dado los frutos que esperaban las acusaciones. García Ortiz y Rodríguez están señalados como autores de la filtración de un correo cuyo contenido publicaron varios medios antes de que se difundiera el comunicado.

El análisis del teléfono del fiscal general, clonado durante esa diligencia, no ha arrojado los resultados que esperaba el instructor del caso en el Supremo, el magistrado Ángel Hurtado. En el móvil, según la Guardia Civil, había "cero" mensajes relativos a las fechas en las que, supuestamente, la información se filtró. En el ordenador de García Ortiz sí aparecieron dos correos electrónicos relacionados con esta, pero los recibió 20 minutos después de que la Cadena Ser publicara la filtración que se investiga, así que, por el momento, no hay pruebas de que el jefe de la fiscalía fuera el filtrador. Hurtado ordenó el clonado sin informar previamente a la fiscal del caso, pero la derecha mediática y la acusación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) creen que el borrado de los mensajes antes de que llegaran los agentes es la prueba del nueve de la culpabilidad de fiscal general, como si este imaginara que un juez se atrevería a copiar su móvil. Fuentes fiscales aseguran que García Ortiz cambió de terminal días antes y que el que tenía hasta entonces fue formateado en cumplimiento de la instrucción de protección de datos del Ministerio Público. Hurtado no se da por vencido y ha solicitado a la UCO la identificación de los teléfonos intervenidos, primer paso para buscar por otra vía los mensajes que no encuentra.

2025 nos dará el resultado de esas nuevas indagaciones, pero también el de la nueva derivada abierta en Moncloa tras el examen de otro teléfono, el del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, al que Pilar Sánchez Acera, asesora del exdirector de gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro de Transformación Digital, Óscar López, pasó el correo con la confesión del compañero sentimental de Ayuso antes de que Fiscalía divulgara la nota que desmentía el bulo para que lo utilizara en una sesión de control en la Asamblea de Madrid. Antes de mostrarlo en el Parlamento madrileño, Lobato preguntó a Sánchez Acera por su procedencia y advirtió de que alguien podría sospechar de que había sido el Ministerio Público quien se lo había enviado.

Tras analizar el móvil de Lobato, los agentes de la UCO infieren que no solo Sánchez Acera tendría conocimiento del correo antes de que se publicara, sino también el ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès y el que fue nombrado su sustituto y entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Este último dejaba su cargo hace unos días, solo 20 días después de acceder a él, por motivos de salud.

Begoña Gómez, una causa con mil frentes, pero sin indicios

Primero fue una carta de recomendación para el empresario Juan Carlos Barrabés en una licitación de la empresa pública Red.es en un proceso de contratación en que la Guardia Civil no ha encontrado ninguna irregularidad. Después, los cursos dirigidos por la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid por cuya coordinación, según dijo la propia Begoña Gómez ante el juez el pasado 18 de diciembre, cobraba 15.000 euros al año. También la supuesta apropiación de un software para pymes creado durante su paso por esa universidad. Por último, su contratación por el Instituto de Empresa (IE) para dirigir el Africa Center de esa entidad, un trabajo que, según los propios directivos de esa entidad, nada tuvo que ver con el hecho de que Gómez estuviera casada con el líder del Ejecutivo y por la que ese centro de formación de ejecutivos y estudios de postgrado no obtuvo ningún beneficio.

El titular del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, no deja de admitir querellas contra Gómez en una causa sin rumbo claro, pero que la Audiencia de Madrid se ha negado, por el momento, a cerrar. Nueve meses después del inicio de la investigación con una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de periódico y noticias falsas el instructor ha convertido sus indagaciones en un monstruo de cien brazos que no le termina de proporcionar los indicios que busca. Peinado también ha ido aumentando la nómina de presuntos delitos que le atribuye. A los iniciales de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el juez ha añadido los de apropiación indebida (por la aplicación informática de uno de sus cursos) e intrusismo profesional, este último por firmar unos pliegos técnicos que, según la normativa de la universidad, le correspondía rubricar como responsable de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía.

Pese a ello, Peinado sigue ordenando diligencias. La última ha sido una orden a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que indague todos los movimientos y saldos de las cuentas de Gómez en los últimos cinco años. También ha tomado declaración al exconsejero madrileño del PP y directivo del IE Juan José Güemes —primero como testigo y luego como imputado— sobre el supuesto trato de favor a la esposa de Sánchez al contratarla para esa entidad, lo que ha negado en sus dos comparecencias. Además, el instructor ha citado a declarar como testigos a los representantes de Google, Indra y Telefónica para preguntarles por el dinero que invirtieron en el software del que, según el juez, la esposa de Sánchez se habría apropiado. Incluso ha llamado a declarar a la asistente de Gómez en Moncloa, una figura de la que se han servido otras esposas de anteriores presidentes, como la de Mariano Rajoy.

La Audiencia de Madrid ha rechazado en dos ocasiones el archivo del caso que le pedía tanto la Fiscalía como la defensa de la mujer de Sánchez. Sus magistrados delimitaron el objeto de la causa ante las acusaciones de estos de que se trata de una causa general y prospectiva prohibida por la ley, pero en la práctica, dejaron las manos libres a Peinado que ha seguido abriendo líneas de investigación cuyo futuro, hasta ahora, parece incierto. Además de Gómez, en la causa permanecen imputados el empresario Barrabés, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y Juan José Güemes.