España se expone a una multa millonaria de la UE por el plan de PP y Vox contra Doñana
La derecha andaluza quiere dar luz verde cuanto antes a la norma para regularizar regadíos en el entorno del espacio natural de Doñana, cuya biodiversidad se encuentra en fase crítica debido, precisamente, al delicado estado de salud de su acuífero. De ahí el interés de PP y Vox por tramitarla por la vía de urgencia a las puertas de unas nuevas elecciones. Pero a pesar de las prisas, no está tan claro que la norma pueda acabar desplegando sus efectos de forma inmediata. Básicamente, porque la aprobación de la ley en los términos actuales amenaza con desembocar en un conflicto jurídico a varios niveles –tanto nacional como europeo–. Un embrollo que, además, puede tener importantes consecuencias económicas para España.
Los votos de PP y Vox permitieron este miércoles que la proposición de Ley para la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva superara en el Parlamento andaluz su primer examen: la toma en consideración. La iniciativa supone recuperar una propuesta presentada por la derecha durante la pasada legislatura para calificar como regables más suelos del entorno de la joya natural, un texto cuya tramitación se vino abajo con el adelanto de los comicios. Un plan que ignora por completo las alertas científicas. Hace solo tres días, desde la Estación Biológica de Doñana se advertía de que "la explotación" actual del acuífero no era "sostenible": "Se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación".
El movimiento refleja, además, una sordera con respecto a los avisos llegados desde Bruselas. "El conocimiento científico y técnico disponible que tenemos aporta evidencias sólidas sobre los efectos adversos de la sobreexplotación del agua subterránea en los ecosistemas de Doñana", apuntó este jueves el portavoz de la Comisión Europea, Tim McPhie. Y avisó de que la legislación comunitaria "exige la utilización sostenible de los recursos medioambientales". Eso incluye, por supuesto, el agua. Por tanto, cualquier actividad económica debe ser compatible con la conservación de las zonas Natura 2000, de la que forma parte Doñana, donde la riqueza de especies de anfibios se ha reducido a la mitad y numerosas plantas acuáticas están desapareciendo por el deterioro de los humedales.
Una sentencia y riesgo de multa
El aviso de palabra del Ejecutivo comunitario es la continuación de otras advertencias llegadas desde Bruselas en forma de carta. La primera fue en enero del pasado año, tras registrarse la proposición de Ley que decaería con el adelanto electoral. La última, a mediados de marzo, tras conocerse la nueva iniciativa. "La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana. Por otra parte, la sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica, en particular de los cultivos de regadío", trasladaba en una misiva la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, al embajador Marcos Alonso.
Bruselas considera que la propuesta legislativa iría en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que a las puertas del verano de 2021 condenó a España por incumplir sus obligaciones en relación al espacio natural. En concreto, el fallo afeaba al Estado que no se hubieran adoptado "las medidas apropiadas" para evitar las "alteraciones apreciables de los tipos de hábitats protegidos" ocasionadas por las "extracciones de agua subterránea". Los datos científicos, recordaban entonces los magistrados, confirmaban que el estado de estos hábitats seguiría deteriorándose por el descenso del nivel piezométrico del acuífero. Pocos meses antes, el Gobierno había declarado sobreexplotada esa gran bolsa de agua subterránea.
Cuando a pesar de una sentencia el Estado miembro sigue sin corregir una situación, la Comisión Europea puede volver a mandar el asunto a Luxemburgo y proponer que se impongan sanciones económicas al país. Para su cálculo, Bruselas tiene en cuenta tanto la importancia de las normas infringidas y su repercusión para "los intereses generales y particulares" como el periodo de incumplimiento o la capacidad del Estado para pagar. Sanciones que, por lo general, suelen ser millonarias. En 2018, por ejemplo, el TJUE impuso a España por no cumplir con la normativa sobre depuración de aguas residuales un castigo de 12 millones de euros, más 11 millones por semestre hasta que solucionase el problema.
Esta es una posibilidad que el Ejecutivo comunitario ya ha puesto sobre la mesa. Lo hizo en la carta enviada a mediados de marzo: "De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados (...) la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias". E insistió este mismo jueves en su intención de dar pasos firmes para asegurar el cumplimiento de la resolución judicial.
La palanca del Gobierno
La toma en consideración de la proposición de Ley también ha activado todas las alarmas en el Gobierno central. "Vamos a hacer todo lo que sea preciso para salvar Doñana de las manos de PP y Vox", ha advertido este jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En este sentido, disponen de varios mecanismos. Uno de ellos, el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo puede activar el denominado conflicto de competencias positivo, una palanca de la que puede tirar cuando considera que una norma, disposición o resolución autonómica no respeta el orden de competencia establecido en la Ley Fundamental, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas. "El agua no es competencia de la Junta", señalado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
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Desde el Gobierno andaluz, que mantendrá una reunión a comienzos de mayo con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, insisten en que la norma se centra en la "calificación de terrenos" –la ordenación del territorio es una de las competencias asumidas en el Estatuto de Andalucía–, si bien el agua ocupa buena parte de la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, que al ser presentada por los partidos y no por el Ejecutivo evita consultas públicas, esquiva informes sobre la "necesidad y oportunidad" o sortea la toma de posición formal del Consejo de Participación de Doñana.
Si al final el Ejecutivo central decidiese acudir al Constitucional, una vez aprobada la ley, tendría margen para forzar la suspensión inmediata de la norma en el momento en que formule el conflicto de competencias. Y, para ello, sólo debería invocar el artículo 161.2 de la Ley Fundamental: "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses". Una medida mucho menos agresiva que la activación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno adoptar "las medidas necesarias" para obligar a una autonomía a cumplir las obligaciones legales o para proteger el interés general.
Podemos ya ha anunciado su intención de acudir al Constitucional si la ley es aprobada en sus actuales términos. Batalla legal que también darán algunos colectivos como WWF: "Si se aprueba tal y como está vamos a ir a los tribunales de todas todas". Un asunto sobre el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha centrado buena parte de sus últimas intervenciones. "Doñana no es cortijo de nadie y mucho menos de la derecha y la ultraderecha andaluza", ha señalado este jueves desde Cáceres, donde ha participado en la presentación del candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad extremeña.
