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El caso de la pareja de Ayuso retrata a Feijóo: la familia es un asunto privado, pero sólo si es del PP

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La familia es un asunto privado, pero solamente si es del PP. La doble vara de medir de la dirección conservadora volvió a quedar este martes en evidencia después de que una información publicada por elDiario.es divulgase la denuncia interpuesta por la Fiscalía en torno a las actividades de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, luego que este se enriqueciese con negocios sanitarios en plena pandemia y supuestamente defraudase a Hacienda sus ganancias de los años 2020 y 2021. Además, en la noche de este martes, elDiario.es publicó que la pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas en pandemia. 

 “Sobre la cuestión de la que usted me habla [en estos términos se refirió Miguel Tellado a este caso], creo que es un asunto personal que debe contestar la persona a la que hacen referencia esas informaciones. Afecta a una persona que no está en la vida política y que, por lo tanto, se escapa del objeto de mi consideración”.

Tellado no aclaró si Génova ha pedido explicaciones a la presidenta madrileña, pero en todo caso dio por buena su versión: “Es evidente que hay una cacería por parte del Partido Socialista contra ella. Me parece lamentable traspasar la barrera personal en esos ataques políticos y yo, desde luego, no opino de cuestiones personales de nadie”.

De nadie si es un familiar del PP, pero no si lo es de otro partido, como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra la que el PP lleva días insinuando graves delitos sin aportar ninguna prueba y sin que exista siquiera una investigación, que sí se ha abierto en el caso de la pareja de Ayuso.

Basándose exclusivamente en meras especulaciones periodísticas, el portavoz de Feijóo en el Congreso volvió a insistir en sus acusaciones contra Sánchez y su mujer: “Podemos estar ante un caso grave” de “tráfico de influencias”, declaró, insinuando que el Gobierno rescató a la compañía Air Europa durante la pandemia por indicación de Begoña Gómez, a cambio de supuestos patrocinios de su actividad privada. 

Un tema privado

Previamente, en una entrevista en Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo había hecho lo mismo. Primero, se refirió a la situación de la pareja de Ayuso como algo privado, pese a que su enriquecimiento tuvo lugar en pandemia y a través, sobre todo, del grupo Quirón Salud, que gestiona cuatro concesiones de la Comunidad de Madrid: la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y el Hospital General de Villalba.

“Si hay una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la Agencia Tributaria”. Como cualquier ciudadano sobre el que la agencia entienda “que no ha cumplido sus compromisos correctos, tendrá un problema”. Pero, “que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la agencia tributaria”, remató el presidente del PP dando el asunto por zanjado. 

Feijóo no ve en estos hechos, denunciados por la Fiscalía, nada relevante desde el punto de vista de lo público, pese a los evidentes vínculos entre la Comunidad de Madrid y Quirón Salud, origen profesional de Fátima Matute, la actual consejera de Sanidad de Ayuso. 

Pero, al igual que Tellado, sí tiene mucho que decir sobre la esposa de Sánchez, en torno a la cual no existe diligencia judicial alguna. “Desde luego, huele mal”. “No sé si técnicamente deberíamos de denominarlo un presunto conflicto de intereses, al menos”, especuló en Onda Cero, pero lo que sí dio por seguro es que la corrupción afecta “al partido [socialista], al gobierno y a la casa del presidente”.

Si Sánchez, especuló, “votó a favor de los distintos créditos y préstamos en cuantías superiores a 700 millones de euros en favor de una compañía que tenía un contrato, de forma directa o indirecta, para financiar alguna actividad de la mujer del presidente, esto merece una explicación muy seria”.

La hermana de Feijóo

Una explicación que no considera necesaria en relación con el supuesto enriquecimiento y fraude fiscal de la pareja de Ayuso, cometidos durante la pandemia haciendo negocios con un grupo sanitario privado muy dependiente de los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Feijóo, que ahora exige al presidente que explique si la conjetura del PP sobre su esposa es cierta, no vio, sin embargo, razón alguna para investigar la decisión de su gobierno, cuando era presidente de la Xunta, de contratar durante trece años al grupo Eulen, al frente del cual está, en el noroeste de España, si propia hermana, Micaela Núñez Feijóo.

El BNG pidió en marzo de 2022, justo cuando Feijóo se movió para sustituir a Pablo Casado, que el Parlamento de Galicia encargase al Consello de Contas —un órgano equivalente al Tribunal de Cuentas— el examen de esos contratos, pero el PP de Feijóo lo impidió

“Las sociedades del Grupo Eulen multiplicaron los contratos con la Xunta desde que Feijóo llegó al Gobierno”, y suma ya cerca de 140, según una información del diario Público divulgada en aquellas fechas. “Desde entonces hasta finales de 2021 recibió adjudicaciones por valor de 37 millones de euros, casi tres millones al año. El triple de la media de lo que contrataba con el Ejecutivo bipartito PSOE-BNG entre 2005 y 2009”.

Ayuso, a su vez, que ahora sitúa estos hechos en el ámbito privado de su pareja, al margen de la Comunidad de Madrid, y que afirma que se trata de una investigación auspiciada por el PSOE, no tuvo inconveniente en el pasado en acusar a miembros de otros partidos por lo que hicieron sus parejas. 

Acusaciones de Ayuso

En agosto de 2023 criticó con dureza la concesión de una medalla a la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, que meses antes había dimitido del cargo después de su que su marido fuese imputado en una causa por corrupción derivada del caso ERE. Un asunto con el que ella no tenía ninguna relación más allá del parentesco, igual que la propia Ayuso.

La presidenta de Madrid también arremetió con dureza contra la exconsellera valenciana Mònica Oltra pidiéndole responsabilidades por hechos atribuidos a su exmarido. “¿Qué mujer ampara que su marido esté prostituyendo a una menor que está tutelada por él mismo?”, declaró en junio de 2022.

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 Hace ahora un año, Ayuso también echó en cara a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, hoy ministra de Sanidad, que su marido hubiese pedido la ayuda para beneficiarse, como familia numerosa, de una reducción en la factura de la luz. “Hipócrita es que usted viva a todo trapo. Y yo no tengo nada en contra de la riqueza, lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted”. No hay derecho, decía entonces Ayuso exigiendo a García que pidiera disculpas por algo que había hecho su marido.

La difusión del fraude fiscal y falsificación de documentos supuestamente cometidos por su pareja ha tenido lugar en plena ofensiva del PP en torno al caso Koldo, en la que Génova no ha dudado en convertir en gravísimas acusaciones e imputaciones que afectan a seis ministros y a dos expresidentes autonómicos, además de a Pedro Sánchez, lo que no son más que especulaciones e insinuaciones periodísticas, la mayor parte de ellas difundidas por la derecha mediática. 

La presidenta de Madrid, mientras tanto, convive con su pareja en un piso de 208 metros cuadrados valorado en un millón de euros ubicado en el centro de la capital y que él compró tras el supuesto fraude fiscal.

La familia es un asunto privado, pero solamente si es del PP. La doble vara de medir de la dirección conservadora volvió a quedar este martes en evidencia después de que una información publicada por elDiario.es divulgase la denuncia interpuesta por la Fiscalía en torno a las actividades de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, luego que este se enriqueciese con negocios sanitarios en plena pandemia y supuestamente defraudase a Hacienda sus ganancias de los años 2020 y 2021. Además, en la noche de este martes, elDiario.es publicó que la pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas en pandemia. 

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