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El que fuera juez estrella de Vox se sentó este lunes en calidad de investigado ante otro juez, el instructor del caso que ha acabado con su carrera política y ha provocado el embargo de sus bienes. Ante el magistrado Juan Gutiérrez Castillas, Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, rechazó su implicación en el posible fraude de 2,4 millones de euros de una ayuda pública destapado por infoLibre. Serrano trató de minimizar su papel en el proyecto hasta el punto de presentarse como "ignorante" en derecho mercantil y en el mundo de la empresa, según fuentes conocedoras de su declaración. Pero su versión se enfrenta a dificultades.
La primera dificultad es que sus dos antiguos aliados en el proyecto, Enrique Pelegrín y Javier López, que también declararon este lunes como investigados, lo implican directamente en la gestión y rechazan que su aportación se limitara a la estructura empresarial, añaden las mismas fuentes. La segunda dificultad es que Serrano aparece implicado documentalmente en la constitución de la empresa con la que se cometió el supuesto fraude, Bio Wood Niebla, así como en el engaño al Ministerio de Industria para obtener la ayuda, que debía haber servido para poner en marcha una fábrica de biocombustible en Niebla (Huelva) que nunca llegó a materializarse [ver aquí el dosier del caso].
El resultado final es que ni el dinero fue devuelto a Industria, ni hay fábrica funcionando. Ahora nadie se declara responsable del desaguisado.
Serrano y sus exsocios
Serrano estaba citado a las 9.30 horas, pero apareció en los juzgados del Prado de San Sebastián, en Sevilla, antes de las 9.00, acompañado de su abogado. Fue el primero en entrar a declarar. Lo hizo durante aproximadamente una hora y media. A la salida, no quiso realizar declaraciones. "Confío en la justicia", se limitó a decir. Poco más.
Dentro sí hubo contenido. El que fuera líder de Vox, azote de las "paguitas" durante su etapa política, respondió a las preguntas del juez de instrucción, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y su propio letrado, pero no de las acusaciones ejercidas por el vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez, y por Podemos.
Serrano trató de desvincularse del supuesto fraude, consistente en la obtención en diciembre de 2016 de una ayuda de 2,4 millones a través de una empresa con un capital falseado mediante la supuesta atribución de una maquinaria que en realidad no existía. Fuentes conocedoras de la declaración señalan que Serrano mostró "memoria selectiva" a la hora de recordar su papel en el proyecto.
El expolítico se mostró como un administrador de derecho, no de hecho, cuya participación había consistido en la aportación de una estructura societaria, a través de su despacho, añaden las fuentes consultadas, según las cuales afirmó que actuó desde el principio con la confianza de que la maquinaria iba a ser adquirida y que se salió del proyecto en octubre de 2017 cuando comprobó que no era así.
Después de Serrano declararon sus dos compañeros de aventura empresarial, Javier López –que no tuvo protagonismo societario y al que Serrano señala como impulsor en la sombra– y Enrique Pelegrín. Ambos, según estas fuentes, rechazaron que Serrano fuese ajeno a la gestión al proyecto, incluidos los trámites para lograr la ayuda y la gestión financiera. López y Pelegrín, con matices, coincidieron en un relato que implica en primera persona a Serrano no sólo nominalmente, sino en la gestión práctica.
Las palabras y los papeles
No sólo la declaracion de sus antigos colaboradores, sino también los papeles le complican su defensa a Serrano, señala una fuente de la investigación, que indica que las declaraciones de los tres investigados –Serrano y sus exsocios– se ciñeron como un guante a lo previsto: todos negaron su implicación en el supuesto fraude. Nadie se apartó del guión de lo defendido hasta ahora.
La misma fuente señala que, más que las versiones de Serrano y sus excolaboradores, lo importante es la documentación que ya figura en el sumario instruido en el juzgado 16 de Sevilla, así como la que resulte de las líneas de investigación sobre el destino de los fondos que mantiene abiertas el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
¿Por qué los papeles complican la vida al expolítico? Serrano figura como cofundador y máximo accionista hasta su salida en octubre de 2017 de Bio Wood Niebla, la empresa que sirvió para la obtención del dinero. Además, la constitución ante notario en marzo de 2016 de la empresa, en la que el juez declaró en falso ser dueño "por justo y legítimo título" de una máquina industrial que nunca tuvo, indica que participó del engaño clave para conseguir el dinero.
La solicitud de la ayuda, firmada por Serrano, aportaba documentación para aparentar dos falsedades, según la investigación de la Policía Nacional: que la empresa tenía maquinaria y que tenía suelo para construir la fábrica. "Todos los documentos [de la solicitud del dinero] llevan la firma electrónica de Francisco Serrano", algunos incluso con "firma manuscrita", señala un informe policial incorporado al sumario. Ninguno de estos papeles se ha volatilizado con la declaración autoexculpatoria de Serrano, que ya había declarado voluntariamente ante la Fiscalía.
Hay más factores que pesan en contra del exportavoz y expresidente del grupo parlamentario andaluz de Vox. El director de la oficina bancaria clave en las gestiones posteriores al cobro de la ayuda le atribuye un papel central en el cambio de destino del dinero. Además, una carta firmada por Serrano en julio de 2017, en la que aborda detalles económicos y muestra una implicación directa en el proyecto, complica su línea de defensa. La propia UDEF ha atacado, a lo largo de la instrucción, la idea de que su papel en el proyecto fue meramente testimonial.
Serrano tuvo que dimitir como parlamentario el verano pasado acorralado por este caso –que fue denunciado ante la Policía Nacional por el vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez– y ha sufrido el embargo de sus bienes por parte de la Agencia Tributaria. Hacienda lo culpa de un quebranto "premeditado" de 1,37 millones de euros de la ayuda pública.
La alcaldesa del pueblo afectado por el proyecto investigado por fraude sitúa al juez Serrano en el origen de las gestiones
El turno de los testigos
Las fuentes consultadas señalan que las declaraciones no fueron concluyentes en cuanto a uno de los principales elementos por esclarecer, el destino del dinero. Queda tiempo por delante para aclararlo. La instrucción está arrancando.
Ahora será el turno de los testigos, que se sentarán ante el juez el miércoles y el jueves. Entre los testigos citados por magistrado Gutiérrez Castillas están: 1) El notario ante el que Serrano y Pelegrín constituyeron la sociedad Bio Wood Niebla, atribuyéndole una maquinaria que en realidad no existía mediante la aportación de unas facturas proforma. Dicho falseamiento del capital mediante una maquinaria en realidad inexistente fue fundamental para la obtención de la ayuda. 2) El ingeniero que realizó, según la Policía Nacional, un "supuesto peritaje" para aparentar que la empresa tenía un volumen que en realidad no tenía. 3) La alcaldesa de Niebla, el pueblo en el que se iba a poner a funcionar la fábrica de biocombustible que se no llegó a culminarse.
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