El procesamiento de 25 dirigentes independentistas —cuatro de los cuales ya estaban en prisión y siete huidos en el extranjero— y el encarcelamiento de cinco de ellos —entre los que se encontraba el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull—, unido a la detención en Alemania del expresident Carles Puigdemont cuando intentaba llegar a Bélgica y ponerse a salvo de la euroorden dictada contra él por el Tribunal Supremo, ha agitado el terremoto político que vive Cataluña y que amenaza con dificultar aún más la búsqueda de una solución que ponga fin a la intervención de la autonomía aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de octubre.
En un ambiente de creciente tensión, que ha llevado a Rajoy a recuperar la interlocución directa con Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Cs), suspendida prácticamente desde los días de la aprobación de la aplicación del artículo 155, con protestas en la calle y llamamientos políticos en los que la inmensa mayoría de las formaciones subrayan la gravedad del momento, los partidos rediseñan sus estrategias en busca de una solución que permita desatascar el embrollo en que ha entrado la política catalana.
El grupo de Junts per Catalunya, sacudido este domingo por la noticia de la detención de su líder, recupera la bandera de Puigdemont y propone que sea él, de nuevo, el candidato que se someta a la investidura en el Parlament, a pesar de que su situación judicial, que impidió la votación el pasado mes de enero, no sólo sigue vigente sino que ha empeorado con el procesamiento ordenado este viernes por el Supremo.
Así lo anunció en la mañana del lunes la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press. Artadi argumentó que la detención en Alemania del expresidente abre un nuevo escenario que permite pensar que esta investidura, pese a los obstáculos, es posible, y se refirió expresamente a la propuesta de reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat para legalizar la investidura no presencial de un candidato, prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional.
Hay “elementos nuevos”, señaló Artadi, como la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que el viernes instó a España a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sànchez puede ejercer sus derechos políticos”.
La convocatoria de la investidura de Puigdemont supondría un desafío a la legalidad constitucional que, con ese planteamiento, cuenta ya con el apoyo de la CUP, cuyo portavoz en el Parlament, Carles Riera, confirmó este domingo su disposición a investir “inmediatamente” al expresident.
Por eso mismo, tiene difícil encaje para Esquerra, que lleva meses defendiendo la necesidad de no cruzar ninguna línea roja para no poner en peligro a más dirigentes independentistas. Su portavoz, Sergi Sabrià, ya ha dejado claro que su prioridad no es la investidura de Puigdemont sino conseguir que salga en libertad. Eso no impedirá, en todo caso, que Esquerra defienda, en el pleno del Parlament que ha sido convocado para el miércoles, “los derechos políticos de todos los diputados de la Cámara”, así como la constitución del frente común propuesto por el presidente del Parlament, el también republicano Roger Torrent, para defender los derechos civiles y la democracia.
Atraer a nuevos sectores
Un frente al que Esquerra quiere atraer a sectores no independentistas, empezando por la Catalunya en Comú de Xavier Domènech y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Incorporar a esta formación a la lucha por la independencia no es un objetivo nuevo: figura como uno de los objetivos republicanos en el programa con el que Esquerra se presentó a las elecciones del 21D.
ERC quiere aprovechar el malestar creado por la detención de Puigdemont y los recientes encarcelamientos para generar un movimiento de masas equiparable al del ‘No a la guerra' contra el conflicto en Irak, la respuesta a los atentados del 11M o el rechazo a la sentencia del Estatut. “Sin democracia no habrá república y sin república no podremos consolidar nuestros derechos. No hay futuro dentro del Estado español y cada vez lo ve más gente”, concluyó Sabrià.
Pero el cambio de estrategia de JuntsxCat puede poner en peligro el acuerdo trabajosamente construido con Esquerra para hacer viable la elección de un candidato a president que cumpla las reglas del Estatuto y de la Constitución, que era lo que ambas fuerzas pretendían llevar a cabo, al menos nominalmente, con la propuesta de Jordi Sánchez, primero, y de Jordi Turull, después. Propuestas que la justicia no ha permitido tramitar pero que, en cualquier caso, no habrían salido adelante porque, sin la CUP, JuntsxCat y Esquerra no tiene votos suficientes para que el Parlament haga presidente a su candidato.
Ese escenario cambiará, sin embargo, si en las próximas semanas la justicia hace firme el procesamiento de Puigdemont y, sobre todo, ordena su ingreso en prisión una vez sea entregado a a España por las autoridades alemanas: será en ese momento cuando previsiblemente todos los procesados por rebelión sean suspendidos para el ejercicio de sus funciones como diputados. Si Toni Comín, el otro parlamentario huido que conserva escaño renuncia a él, JuntsxCat y Esquerra volverán a tener mayoría suficiente para decidir quién será el nuevo president de Cataluña... siempre que la CUP no pasase de la abstención al voto negativo en el debate de investidura.
En este escenario cambiante, y con el reloj que amenaza con llevar a nuevas elecciones ya en marcha, Catalunya en Comú-Podem también ha movido ficha. Su portavoz en el Parlament, Elisenda Alamany, anunció que su formación está dispuesta a negociar un candidato a la investidura si no es de JuntsxCat: “Continuamos creyendo que el Govern debe traspasar bloques para abrir una época en Cataluña que pueda responder a la actitud represiva del Estado”, recordó.
No son los comuns los únicos que han mutado de posición. Miquel Iceta lo dijo el sábado, en el fallido pleno de investidura de Jordi Turull, encarcelado por el Tribunal Supremo antes de que el Parlament pudiese votar su segundo intento de convertirse en president de la Generalitat. Y lo repitió este lunes: los socialistas catalanes están dispuestos a “abandonar el refugio de los bloques para avanzar en el campo abierto del diálogo” y dar salida desde un acuerdo amplio a la crisis institucional, política, económica y social que vive Cataluña. “Nos hemos de poner de acuerdo”, precisó, “algunos que piensan radicalmente diferente y radicalmente lo contrario sobre el artículo 155 de la Constitución”. Hace falta actuar con empatía y comprender a ambas partes y, a partir de ahí, buscar vías de entendimiento desde la política para evitar una fractura irreversible: “Hay que respetar la ley, pero estamos ante el problema político más relevante de la democracia desde 1981 y se necesita una solución política”.
“Los gobiernos de concentración son para situaciones excepcionales y no se me ocurre otra situación más excepcional que esta”, insistió este lunes en rueda de prensa Iceta. Cataluña necesita un Govern en el que esté “todo el mundo” y que, además de recuperar el control de las instituciones catalanas, impulse la economía, contribuya a un nuevo pacto social y a avanzar en el autogobierno y la mejora de la financiación.
La idea no ha suscitado ningún aplauso en el arco político catalán, sólo rechazo. Salvo por parte de Catalunya en Comú-Podem, que sin embargo no la ve viable precisamente por la oposición del PSOE. “Muchas veces no es lo que quiera el señor Iceta, sino lo que el señor Pedro Sánchez le deje hacer", declaró Elisenda Alemany.
El PSOE no respalda a Iceta
Así ha sido: la propuesta no ha merecido el apoyo de la dirección de Sánchez, que en el pasado siempre se había mostrado en sintonía con la estrategia de Iceta. Más bien todo lo contrario. La número dos del partido, Adriana Lastra, en rueda de prensa desde la sede de los socialistas madrileños, pasó por alto la idea del primer secretario del PSC y repitió, una y otra vez, el guión aprobado por el PSOE después de las elecciones catalanas del 21D: los socialistas catalanes del PSC en ningún caso van a apoyar a ningún candidato independentista porque el independentismo es “insolidario y excluyente". "No tenemos nada que ver con la causa independentista. Que nadie nos busque ahí”, subrayó.
Lastra mantuvo, sin mover una coma, la posición oficial del PSOE, muy distinta a la que Iceta lleva defendiendo desde el sábado: los independentistas tienen mayoría en el Parlament, así que deben ser ellos los que encuentren un candidato viable.
Lastra quiso restar fondo político a la propuesta del líder del PSC, que él mismo estaba reafirmando a esa hora en una comparecencia ante la prensa, interpretando que sus palabras sólo eran un llamamiento a "superar" la actual "ruptura social" entre catalanes basada en la idea de que “no hacen falta frentes" porque son precisamente los frentes los que han desembocado en la situación actual.
Una vez más, la dirección del PSOE —a través de Lastra— reafirmó su respaldo a las decisiones del juez Pablo Llarena, que la semana pasada ordenó encarcelar a cinco dirigentes independentistas, entre ellos el que en ese momento era el candidato del Parlament a la Presidencia de la Generalitat. España es un “Estado social democrático de Derecho” en el que todos están “obligados a cumplir la ley”, zanjó la mano derecha de Sánchez.
La apuesta de Iceta por una “solución política” es la misma que el PSC y el PSOE defendieron desde que Sánchez regresó a la Secretaría General del PSOE hasta el 21D. Ambos partidos enterraron este mensaje después de que las elecciones catalanas, que revalidaron la mayoría absoluta del independentismo, echasen por tierra el objetivo que se habían fijado de convertir el socialismo catalán en la clave de bóveda de la salida de la crisis abierta con la declaración de independencia y la aplicación del articulo 155.
A partir de ese momento PSC y PSOE asumieron el mismo discurso, que es el que Lastra repitió este lunes: los ciudadanos han dejado la responsabilidad en manos de los independentistas y son ellos los que tienen que formar gobierno. Hasta ahora: la propuesta de Iceta —que ha sido rechazada expresamente por Esquerra y no ha obtenido más que el tibio respaldo de los comuns— rompe la unidad de discurso en la familia socialista.
Ciudadanos pide la dimisión de Torrent
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Ciudadanos, la formación más votada por los catalanes en las elecciones del 21D, no se quedó al margen, aunque su propuesta dista mucho de las de los demás grupos políticos. Su portavoz Inés Arrimadas anunció que Cs defenderá en la Cámara una resolución para pedir la dimisión de Roger Torrent, al que acusan de ejercer “sistemáticamente” sus funciones como presidente del Parlament “de manera arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas y faltando a la neutralidad institucional que le es debida”.
A falta de un pronunciamiento del líder del PP catalán, Xavier García Albiol, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó a JuntsxCat que si Puigdemont no es hoy president es porque el Ejecutivo recurrió su investidura al Constitucional y que las medidas cautelares aprobadas entonces siguen vigentes. Cataluña, subrayó, “necesita un presidente de la Generalitat dentro de la ley y fuera de la cárcel. Lo demás es seguir utilizando Cataluña como si fuera un escenario de los independentistas”.
En cuanto al frente común que Torrent ha puesto encima de la mesa, Sáenz de Santamaría le acusó de “extralimitarse en sus funciones. Se le olvida que es el presidente del Parlament y que la primera función que tiene y está incumpliendo es proponer un candidato viable en Cataluña. Lo demás es aderezo”, concluyó.
El procesamiento de 25 dirigentes independentistas —cuatro de los cuales ya estaban en prisión y siete huidos en el extranjero— y el encarcelamiento de cinco de ellos —entre los que se encontraba el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull—, unido a la detención en Alemania del expresident Carles Puigdemont cuando intentaba llegar a Bélgica y ponerse a salvo de la euroorden dictada contra él por el Tribunal Supremo, ha agitado el terremoto político que vive Cataluña y que amenaza con dificultar aún más la búsqueda de una solución que ponga fin a la intervención de la autonomía aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de octubre.