Cataluña, policía, prisiones, ‘ongi etorris’ y ‘okupación’: las prioridades legislativas del PP en lo que va de legislatura

En plena pandemia mundial provocada por un virus que ha acabado, solo en nuestro país, con la vida de más de 90.000 personas y en medio de una crisis económica y social sin precedentes desde la Guerra Civil, las prioridades legislativas del PP de Pablo Casado durante la primera mitad de la legislatura siguen siendo Cataluña, el orden público y el control de la justicia.

 El PP ha presentado en la primera mitad de la legislatura 30 proposiciones de ley (31 si se suma la que acaba de firmar de común acuerdo con Cs para extender a la cadena perpetua, que en España se llama prisión permanente revisable, a los asesinos que no revelen el paradero de sus víctimas). De ellas 13 se tramitaron durante la etapa de Cayetana Álvarez de Toledo al frente del grupo parlamentario (hasta el verano de 2020) y el resto ya con Cuca Gamarra como máxima responsable de los diputados del PP. 

Su contenido resulta muy revelador de cuáles son las prioridades del PP. En primer lugar, Cataluña. Los conservadores han presentado en el registro hasta cuatro iniciativas legislativas relacionadas con el conflicto político en la comunidad catalana. 

De ellas, de momento, sólo ha decidido llevar una al Pleno del Congreso: la que pretendía limitar el derecho de gracia del Gobierno con el fin de que no pudiese conceder indultos a los condenados por el procés. Y a cualquiera que en el futuro sea condenado por los delitos de rebelión y sedición. La propuesta fue rechazada por una amplísima mayoría: 192 votos en contra (los de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, Compromís, Más País, BNG, PNV, EH Bildu y la CUP), 149 a favor (PP, Vox, Cs, UPN y Foro) y tres abstenciones (Teruel Existe, PRC y Coalición Canaria).

Las otras tres iniciativas siguen a la espera de que el PP decida una buena ocasión de someterlas a debate en el pleno del Congreso. La primera quiere devolver al Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegales y la segunda propone modificar la ley electoral para que los huidos de la justicia, como Carles Puigdemont, no se puedan presentar a ningún proceso electoral.

Con la tercera el PP pretende cambiar la ley de partidos para establecer un mecanismo que permita suspender temporalmente o limitar de manera parcial la financiación con fondos públicos estatales que reciben aquellas formaciones en cuyo seno haya personas condenadas por delitos contra la Constitución, el orden público, la comunidad internacional o por traición.

La segunda gran prioridad de los de Casado en lo que va de legislatura es el orden público y la justicia. En este capítulo han presentado hasta ocho iniciativas de las que cinco ya se han debatido. Todas fueron rechazadas.

En primer lugar, dos que trataban de reformar los mecanismos de elección del Fiscal General del Estado y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para adecuarlos a las preferencias del PP. La primera sólo obtuvo 160 síes (PP, Vox, Junts, Cs, Foro, UPN, CC) frente a 185 noes (PSOE, UP, ERC, Compromís, PDeCAT, Más País, PNV, EH Bildu, CUP y Nueva Canarias) y dos abstenciones (Teruel Existe y Esquerra). La segunda fue derrotada por una diferencia aún mayor: 154 síes (PP, Vox, Cs, UPN, Foro, CC) y 190 noes (todos los demás).

La tercera que ya se ha debatido y ha sido rechazada es una que trataba de poner el foco en la okupación ilegal de viviendas. Sólo logró el respaldo de 157 diputados (PP, Vox, Cs, PNV, UPN, Foro, CC). Votaron en contra 179 (PSOE, UP, ERC, BNG, Más País, EH Bildu, CUP y Nueva Canarias) y se abstuvieron ocho (Junts y Teruel Existe). Y la cuarta pretendía crear un estatuto específico para los funcionarios de prisiones: tampoco mereció el respaldo de la Cámara baja y fue rechazada: 157 síes (PP, Vox, Cs, Más País, Compromís, UPN, CC y Foro) y 191 noes (todos los demás).

La quinta y más reciente en estrellarse en el pleno de la Cámara baja es la que proponía igualar las retribuciones de policías y guardias civiles con las de mossos y ertzainas mediante el procedimiento de prohibir que ninguna comunidad pueda subir los salarios de los policías autonómicos por encima del de los agentes que dependen de Interior. 

Pendientes tienen otras tres. En primer lugar, la que plantea que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad (un cambio normativo que PSOE y Unidas Podemos quieren hacer aprovechando la reforma de la ley mordaza). 

Las otras dos son la ya citada que plantea extender la cadena perpetua cuando el asesino no revele el paradero de su víctima y una modificación legal para permitir la prohibición de homenajes o actos de bienvenida a expresos de ETA cuando salen de la cárcel.

En materia energética

El PP también ha presentado tres iniciativas en materia energética. La más conocida es la que planteaba que el Gobierno renunciase a determinados ingresos para facilitar la reducción del recibo de la luz. Fue rechazada por 169 votos en contra, 154 síes (PP, Vox, Cs, UPN, Foro, y CC) y 25 abstenciones (ERC, PDeCAT, BNG, PNV, Teruel Existe y PRC). Meses después volvieron a presentarla para replantear el debate, pero el Gobierno hizo uso del derecho a veto que le reconoce el reglamento de la Cámara cuando se presentan iniciativas que pueden descuadrar los Presupuestos.

Las otras dos están pendientes de debate: la primera busca rebajar la factura de la luz a sectores económicos estacionales de la agricultura, la hostelería, el turismo y el comercio; y la segunda busca regular la producción de hidrógeno para, entre otras cosas, garantizar que pueda seguir utilizándose combustibles fósiles.

La segunda versión de la reforma legal para bajar el recibo de la luz no es la única proposición de ley del PP que el Gobierno rechazó amparándose en su derecho a impedir el debate de normas que puedan afectar a las cuentas públicas. También se ha opuesto a la tramitación de una ley para la supresión del impuesto del patrimonio (que en la actualidad está transferido a las comunidades autónomas) y a una iniciativa que proponía la creación de la autoridad independiente de gestión de los fondos europeos que Casado reclama desde el verano de 2020. 

El PP presentó una única proposición de ley relacionada con la pandemia: una norma con la que los de Casado pretenden que las comunidades autónomas puedan tomar decisiones que afectan a derechos fundamentales sin tener que recurrir a los tribunales, algo que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que ni siquiera puede hacerse con la declaración del estado de alarma.

Fue rechazada nada menos que por 249 diputados (PSOE, Vox, UP, ERC, Junts, BNG, MP, Compromís, PDeCAT, Cs, EH Bildu, CUP, ERC y Nueva Canarias), la derrota más abultada del PP en lo que va de legislatura. Los de Casado sólo lograron 98 votos a favor (PP, PNV, UPN, Foro y CC) y el único diputado de Teruel Existe se abstuvo.

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A pesar de que el juego de mayorías en el Congreso sigue siendo el mismo, el PP ha vuelto a presentar la iniciativa en el registro del Congreso, a la espera de una oportunidad de plantear una vez más el mismo debate. 

Los de Casado tienen otras nueve proposiciones de ley en el Congreso pendientes de que el PP les dé prioridad y las incluya en el orden del día del PP dentro del cupo al que tiene derecho. Entre ellas están la ley de cuidados paliativos que defienden como alternativa a la de eutanasia, una propuesta para que los animales dejen de ser considerados como cosas o una iniciativa que trata de prolongar el derecho a cazar en los parques nacionales donde va a dejar de ser posible.

También hay propuestas para cambiar la regulación de los registros civiles, asumir gastos de los afectados por el terremoto de Lorca, regular la publicidad sanitaria, promocionar el mecenazgo o garantizar durante la pandemia las asignaciones a las entidades de interés social en la declaración de la renta y gobernar la transformación digital de España.