Dos catedráticos explican a Felipe González la diferencia entre el Chile de Pinochet y la Venezuela de Maduro

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, acaparó (otra vez) la semana pasada la atención mediática después de que en una rueda de prensa junto a Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, dijera que "el estado de sitio del Chile de Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que el paraíso de paz y prosperidad de Maduro". La comparación ha tenido cierto impacto internacional y ha indignado especialmente a las víctimas de las dictaduras militares que recorrieron América Latina en la segunda mitad del siglo XX. 

El pasado junio González quiso participar en la defensa de los líderes opositores venezolanos presos Leopoldo López y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, pero no obtuvo permiso del Gobierno venezolano para hacerlo. Esta negativa es la base de la argumentación en la que basó la polémica afirmación sobre Pinochet y Maduro de la pasada semana. Aseguró que durante la dictadura chilena fue autorizado a visitar en la cárcel a dos condenados por el régimen que fueron excarcelados más tarde, algo que no le permitió Venezuela. 

En cualquier caso, más allá de la repercusión mediática de estas declaraciones, la realidad de los datos y la opinión de los expertos pone negro sobre blanco lo desafortunado de la comparación. Joan del Alcàzar, catedrático de Historia Contemporánea con veinte años de experiencia académica centrada en América Latina, recuerda que en Chile es el propio Estado el que desde 1991 ha puesto en marcha comisiones integradas por abogados y especialistas en derechos humanos para reconocer a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y otorgarles una reparación. 

Las conclusiones del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1990, presidida por Raúl Rettig, y, después; del documento de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por Sergio Valech, son rotundas. Sumando los casos de detenidos, desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos el número de víctimas de la dictadura de Pinochet alcanzó las 40.018 personas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. De ellas, 3.065 están muertas o desaparecidas.

"La chilena fue una dictadura de seguridad nacional claramente represiva en la que hubo una política específica en alianza con el resto de regímenes militares que había en ese momento en América Latina. En ese tiempo se practicaba la detención arbitraria, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas", señala Del Alcàzar. Por eso, las palabras de González, a su juicio, han sido "extraordinariamente ofensivas" para las víctimas y familiares de asesinados, detenidos o desaparecidos en Chile, pero también de las dictaduras de Argentina, Uruguay, Brasil..., así como para cualquier persona vinculada a la defensa de los derechos humanos en América Latina. "La comparación es una barbaridad", sentencia. 

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, cuestiona, además, la base de la comparación que esgrimió Felipe González. "En materia de derechos humanos, si hay un principio claro, es que no se puede considerar un elogio una violación menor. Argumentar sobre el hecho de que uno ha violado menos o no lo ha hecho en un determinado aspecto es perverso y supone rebajar la noción misma de derechos humanos", señala. 

En este sentido, De Lucas explica que en el fondo de esta argumentación está la postura neoliberal que estima que algunos derechos humanos (las libertades públicas y los derechos personales) son más importantes que otros (los derechos sociales que exigen prestaciones). "Lo que deducimos de estas declaraciones es que Felipe González ha perdido el norte y mide los derechos humanos en términos de mercancía. Es un disparate absoluto", subraya. 

Además, insiste en que en el caso de Chile no hubo excepciones en el respeto a los derechos humanos porque "no se respetó ninguno". "Para el gran colectivo de la gente opuesta al régimen no hubo derechos humanos protegidos. Les privaron de derechos sociales, de libertades civiles y practicaron contra ellos y del modo más salvaje, sistemático y organizado dos de los crímenes más horrendos que se pueden cometer contra los derechos humanos: la tortura y las desapariciones forzosas", sentencia. 

Venezuela: "una huida hacia adelante"

No obstante, más allá de lo desafortunado de la comparación, ambos coinciden en subrayar las carencias democráticas que, a su juicio, rodean al Gobierno de Nicolás Maduro. "El régimen bolivariano es una huida hacia adelante absolutamente difícil de justificar", señala Del Alcàzar. Tanto es así que estima que las palabras del ex presidente socialista son casi un "regalo" para los que defienden sin ambages al Gobierno bolivariano.

"En América Latina, fundamentalmente en los sectores de izquierda o incluso en el centro-izquierda, hay una especie de papanatismo en torno al bolivarianismobolivarianismo. Algunos tienen la creencia de que alinearse en su contra tiene un efecto semiautomático que es que te alinea con EEUU, con el imperialismo. Ese sector ha recibido un balón de oxígeno con estas declaraciones", asevera. 

También Javier de Lucas tiene palabras de crítica para el Gobierno de Venezuela. "Es repugnante que haya presos políticos y procesos sin garantías. Lo que está haciendo Maduro me parece una deriva inaceptable de confusión, de eliminación de la división de poderes, de las garantías y derechos, de la libertad de prensa... hay cosas gravísimas, pero lo que no se puede es desbarrar cómo lo ha hecho Felipe González", sentencia. 

De hecho, ONG como Amnistía Internacional vienen rubricando en diferentes informes publicados en los últimos años las carencias del Gobierno bolivariano, especialmente en materia de separación de poderes, garantía de procesos judiciales o libertad de prensa. En el informe Los rostros de la impunidadrostros de la impunidad, publicado el pasado marzo, la organización denunciaba que Venezuela no había investigado ni puesto en manos de la Justicia a los responsables de la muerte de 43 personas –seis de ellos policías– y de las heridas y torturas sufridas por cientos durante las protestas que tuvieron lugar en 2014. 

Otro de los puntos en los que, de forma más reciente, ONG como Amnistía Internacional han denunciado vulneración de derechos humanos por parte de Venezuela ha sido en la frontera con Colombia, en el Estado de Táchira. La organización aseguró en un comunicado que en los cuatro días siguientes al estado de excepción decretado en esa zona el pasado 21 agosto al menos 1.000 personas fueron deportadas a Colombia sin tener la posibilidad de impugnar su expulsión o sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias. 

En algunos casos se denunciaron maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías. La ONG solicitó que, en su intento de mantener la seguridad y el orden público, el Gobierno de Venezuela lo haga manteniendo todas las salvaguardias previstas en los instrumentos legales internos y ajustándose a las normas internacionales de derechos humanos.

AI también ha cuestionado la sentencia de 13 años y nueve meses de prisión contra Leopoldo López "sin ninguna evidencia absoluta" lo que, a juicio de la ONG, "muestra la absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial" en el país. "Con esta decisión, Venezuela está eligiendo ignorar principios básicos de derechos humanos y dando luz verde a los abusos", señaló la organización en un comunicado.