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Tribunales

La causa contra dos ediles de Ahora Madrid impulsada por el PP y una asociación de Villarejo que lleva dos años estancada

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Casi dos años después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid admitiese a trámite la querella del grupo municipal del PP contra los concejales del consistorio de la capital Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, la causa sigue sin avanzar. La jueza que está llevando a cabo la instrucción se resiste por el momento tanto a dar carpetazo al asunto, como han solicitado sin éxito en más de una ocasión los investigados, como a formular auto de acusación contra los dos ediles y la exconsejera delegada de la empresa pública Madrid Destino Ana Varela. En conversación con infoLibre, Sánchez Mato denuncia que la causa “lleva dos años embalsada” y critica que se sostenga sobre la “alianza interesada” entre el PP y la Asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario jubilado José Manuel Villarejo, para “apartar a rivales políticos”.  De hecho, asegura que el colectivo ha utilizado su personación como “herramienta de negociación” para que IU “se retirase” de otros procesos judiciales en los que está personada y para “tener información” del procedimiento.

La causa arrancó con la querella que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid interpuso en mayo de 2017 contra Sánchez Mato, Mayer y Varela por su condición de ex altos cargos de la empresa pública Madrid Destino. Presentado en el juzgado unas semanas después de que los ediles llevasen a la Fiscalía Anticorrupción supuestas irregularidades en los contratos de gestión del torneo de tenis Mutua Madrid Open de la época de Alberto Ruiz-Gallardón, el escrito del grupo municipal conservador se centraba en el encargo de dos informes externos por importe de 50.000 euros. Algo que se hizo, según recoge la querella, “a espaldas del Consejo de Administración [de Madrid Destino]” e “infringiendo la normativa reguladora de contratación”, lo que podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Con estos estudios, que fueron elaborados por dos bufetes privados, los concejales acudieron ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el caso Open, que terminó siendo archivado.

Un mes después de la interposición de la querella, en junio, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid la admitió a trámite y Sánchez Mato, Mayer y Varela adquirieron la condición de investigados, algo que fue aprovechado por la formación conservadora para exigir su cese a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Tras conocerse la admisión de la querella, las defensas de los ediles presentaron un escrito ante la jueza instructora solicitando que se acreditase la personalidad jurídica de los querellantes al entender que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid carecía de “capacidad jurídica para obrar y ejercitar acciones e interponer la querella”. Una interpretación que, no obstante, fue rechazada unos meses después, en noviembre, por la Audiencia Provincial de Madrid. “[Es] plenamente ajustado a derecho procesal que los integrantes de un grupo político decidan ejercitar las acciones que estimen convenientes con la referencia al grupo político que representan”, señaló en respuesta a un recurso interpuesto por los concejales.

La conexión Villarejo

El escrito remitido a la juez instructora ponía en riesgo la continuidad de la causa porque, de ser aceptado, el grupo municipal conservador se caería del caso. Entonces, pocas horas después de que las defensas pidiesen que se acreditase la personalidad jurídica del PP en el Ayuntamiento de Madrid, se adhirió a la querella la Asociación Transparencia y Justicia. Esta entidad, constituida en 2005 y que operó hasta 2011 con el nombre de Asociación para la Protección de los Inversores, ya fue expulsada de una de las piezas del caso Nicolás por su “clara vinculación”, como señaló la Fiscalía, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, investigado en el marco del caso Tándem por organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho o revelación de secretos. Durante sus años de actividad, Transparencia y Justicia ha estado personada en diferentes causas mediáticas, como por ejemplo el caso Campeón o Lezo, la causa en la que está siendo investigado, entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Esta asociación también ejerció la acusación popular en el incidente de tráfico de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Sin embargo, su retirada en el momento oportuno permitió a la exdirigente conservadora esquivar el banquillo de los acusados por la fuga al volante que protagonizó en abril de 2014 por pleno centro de Madrid. Los nexos de unión entre la Asociación Transparencia y Justicia y el comisario Villarejo tienen nombres propios: David Macías y Rafael Redondo. El primero, representante legal de la entidad, figuraba como administrador único de una sociedad controlada por Club Exclusivo Empresarial, una de las firmas matrices del conglomerado empresarial montado por Villarejo. Redondo, que figuraba como secretario general de Transparencia y Justicia, ha sido socio de Villarejo y está siendo investigado por varios delitos, entre ellos organización criminal y blanqueo de capitales. De hecho, el abogado estuvo en prisión preventiva durante diez meses. El pasado septiembre, el magistrado decretó la puesta en libertad de Redondo previo pago de fianza.

“Herramienta de negociación”

Casi dos años después de la interposición de la querella contra los concejales de Ahora Madrid, los acusados defienden su inocencia y critican que la causa no avance ni hacia el archivo ni hacia la apertura de juicio oral. “La denuncia lleva embalsada durante dos años”, afirma en conversación con este diario Carlos Sánchez Mato, que sostiene que “hay cierto interés en mantener viva la querella”. El último escrito que las defensas presentaron en el juzgado pidiendo que se diera carpetazo al asunto data de comienzos de enero. El órgano judicial respondió, el 21 de enero, con una providencia de una página en la que señala: “Dada cuenta por presentado el anterior escrito (…), únase a los autos de su razón y estese a lo acordado”. Una “fórmula críptica” que, según denunciaron las defensas en un recurso de apelación una semana después, impide saber si se archiva o no la causa. Son los últimos movimientos que se han producido. Consultado por infoLibre sobre la parálisis de la causa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que no dispone “de información sobre el caso”.

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Sánchez Mato es tajante cuando se le pregunta por la Asociación Transparencia y Justicia. En su opinión, el caso por el que se encuentra investigado se ha sostenido por la “alianza interesada” entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el Partido Popular que en ocasiones ha sido utilizada para “apartar a rivales políticos”. En este sentido, sostiene que la entidad ha utilizado su personación “como una herramienta de negociación para intentar que IU se retirara de otros procesos judiciales en los que estaba personada”. De hecho, asegura que “han intentado” extorsionarles diciendo “que ellos se retiran y la dejan caer” si la formación capitaneada por Alberto Garzón se aparta “de otras cosas”. Sánchez Mato señala que les han pedido hacerse a un lado “en algún caso concreto”, pero rechaza dar más detalles al respecto. No obstante, apunta: “Que lleguen donde quieran, pero nosotros no nos vamos a retirar jamás de perseguir la corrupción”.

El concejal en el Ayuntamiento de Madrid señala que el interés de la Asociación Transparencia y Justicia con la causa ha sido nulo. “En las declaraciones que se han realizado en sede judicial o no han preguntado o ni siquiera han ido”, asevera. A día de hoy, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas, la entidad vinculada con Villarejo no tiene actividad y está renunciando a diversos procedimientos judiciales en los que estaba personada.

infoLibre se ha puesto en contacto para la elaboración de esta información con el abogado Rafael Redondo, el que fuera socio de Villarejo y secretario general de Transparencia y Justicia, que ha declinado hacer declaraciones sobre el tema. 

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