Un año después del referéndum ilegal en Cataluña, la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los dirigentes del proceso soberanista encara su recta final. A comienzos de noviembre, Fiscalía y Abogacía del Estado presentaron sus escritos de acusación, discrepando sobre si los hechos eran constitutivos de un delito de rebelión –defendido por el Ministerio Público– o de sedición –propuesto por los servicios jurídicos del Estado–. El proceso, en el que están encausadas un total de veinticinco personas –siete de ellas permanecen huidas– y que arranca el próximo martes con las cuestiones previas, podría alargarse entre dos y tres meses, según el calendario que maneja el alto tribunal. Y para que se haga pública la sentencia habrá que esperar, al menos, hasta el próximo junio. Una vez conocido el fallo, se iniciará en la Audiencia Nacional el juicio contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra, en la que están procesados el exmajor Josep Lluís Trapero, el exdirector y la intendente del cuerpo policial y el ex secretario general de la Consellería de Interior.
Estas dos son, de lejos, las principales causas abiertas en el marco de aquel intenso otoño independentista. Pero no son las únicas. El referéndum del 1 de octubre dejó en Cataluña un mapa judicial abrumador. Solo en los tres meses siguientes a la celebración de la consulta se interpusieron en decenas de juzgados catalanes más de tres centenares de denuncias por lesiones durante las cargas policiales y más de media docena por la presunta inacción de los Mossos a la hora de impedir la votación. En la actualidad, más de un año después, se calcula que todavía hay abiertos procedimientos relacionados con el procés en más de una treintena de juzgados de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. A preguntas de infoLibre, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconocen que no disponen de una relación detallada de todos los casos que se están investigando por toda la comunidad.
Las causas abiertas en los juzgados catalanes engloban un amplio abanico de delitos. Desde la desobediencia a las lesiones, pasando por malversación de fondos públicos, revelación de secretos o prevaricación en los preparativos del referéndum. Entre los investigados hay dirigentes políticos, empresarios, policías o mossos, entre otros. Aunque no hay cifras oficiales, el pasado 1 de octubre, con motivo del aniversario de la consulta, la Generalitat de Cataluña hizo público un informe en el que hablaba de actuaciones policiales, judiciales y de la Fiscalía contra 800 personas por el 1-O. Unas cifras, sin embargo, muy alejadas de las que el presidente del Ejecutivo catalán, Quim Torra, ofreció a finales de septiembre: “La pregunta que yo me hago, presidente Sánchez, es de qué conflicto está hablando, con presos políticos con exiliados, con casi 2.000 catalanes que están siendo investigados que tendrán que pasar por los juzgados”.
Macrocausa por la logística del 1-O
De todas ellas, la que acumula un mayor número de investigados es la que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El procedimiento arrancó en febrero de 2017 a raíz de dos denuncias interpuestas por el partido ultraderechista Vox y el abogado Miguel Durán por unas declaraciones del exsenador de ERC y juez Santiago Vidal en las que afirmaba que la Generalitat contaba con “todos” los datos fiscales de los catalanes, con una partida en los Presupuestos para el referéndum y con un listado de jueces cercanos al independentismo para poner en marcha “la estructura judicial de la República”. En un primer momento, el titular del juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer, centró las pesquisas sobre el exsenador de Esquerra y el expresidente del Consell Nacional para la Transición Carles Viver i Pi Sunyer. En ambos casos, el juez sospechaba que participaron en la creación y desarrollo de las denominadas estructuras de Estado.
Con el paso de los meses, las pesquisas sobre las presuntas irregularidades en torno a los preparativos de la consulta se han ido ampliando. A día de hoy, con la instrucción encarando su recta final, en la causa están investigadas 41 personas. La larga lista incluye a empresarios, asesores o antiguos y actuales altos cargos de la Generalitat. En este último grupo se encuentran el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, el ex secretario general de la Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové o el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, estos dos últimos detenidos durante la oleada de registros que se llevaron a cabo diez días antes del referéndum. En concreto, la nueva titular del juzgado, Alejandra Gil, tendrá que dilucidar si se cometió prevaricación, desobediencia, revelación de secretos o malversación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Sobre el último delito, las divergencias han sido enormes. A finales de septiembre, el magistrado Ramírez Sunyer —recientemente fallecido— encargó al Ministerio de Hacienda un informe pericial sobre el coste para las arcas públicas de la consulta. Dos meses después, los técnicos del ministerio aseguraron que si bien se habían previsto para el referéndum más de 800.000 euros, sólo se desembolsaron 196.906 euros. Esta cifra se aleja enormemente de la que puso sobre la mesa la Guardia Civil, que en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 13 elevó a 4 millones de euros el gasto de “fondos públicos” en el procés. El Ministerio Público, por su parte, calculó en su escrito de acusación contra los líderes independentistas procesados en el Tribunal Supremo que la Generalitat había destinado para la celebración del referéndum 3,07 millones de euros.
Investigaciones por las cargas policiales
Otro de los juzgados con gran actividad es el de Instrucción número 7 de Barcelona, que investiga la actuación policial en varios colegios públicos de la Ciudad Condal para impedir la celebración de la consulta. El caso arrancó solo tres días después del 1-O, cuando el titular del órgano judicial, Francisco Miralles, dictó apertura de diligencias tras la denuncia presentada por la Generalitat de Cataluña contra la actuación de los diferentes dispositivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a la que posteriormente se sumaron decenas de denuncias de particulares por las cargas. El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que se personaba como acusación popular en todas las causas acumuladas en el juzgado de instrucción por estos hechos ante la “ausencia de la Generalitat” y la “inacción” de un Ministerio Público “al servicio del Gobierno”, según apuntó entonces el teniente de alcalde de Derechos Civiles, Jaume Asens.
En su momento, el magistrado decidió dividir en piezas separadas las 27 operaciones policiales que se llevaron a cabo en diferentes colegios de la ciudad. Algunas de estas causas fueron archivadas al entender el juez que no había imágenes de los hechos descritos en las denuncias, que los agentes no habían sido identificados con total seguridad o que su actuación no había sido desproporcionada. Es lo que pasó, por ejemplo, el pasado mes de julio, cuando decidió dar carpetazo a 43 denuncias presentadas por varios heridos en seis centros educativos. “El uso de la fuerza es legítimo siempre que haya una justificación para ello y se realiza con la debida proporcionalidad”, aseveró tras analizar las pruebas audiovisuales aportadas el magistrado, que recordó que “los agentes de la policía recibieron órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la utilización de locales públicos para la celebración del referéndum”.
A pesar de ello, todavía se investiga la intervención de la Policía Nacional en otros siete colegios de Barcelona. En total, permanecen imputados casi una treintena de agentes, según informó a finales de noviembre el teniente de alcalde de Barcelona. En varios autos, el magistrado ha señalado que la intervención de algunos policías durante los operativos del 1 de octubre pudo ser “indiscriminada y desproporcionada”, por lo que algunos agentes pudieron incurrir aquel día en una infracción penal. Así, por ejemplo, en un auto sobre la intervención en Escoles Pies de Sant Antoni, el juez apuntó que, sin previo aviso, los policías agarraron, lanzaron al suelo o empujaron a las personas concentradas “sin miramiento alguno y utilizando ciertamente una violencia desproporcionada”. Desde el Sindicato Profesional de la Policía han criticado que el magistrado Miralles no acepte informes médico-forense de los “al menos 22 funcionarios” heridos durante la consulta.
En el marco de esta causa se encuentran investigados los once agentes que portaban el 1-O escopetas de balas de goma –cuyo uso está prohibido desde 2014 para los Mossos d’Esquadra– en el operativo montado en la escuela Ramón Llull, donde el músico Roger Español perdió la visión de un ojo por el impacto de uno de los proyectiles. En sede judicial y durante su declaración como investigado, un inspector de la Policía Nacional señaló que había ordenado disparar pelotas con el objetivo de dispersar a una masa que les había rodeado. Así, recordó que los agentes sufrieron una “agresión brutal” pues tuvieron que hacer frente al lanzamiento de vallas, adoquines y monedas. “Se quedan aislados y el inspector ordena disparar pelotas de goma cuando teme seriamente por la integridad física de sus hombres”, apuntó el abogado de varios de los agentes imputados. En la causa, además, deberá declarar como investigado el músico herido durante las cargas.
También el juzgado de instrucción número 2 de Manresa (Barcelona) ha llevado a cabo pesquisas sobre la intervención de la Guardia Civil en la comarca de El Bages. El pasado mayo, la titular del juzgado dio carpetazo a la investigación al descartar un “exceso” del Instituto Armado. Una valoración que choca de lleno con la de la Audiencia Provincial de Barcelona. El pasado mes de octubre, el órgano judicial admitió un recurso interpuesto por afectados y Fiscalía en el que pedían que se practicasen las diligencias necesarias para dilucidar si hubo excesos en un instituto de Sant Joan de Vilatorrada, algo que había sido desestimado por el juzgado número 2 de Manresa. En su auto, dos de los tres magistrados apuntaron que “en algunos casos concretos” no se actuó de forma “proporcional”. En este sentido, señalaron que no era “necesario” golpear “con porras y defensas de forma inopinada y sorpresiva” a todas aquellas personas que intentaron evitar la entrada de los agentes al centro educativo.
El papel de los Mossos
En mayo, al mismo tiempo que se daba carpetazo a la investigación abierta sobre la Guardia Civil en El Bages, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Manresa imputó a dos agentes de los Mossos por su actuación durante el referéndum del 1 de octubre. Y es que el tercer frente de las causas judiciales abiertas en suelo catalán tras la consulta afecta directamente al cuerpo policial autonómico, acusado de desatender la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir la votación. Hasta el pasado mes de agosto, un total de 72 mossos estaban siendo investigados en los tribunales en relación con el 1-O, según señaló en una respuesta parlamentaria el conseller de Interior, Miquel Buch. En el texto, el dirigente explicó que si bien se habían iniciado diligencias contra un total de 143 mossos, sólo la mitad de ellos aparecían como imputados. En este grupo hay comisarios, intendentes, inspectores, subinspectores, sargentos, cabos y agentes.
La supuesta inacción del cuerpo policial durante el 1-O está siendo investigada en varios juzgados catalanes. El pasado mes de septiembre, por ejemplo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell pidió a los Mossos que pusieran en manos de la Guardia Civil el contenido de todos los chats comunicativos que funcionaron el día del referéndum en la Región Metropolitana Norte, así como el listado de los agentes que trabajaron esa jornada. Además de en Sabadell, hay otros procedimientos abiertos en el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida y en el de Instrucción número 3 de Cornellà. En el marco de esta última causa, el pasado mes de octubre fueron imputados siete mandos de los Mossos d’Esquadra al apreciar el juez, tras un año de instrucción, “indicios fundados de criminalidad por cuanto el dispositivo policial pareciera haberse organizado con la intención de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas y consistentes en la evitación de la votación”.
Alcaldes bajo la lupa
El TSJC archiva la causa contra Buch y Lloveras por desobediencia grave por el 1-O
El último frente abierto pone el foco sobre el papel que jugaron los alcaldes catalanes durante la consulta. En este sentido, tanto el juzgado de Blanes (Girona) como el de Manresa comenzaron a instruir en su momento causas contra regidores y ediles por no haber acatado la orden del Tribunal Constitucional de suspender la consulta. A finales del pasado mes de octubre, por ejemplo, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio barcelonés emitió una resolución en la que afirmaba que de las diligencias realizadas se desprendía que existen “motivos suficientes” para enjuiciar al alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, por un delito de desobediencia grave a la autoridad. En el escrito, la jueza recordaba que el tribunal de garantías había dicho que se tenía que “impedir o paralizar cualquier iniciativa” relacionada con el 1-O y pedía al Ministerio Público que se pronunciase sobre si quiere llevar o no a juicio al regidor.
En septiembre de 2017, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a las fiscalías de Cataluña que abrieran diligencias de investigación a los alcaldes de los 712 municipios catalanes que aparecían en la lista de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) como firmantes del decreto en el que se comprometían a poner a disposición del Govern sus locales para la celebración de la consulta. Durante el último año, se han incoado diligencias contra varias decenas de alcaldes para dilucidar si cometieron o no un delito de desobediencia. Algunas de ellas se han ido archivando. Es el caso, por ejemplo, de la que se abrió contra el exalcalde de Tortosa y actual diputado en el Congreso por el PDeCAT Ferran Bel, a la que la Fiscalía del Tribunal Supremo dio carpetazo esta misma semana. “Creo que este criterio se tendría que mantener con todos los alcaldes”, aseveró Bel en redes sociales tras recibir la notificación.
A finales de noviembre, la fiscal general del Estado, María José Segarra, concretó que todas las diligencias de investigación abiertas contra alcaldes catalanes por el 1-O están a punto de concluirse. En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, Segarra explicó que el Ministerio Público no tiene ninguna causa general contra los regidores ni ninguna opinión generalizada al respecto. Por ello, apuntó que decidirán si judicializan o no tras analizar “caso por caso” y dependiendo de “las conductas personales”. Porque la línea que separa la comisión o no de un delito no es tanto si los consistorios firmaron cualquier decreto de respaldo a la consulta del 1-O, lo que podría entenderse como una simple declaración política, sino si también se llegaron a ceder locales de titularidad municipal para la celebración del referéndum.
Un año después del referéndum ilegal en Cataluña, la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los dirigentes del proceso soberanista encara su recta final. A comienzos de noviembre, Fiscalía y Abogacía del Estado presentaron sus escritos de acusación, discrepando sobre si los hechos eran constitutivos de un delito de rebelión –defendido por el Ministerio Público– o de sedición –propuesto por los servicios jurídicos del Estado–. El proceso, en el que están encausadas un total de veinticinco personas –siete de ellas permanecen huidas– y que arranca el próximo martes con las cuestiones previas, podría alargarse entre dos y tres meses, según el calendario que maneja el alto tribunal. Y para que se haga pública la sentencia habrá que esperar, al menos, hasta el próximo junio. Una vez conocido el fallo, se iniciará en la Audiencia Nacional el juicio contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra, en la que están procesados el exmajor Josep Lluís Trapero, el exdirector y la intendente del cuerpo policial y el ex secretario general de la Consellería de Interior.