CCOO y UGT impugnan el ERE de Tragsa en la Audiencia Nacional

CCOO y UGT han pedido a la Audiencia Nacional que declare nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa pública Tragsa, que va a suponer el despido de 726 trabajadores. Los sindicatos presentan la demanda después de que la plantilla rechazara en asamblea el principio de acuerdo alcanzado por los sindicatos y la empresa. En la filial,Tragsatec, donde también está en ciernes el despido de otros 610 trabajadores, ni siquiera se llegó al preacuerdo. En conjunto, se trata del mayor despido colectivo en un grupo público hasta el momento.

La demanda, presentada el viernes, impugna los despidos en la matriz, Tragsa. Ambos sindicatos alegan que no existen las causas económicas, organizativas y técnicas que la dirección de la empresa adujo para el ERE. Pero también que las 726 extinciones de contrato planteadas no son una medida "razonable, ni adecuada ni idónea". Según las previsiones del propio grupo, sus pérdidas este año rozarán los 10 millones de euros "en el peor de los escenarios". Al mismo tiempo, cifra en 31,56 millones de euros el ahorro que pretende obtener con los despidos; es decir, el triple del dinero que prevé perder. "Una situación que en principio podría considerarse coyuntural", destaca la demanda, "se ataja con una decisión estructural de gran calado y totalmente desproporcionada".

Porque, destacan CCOO y UGT, Tragsa ha tenido beneficios en 2012, incluso continuaba en números negros hasta el pasado mes de septiembre. Y la empresa prevé para 2014 unas cifras positivas de 4,5 millones de euros.

Además, los sindicatos reprochan a la empresa que planteara una iniciativa tan "drástica" sin haber adoptado previamente ninguna otra "medida laboral de tipo colectivo" –traslados, movilidad funcional, rebaja de salarios, descuelgue del convenio colectivo–, tal y como exige la reforma laboral, que sitúa el despido como "la última medida" y abandera la puesta en marcha de iniciativas de "flexibilidad" interna.

Durante las negociaciones, los sindicatos propusieron rebajas salariales y que se ampliaran las suspensiones de contrato y reducciones de jornada a toda la plantilla. La empresa, por el contrario, limitaba estas medidas a colectivos muy determinados de trabajadores. Y se negaba a tocar los sueldos de los directivos del grupo, que los sindicatos han denunciado por su excesivo volumen. Más de 200, no se han cansado de repetir, cobran por encima del presidente del Gobierno, que por ley tiene un sueldo de 78.185 euros al año. El salario medio en la sede central del grupo en Madrid es de 109.000 euros anuales. Por contra, el 50% de la plantilla del grupo no cobra más de 20.000.

En la demanda CCOO y UGT aseguran que, mientras el grupo negociaba con ellos los despidos, tanto en la unidad territorial de Andalucía y Extremadura como en la que forman Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias contrató a más trabajadores de los que proponía deshacerse en el ERE. En la primera se firmaron 224 nuevos contratos –la cifra de despidos previstos es de 207– y en la segunda 126 –73 despidos–. En el resto de las delegaciones se empleó a 71 personas más. El periodo de consultas duró 37 días.

Otra de las alegaciones sindicales se basa en el argumento de que Tragsa es una empresa con un régimen jurídico "de naturaleza y características muy especiales", un "medio propio de las Administraciones públicas", que forma parte de éstas "aun teniendo personalidad jurídica propia y [esté] constituida como empresa pública". Tragsa establece relaciones "instrumentales" y no "contractuales" con las administraciones, que a través de "encomiendas de gestión" le hacen encargos que está obligada a aceptar y cobrar según unas tarifas predeterminadas por una comisión, no a precios de mercado.

Por tanto, CCOO y UGT entienden que el despido colectivo de Tragsa debería haber seguido el procedimiento establecido para las administraciones públicas y no para las entidades públicas empresariales, que son distintos. Es decir, debería haber sido el Ministerio de Hacienda el que comunicara la medida, el plan de recolocación debería haberlo elaborado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el personal laboral fijo debería tener prioridad de permanencia y debería haberse acreditado la "insuficiencia presupuestaria sobrevenida" como causa del ERE.

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También aduce la demanda que Tragsa es un grupo mercantil a efectos laborales, por lo que la dirección debería haber presentado un único procedimiento de despido colectivo, en lugar de uno para la matriz, Tragsa, y otro para la filial, Tragsatec. Ambas empresas, explica, cuentan con una caja única, una apariencia externa de grupo, comparten trabajadores y patrimonio y poseen una dirección única: de los 29 miembros de su organigrama, 27 son comunes a Tragsa y Tragsatec.

Finalmente, CCOO y UGT consideran que la empresa no ha acreditado la caída de ingresos que esgrime para despedir a 726 trabajadores. "No ha aportado las cuantías exactas de la cifra de negocio de los seis trimestres anteriores al inicio del procedimiento [de despido]", apunta la demanda. Tampoco facilitó a los sindicatos durante la negociación las declaraciones de IVA. Ni las cuentas provisionales completas ni las de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la que pertenece Tragsa, ni un plan de viabilidad financiera. La ausencia de toda esta documentación tiene su importancia desde el momento en que el tribunal puede considerarla motivo de nulidad de los despidos, según prevé la ley y de acuerdo con un buen número de sentencias previas de la Audiencia Nacional.

El plazo para que los trabajadores del grupo Tragsa se apunten al plan de bajas voluntarias acabó el pasado día 20. Los despidos comenzarán en enero.