Demasiado cerdo en España: los ecologistas piden una moratoria ante el creciente impacto de las granjas porcinas

El impacto ambiental de la ganadería industrial en España no suele salir tanto a la palestra como el de las grandes empresas energéticas, el transporte o los plásticos, pero también existe. Y las organizaciones ecologistas están redoblando esfuerzos para manifestar su oposición al modelo y centran sus críticas en una de las modalidades: la ganadería porcina. Están pidiendo una moratoria de nuevas granjas, aunque por ahora con un éxito nulo. El país es el segundo productor a nivel europeo de carne de cerdo (solo superado por Alemania) y el cuarto a nivel mundial. El sector representa el 14% de la producción final agraria española. En los últimos años ha disfrutado de un crecimiento exponencial que ha logrado que, a día de hoy, se produzca un 170% más de producto que lo que necesita la demanda interna: la mayoría se destina a la exportación. Pero su desarrollo tiene una cara oscura, y habitualmente oculta: la contaminación del suelo, de las aguas y de la atmósfera y el cuestionable respeto al bienestar animal, así como su pobre capacidad para fijar empleo rural y lo precario de muchos de sus puestos de trabajo son algunas de las acusaciones habituales.

Cada vez hay más granjas porcinas en España, aunque la oposición, aglutinada bajo la Plataforma Stop a la Ganadería Industrial (con las principales organizaciones ecologistas y muchas de ámbito local) prefiere llamarlas "fábricas de carne". El modelo está orientado a la producción en masa para maximizar beneficios. Los cerdos se hacinan en un espacio cuanto más reducido permita la legislación, mejor. Se alimentan con pienso que en muchas ocasiones proviene de la otra parte del mundo, se les medica con antibióticos y se sacrifican sin vigilar en ocasiones que los animales estén correctamente aturdidos para evitar su sufrimiento, como han denunciado en múltiples ocasiones los animalistas que han logrado atestiguar lo que sucede en los mataderos. A pesar de que la ley lo protege explícitamente.

Sin dejar de lado en ningún momento el bienestar animal, los ecologistas se centran en los impactos ambientales de la ganadería industrial y, en concreto, de la enorme cabaña porcina que se mantiene, sobre todo, en el este y noreste de la Península. Una de las principales preocupaciones son los denominados purines: en esencia se trata de agua mezclada con excrementos de los cerdos, pero también con restos de detergente, metales pesados y antibióticos, procedentes de la limpieza de las instalaciones donde se encuentran los puercos. Esta agua se puede utilizar como fertilizante, pero no hay tanto campo en España como para aprovechar los litros y litros que se generan a diario. Por lo que se almacenan en enormes balsas que generan tanto amoniaco (España se salta el límite de emisiones de este gas que le impone la UE) como metano, un fuerte gas de efecto invernadero.

"No sabemos qué hacer con ellos"

Una vez se supera el límite de almacenamiento de las instalaciones, los purines simplemente se vierten en la tierra. El suelo se acidifica mediante esta técnica, convirtiéndolo en yermo: y el agua se filtra hacia las reservas de recursos hídricos subterráneos, los acuíferos. Dicha agua deja de ser potable: no sirve ni para cocinar. "Tenemos un volumen tan enorme de purines que no sabemos qué hacer con ellos", explica la coordinadora de la Plataforma Stop Ganadería Industrial, Rosa Díez. "Esas masas de agua, los acuíferos… las tendríamos que estar mimando, pero se están contaminando. Y más, en un contexto de emergencia climática" que reduce exponencialmente el agua dulce disponible, asegura. "Hay ya decenas de pueblos en toda España sin acceso a estos recursos". Una cifra: el 46% de los acuíferos de España están contaminados o en riesgo de contaminarse por los residuos de la industria agrícola y ganadera.

"No hay una voluntad política de luchar contra este problema en España", resume Díez. "Parece que el Gobierno está haciendo como que no existe y nunca se ha arreglado un problema sin reconocer que existe", critica. Se refiere al último decreto aprobado por el Ejecutivo a mediados de febrero, que sustituye a una norma del 2000 y que instaura nuevas exigencias para las granjas y macrogranjas porcinas en España. Para los ecologistas, no solo no es suficiente, sino que no aborda con profundidad ninguna de las cuestiones pendientes. Obliga a cada instalación industrial de cerdos a elaborar un plan detallado sobre cómo garantizar el bienestar de los animales y crea la figura del veterinario de granja, encargado de asesorar sobre la salud de los puercos. Además, endurece los requisitos para reducir un 21% las emisiones de gases contaminantes (amoníaco y metano) a partir de 2023.

"Solo se enfoca en bioseguridad y sanidad animal pero deja de lado el tema medioambiental. Vemos muchas generalidades, no vemos concreción", explica la activista. Ninguna de las aportaciones al borrador de la plataforma ha sido aceptada. La principal exigencia de las organizaciones es una moratoria a nuevas macrogranjas. El sector, opinan sus críticos, es demasiado grande, y no se puede permitir más contaminación derivada de la crianza masiva de cerdos. "El Gobierno no ha escuchado a las decenas de movilizaciones vecinales que se oponen a estas instalaciones en las zonas rurales", lamenta Díaz, aunque reconoce que aún no es un tema tan candente como sería necesario para presionar al Ejecutivo y que plantee cambios.

Díez pone como ejemplo de referencia a Países Bajos, que se está deshaciendo de su cabaña porcina a golpe de restricciones y subvenciones: exigiendo en 2020 unos límites muy estrictos para el amoniaco que hacen que muchas macrogranjas tengan que cerrar por la falta de rentabilidad, y ayudando a los ganaderos que desean pasarse a otras maneras de ganarse la vida más sostenibles. Aunque tiene una contrapartida para los intereses de los activistas: Muchos ganaderos neerlandeses están trasladando sus negocios a España, y además el porcino español se está quitando a un fuerte competidor en los mercados internacionales.

El sector se defiende aludiendo a que la legislación vigente protege a los cerdos de maltrato, malas condiciones de vida y sacrificios crueles, y que con los purines están reduciendo cada vez más sus impactos ambientales gracias a la tecnología y a la innovación. Con respecto a la contribución del sector al cambio climático, defienden que "a nivel nacional, la ganadería aporta solo el 7,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España", en palabras de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) y "ha habido una reducción del 51% en las emisiones del ganado en Europa en el periodo 1994-2014". Un argumento común para defender la ganadería industrial, asumido también por el ministro de Agricultura, Luis Planas, es que estas instalaciones fijan empleo en los entornos rurales y contribuyen a paliar la despoblación.

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Las organizaciones ecologistas, en este tema sin el apoyo de los sectores animalistas y veganos, apuestan por la ganadería extensiva como futuro de la cabaña porcina y del sector en general. Con este modelo, las cabezas de ganado pastan libres o semilibres por el campo, son dirigidas mediante el pastoreo y aprovechan los recursos propios del ecosistema. Se trata de un modelo más sostenible, compatible con la biodiversidad y menos contaminante –no generan purines, dispersan las semillas con sus excrementos– y donde los niveles de bienestar animal son mucho mayores.  Y con el que, aseguran sus defensores, se genera empleo de mucha más calidad que con la ganadería industrial.

Muchos expertos se atreven a romper una lanza a favor del sistema, como el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid Pablo Manzano: en un reciente artículo, analiza la contribución al cambio climático del pastoreo y concluye que, aunque en un principio las emisiones de gases como el metano pudieran parecer altas, no distan demasiado de los que se emiten en pastos abandonados, colonizados por la fauna salvaje, y su consumo de combustibles fósiles es mínimo, debido a la ausencia de consumo de pienso. La veterinaria de campo y escritora María Sánchez lleva años asegurando que en el empleo generado por esta ganadería "hay una unión imprescindible entre la persona, el animal y el territorio". No son engranajes de una "fábrica de carne".

Sin embargo, hasta sus más pasionales defensores admiten que, como pasa en otros muchos ámbitos, es imposible modificar un sistema insostenible por otro sostenible sin tocar el consumo. El mundo no puede seguir comiendo las mismas cantidades de carne eliminando al completo la ganadería industrial, en esencia porque no hay tanta tierra disponible para las cabezas de ganado como serían necesarias. Y en muchas partes del mundo sumidas en la pobreza se recomienda aumentar la ingesta de proteína animal por motivos de salud. Para Díez, deberían existir campañas públicas que animen a la población a reducir el consumo de carne, ya que las sociedades más desarrolladas industrialmente sí pueden permitirse pasar "de la carne con cosas a las cosas con carne", como ejemplifica. "El etiquetado es un tema clave. Queremos hablar con Consumo porque tiene que haber una etiqueta para la carne, los huevos y los lácteos" que identifique rápidamente de qué tipo de ganadería proviene el producto: aunque la mayoría de lo disponible en los supermercados viene de macrogranjas, explica la activista. Mientras tanto, propone volver al barrio: encuestar por grupos de consumo de proximidad, preguntarle al carnicero por productos de ganadería extensiva o de denominación de origen, hacer nuestra lista de la compra usando nuevos criterios.