La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo ha generado alivio y, a la vez, enfado en Sumar, el socio minoritario de la coalición, y el resto de aliados parlamentarios. Alivio porque Sánchez garantiza la continuidad de la legislatura y todo lo que ello implica —como, por ejemplo, la tramitación de la ley de amnistía — y enfado porque el socialista no ha ofrecido ninguna propuesta para acabar con la "máquina del fango" que él mismo denunció hace cinco días en su carta a la ciudadanía.
En la comparecencia sin preguntas de este lunes, el presidente del Gobierno garantizó que su decisión supondrá "un punto y aparte" esta legislatura y sus aliados, tanto fuera como dentro del Ejecutivo, quieren que esas palabras se trasladen en medidas concretas. Así, tanto Sumar como Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG reclaman al presidente del Gobierno que impulse una "agenda democratizadora" para hacer frente al lawfare, combatir los bulos lanzados por la extrema derecha y sus satélites mediáticos y sacar adelante iniciativas de calado, entre otras cuestiones.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha esbozado las que, a su juicio, deberían ser las prioridades de la legislatura, entre las que ha citado el derecho a la vivienda, la reducción de la jornada laboral, la ampliación de permisos de crianza o el fin de las listas de espera. Al margen de estas cuestiones, Díaz ha señalado dos iniciativas concretas como cambiar el sistema de mayorías del CGPJ para sortear el bloqueo del PP y reformar la ley mordaza. Desde la dirección del partido temen que el anuncio de Sánchez "envejezca mal" si el socialista "no lo dota de contenido" y apuntan a que debe hacerlo antes de que concluya la semana.
Además de Sumar, los socios parlamentarios también defienden avances "en todos los ámbitos pendientes de regenerar", según explican las fuentes consultadas por infoLibre, a nivel social y económico —como la vivienda o la carestía de la vida— político —con la ley de secretos oficiales o la ley mordaza—, también en el aspecto territorial—con la reforma de la financiación autonómica— , judicial —con el horizonte puesto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP —y también mediático —con una ley de medios, como plantean formaciones como Podemos—.
Cambiar el sistema de mayorías del CGPJ
Rebajar las barreras parlamentarias para la designación del Consejo General del Poder Judicial fue una de las opciones barajadas durante la pasada legislatura. Es más, se llegó a registrar en la Cámara Baja una proposición de ley para que los doce vocales del turno judicial pudieran ser elegidos en segunda vuelta con una mayoría absoluta en lugar de por los dos tercios actuales. De esta manera, se podía forzar un cambio de equilibrios en el órgano –desde hace una década, de mayoría conservadora– a pesar de la continua negativa del PP. Pero aquella propuesta no gustó nada en Bruselas. Y, al final, el Gobierno de Pedro Sánchez optó por dar un paso atrás y guardarla en un cajón. Ahora, los socios parlamentarios del Ejecutivo, incluido Sumar, consideran que es el momento de volver a plantearlo en respuesta a los casos de lawfare.
Reformar la ley mordaza
La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza, no llegó a materializarse la pasada legislatura pese a que se llegaron a pactar una treintena de enmiendas parciales. Fueron ERC y EH Bildu los que tumbado esta reforma al votar junto al bloque de la derecha. Ambas formaciones justificaron su posición por la falta de consenso en cuatro asuntos: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. Ahora ambos partidos, junto con Sumar, Podemos y el BNG, reclaman volver a negociar para aprobar la iniciativa.
Acabar con los alquileres de temporada
Tanto Sumar como el resto de los socios parlamentarios abogan por legislar sobre los pisos de alquiler temporal, es decir, aquellos que tienen una duración de hasta once meses. Es la fórmula que están utilizando muchos arrendadores para "escaparse" de la ley de vivienda, como sucede en Cataluña. Así, consideran que este tipo de viviendas deberían estar sujetas también al índice de precios de alquiler, o bien producirse a través de una modificación de la Ley de Arrendamientos urbanos para establecer "mecanismos sancionadores" en caso de "uso fraudulento".
Aprobar la ley de secretos oficiales
Sánchez se mantiene al frente del Gobierno: "He decidido seguir con más fuerza si cabe"
Se trata de una antigua reclamación de los jetzales que este lunes ha vuelto a reivindicar su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. La pasada legislatura, tras la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Gobierno, los nacionalistas confiaban en mejorarlo durante el trámite parlamentario y reducir el tiempo máximo de 50 años a 25 para aquellas informaciones más sensibles para la seguridad del Estad. La actual ley de secretos oficiales data del franquismo. Fue firmada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y ratificada en el Palacio del Pardo por Francisco Franco. Desde entonces, sólo ha sufrido una ligera reforma durante la Transición. En los últimos cuarenta años, la falta de acuerdo y de voluntad política han hecho que en el registro de la Cámara Baja descansen un buen ramillete de iniciativas que, o no se han admitido, o han ido caducando a medida que se agotaban las legislaturas con las convocatorias electorales.
Crear una ley de medios de comunicación
Democratizar el poder mediático a través de una ley de medios que garantice la pluralidad "frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas". Ha sido la propuesta de la líder de Podemos, Ione Belarra, este lunes tras conocer la decisión de Sánchez de permanecer al frente del Ejecutivo. A falta de darle forma a esa norma, desde Izquierda Unida también creen necesario legislar para que "ningún político y ningún periodista" estén "por encima la ley vertiendo mentiras con objetivos políticos sin consecuencias". Desde ERC piden directamente que el Congreso "retire la acreditación" a pseudomedios como EDATV. La pasada semana desde Más Madrid defendían impulsar una ley de publicidad para poner coto a la publicidad que reciben determinados medios por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Reformar la financiación autonómica
En el año 2009 se alumbró el sistema de financiación autonómica aún en vigor. Se desplegó sobre el telón de fondo de unas negociaciones duras que se anudaron con acuerdo el modelo lleva más de una década caducado. Aunque la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado ya su interés en abordar el reto, la negativa de algunas autonomías impide el consenso. Además, hay formaciones como ERC, PNV o EH Bildu que piden una reforma más ambiciosa para tener más autogobierno.
La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo ha generado alivio y, a la vez, enfado en Sumar, el socio minoritario de la coalición, y el resto de aliados parlamentarios. Alivio porque Sánchez garantiza la continuidad de la legislatura y todo lo que ello implica —como, por ejemplo, la tramitación de la ley de amnistía — y enfado porque el socialista no ha ofrecido ninguna propuesta para acabar con la "máquina del fango" que él mismo denunció hace cinco días en su carta a la ciudadanía.