El adelanto electoral obliga al Tribunal Constitucional a pisar el freno. El máximo órgano de garantías ha decidido dejar en stand by todos aquellos asuntos de enorme calado político hasta después de la cita con las urnas del 23J. El objetivo es evitar que sus decisiones puedan incidir en la campaña. Algo que afecta, sobre todo, a la ofensiva judicial que el PP mantiene abierta contra normativa impulsada por el Ejecutivo de coalición. Desde la Ley de Memoria Democrática a la Ley Trans, pasando por la reforma por la que se limitaron las atribuciones de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. Una larga lista de recursos sobre cuestiones que la formación conservadora pretende cambiar si llega al Gobierno en los que el Constitucional, según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, no se meterá hasta después del verano.
Poner al día el tribunal e imprimir celeridad a la resolución de aquellos asuntos de gran trascendencia política y social. Esos fueron los dos grandes objetivos que se marcó el magistrado Cándido Conde-Pumpido cuando tomó las riendas del máximo intérprete de la Ley Fundamental. Y esas han sido, justamente, las líneas maestras que han guiado el trabajo del Constitucional desde que se puso fin a la situación de interinidad de un tercio de sus magistrados. En sus primeros seis meses desde la renovación, el órgano de garantías ha cerrado frentes de un enorme voltaje. Primero avaló la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Y luego dio luz verde tanto a la reforma educativa como a la ley de eutanasia.
Pero ahora, con la nueva cita con las urnas, el Constitucional no tiene más remedio que reducir la velocidad. Eso no quiere decir que vaya a detener por completo su actividad, ni mucho menos. El máximo intérprete de la Ley Fundamental continuará abordando cuestiones, pero solo aquellas de menor entidad política y social. Los expedientes de gran relevancia quedarán guardados, por el momento, en los cajones de Domenico Scarlatti, sede del órgano de garantías. Es el caso, por poner un ejemplo, de los recursos de amparo interpuestos por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la condena que le impuso el Supremo por atentado a agentes de la autoridad y su posterior retirada del escaño en el Congreso de los Diputados.
Este cambio de marcha también paralizará buena parte de los frentes que el PP tiene en estos momentos abiertos en el Tribunal Constitucional contra numerosas normas alumbradas en la actual legislatura por el Gobierno de coalición. Leyes sobre las que la formación conservadora ha ido poniendo el foco de cara al 23J bajo la consigna de "derogar el sanchismo" . "[Los recursos] no se resolverán hasta después de las elecciones", dicen las fuentes jurídicas pulsadas por este diario. Dado que el mes de agosto es inhábil en el órgano de garantías, esas mismas fuentes indican que todos estos asuntos pendientes de resolución se retomarán el próximo mes de septiembre, a la vuelta del verano.
Se refieren, entre otros, a la Ley de Memoria Democrática, recurrida por la formación conservadora al considerar que podría ser contraria al artículo 1.1 de la Constitución. Para el PP, la norma infringe derechos fundamentales como la libertad ideológica, de enseñanza, de cátedra o de expresión y creación literaria y científica, así como la distribución de competencias o la autonomía municipal. Por eso, ya han dejado claro que si llegan al Gobierno la tumbarán. "Yo no creo en la Ley de Memoria Democrática porque ni es una ley de memoria ni es democrática", dijo la pasada semana el líder del PP y candidato a la Presidencia del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista radiofónica.
Aplazado queda también para después del verano los recursos de los conservadores contra el cambio normativo impulsado desde el Gobierno para limitar las funciones del CGPJ cuando está en funciones o contra la reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición y modificó el de malversación. En este último caso, el recurso del PP consideraba que el cambio podría ser inconstitucional por defectos en el procedimiento de aprobación y en la redacción de artículos. Ambas cuestiones también forman parte del catálogo de prioridades que se ha fijado Feijóo si llega a la Moncloa. "Las primeras leyes que se aprueben en el Consejo de Ministros serán para recuperar los delitos de sedición y aumentar las penas por corrupción", decía esta misma semana el líder conservador.
Ley trans y reforma laboral
El Tribunal Constitucional avala la ley de eutanasia
Con dureza se pronunció también hace unos días Feijóo sobre la ley trans, que pretende derogar si alcanza la Moncloa: "Atenta contra el más elemental sentido, y es que es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad, que sacarse el carnet de conducir". Esta norma es otra de las que el PP ha llevado, junto con Vox, ante el Constitucional. En concreto, su recurso se dirige contra artículos relacionados con la modificación genital de menores de doce años, rectificación registral relativa al sexo y su reversibilidad o sanciones. El pasado lunes, la corte de garantías decidió admitirlo a trámite, de forma que tampoco se verá antes del parón estival.
Para después del verano quedan también, según las fuentes consultadas, cuestiones como la reforma laboral o la ley rider, centrada en los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales y que obliga a las empresas de reparto a contratarlos como asalariados. En relación a la primera de las cuestiones, el Constitucional admitió a trámite hace un año los recursos presentados por PP, Vox y el diputado Alberto Casero, que se equivocó a la hora de votar. Para la formación conservadora, el hecho de que no se permitiese al parlamentario corregir su voto vulnera el artículo 23.1 de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
La reforma laboral es otro de esos asuntos a los que Feijóo tiene intención de meter mano en caso de imponerse en las elecciones y lograr formar Gobierno. Esto es, al menos, lo que dejó caer sin demasiada concreción a comienzos de mes, cuando dijo que en la actual normativa hay algunas cuestiones que van "en contra de los trabajadores y de la competitividad de las empresas". Es más, se mostró dispuesto a dar ese paso aunque no logre alcanzar un acuerdo con los agentes sociales. En las últimas horas, los sindicatos han pedido al candidato conservador que no rompa "el jarrón de las reformas" por razones "ideológicas" en caso de que acceda al Ejecutivo tras el 23J.
El adelanto electoral obliga al Tribunal Constitucional a pisar el freno. El máximo órgano de garantías ha decidido dejar en stand by todos aquellos asuntos de enorme calado político hasta después de la cita con las urnas del 23J. El objetivo es evitar que sus decisiones puedan incidir en la campaña. Algo que afecta, sobre todo, a la ofensiva judicial que el PP mantiene abierta contra normativa impulsada por el Ejecutivo de coalición. Desde la Ley de Memoria Democrática a la Ley Trans, pasando por la reforma por la que se limitaron las atribuciones de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. Una larga lista de recursos sobre cuestiones que la formación conservadora pretende cambiar si llega al Gobierno en los que el Constitucional, según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, no se meterá hasta después del verano.