El expresidente andaluz Manuel ChavesManuel Chaves enmendó este martes la plana a su sucesor en el cargo, José Antonio GriñánJosé Antonio Griñán, en el asunto más complicado que afronta el PSOE andaluz en lustros: el caso de los ERE. Tras declarar dos horas y media como imputado ante el Tribunal Supremo, Chaves aseguró a los periodistas que jamás en sus 19 años como presidente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptó ninguna decisión ilegal. Si alguien a título individual cometió fraude serán los jueces quienes tengan que decirlo. Y, también, si ese fraude fue "pequeño o grande". La semana pasada Griñán dijo a los periodistas que no hubo un plan para delinquir pero sí reconoció un "gran fraude".
De esta forma, Chaves contradecía a Griñán, que a su salida del Tribunal llegó a declarar: "No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude y eso significa que algunos controles pudieron fallar".
Chaves dijo a su salida del Tribunal Supremo que durante los 19 años que estuvo de presidente "nunca" el Consejo de Gobierno adoptó "ninguna decisión ilegal". Según la declaración de Chaves, a la que ha tenido acceso infoLibre, el expresidente de la Junta defendió la legalidad de su gestión: "En el consejo de gobierno no se discutían partidas ni programas, conocíamos el cuadro macroeconómico y se discutía el estado de los ingresos".
Chaves aseguró al magistrado Andrés Jorge Barreiro su creencia de que las ayudas se hacían de forma legal y que nunca conoció un informe de un interventor poniendo reparos a esas ayudas.
Efecto positivo
"Las ayudas tuvieron un efecto positivo para los trabajadores –sostuvo el expresidente–, estaban basadas en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y con las organizaciones empresariales y tuvieron un efecto positivo en la lucha contra el paro y contra el desempleo". "Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos –añadió–serán los jueces y la Justicia la que determine si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o grande como he dicho eso lo tendrán que determinar los tribunales".
"En el consejo de gobierno que yo he presidido ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad", insistió Chaves. "Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios", agregó a los periodistas.
La declaración a la que ha tenido acceso infoLibre pone de manifiesto que Chaves explicó al magistrado que los presupuestos se aprobaban con la tranquilidad de que todo era legal. "Todos los acuerdos de concertación fueron debatidos y aprobados por el Parlamento, por lo que es muy difícil pensar que en 10 años centenares de diputados no hayan visto absolutamente nada ilegal sobre estas transferencias", llegó a asegurar Chaves al magistrado Andrés Jorge Barreiro.
No le informaron
Chaves, que dijo que nunca llegó a conocer en persona al interventor general de la Junta, también relató en su declaración que no recibió las advertencias sobre irregularidades. En este sentido aseguró que ni el consejero de Trabajo ni el de Economía le informaron de ninguna ilegalidad en el procedimiento de ejecución de las ayudas.
El que también fuera vicepresidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero negó conocer al empresario José Enrique Rosendo, uno de los principales imputados del caso de los ERE al que la juez Mercedes Alaya acusa de recibir 34 millones en forma de ayudas "ilícitas" de la Consejería de Empleo. También rechazó haber estado al tanto de las comisiones a las corredurías de seguros: "No conocía nada de la existencia de este asunto, no conocía ni las pólizas ni las empresas afectadas", explicó Chaves al magistrado Barreiro.
Comisiones a los sindicatos
Tampoco estuvo al tanto, según su testimonio ante el juez, sobre las comisiones abonadas a los sindicatos, y explicó que en los diálogos de concertación social no se habló nunca de estas ayudas, cuyo cobro no le parecía "correcto". En este sentido, Chaves aseguró desconocer que las ayudas se publicaran en el Boletín Oficial, al tiempo que dijo que no conocía al Director General de Trabajo, ya que a él le informaban los consejeros, no otros cargos de inferior rango.
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Preguntado por el hecho de que nadie le informara de las irregularidades, Chaves resaltó que no lo habrían hecho porque considerarían que no tendría trascendencia suficiente para informar al presidente de la Junta de Andalucía.
Por su parte, el magistrado que instruye la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha solicitado a la jueza de instrucción de la causa en Sevilla, Mercedes Alaya, que le remita testimonio de "todas las actas del Consejo de Gobierno de Andalucía en las que hayan sido aprobadas modificaciones presupuestarias con destino al pago de ayudas sociolaborales o a empresas", informa Europa Press.
En el documento notificado este martes a las partes el magistrado Jorge Barreiro indica que dichas actas no constan en la documentación remitida en su día al alto tribunal por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla.
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