El 'caso de los ERE'
Chaves y Griñán, al banquillo por el reparto sin control de 855 millones
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009 y de 2009 a 2013, respectivamente, se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso ERE. El juez de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, en un auto de enorme dureza firmado este martes, acuerda abrir juicio oral contra los dos ex presidentes. Al primero, por un delito continuado de prevaricación. Al segundo, por este mismo delito más otro de malversación de fondos públicos.
El auto cae como una bomba en el escenario político a 25 días de las elecciones generales. Chaves y Griñán han solicitado de inmediato su baja como militantes del PSOE. Junto a los dos ex presidentes, se sentarán en el banquillo otros 24 acusados, de los que seis son ex consejeros (entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez) cinco ex viceconsejeros, siete ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, uno ex interventor general de la Junta y otro ex jefe del gabinete jurídico. Ante este auto cabe recurso.
El auto atribuye a la cúpula del Gobierno andaluz desde 2000 a 2011 una acción deliberada para eludir los mecanismos de control previo y repartir casi 855 millones de euros en subvenciones a empresas y personas de "forma discrecional o, incluso, arbitraria". Según el juez, con el sistema ideado, del que hace responsables a Chaves y Griñán, se pretendía "eludir la fiscalización previa" para repartir sin control el dinero de forma ajena a los principios de "publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación". Las ayudas, afirma el juez, no se controlaban ni antes ni después de entregarse. El proceso permitía meter intrusos en los listados de trabajadores beneficiarios de los ERE y cobrar las denominadas "sobrecomisiones", según el auto.
Esta causa, conocida como pieza política de los ERE, tiene una relevancia especial porque de facto está enjuiciando el propio funcionamiento de la cúpula de la Administración durante una década. Además de Chaves y Griñán –ya jubilados y retirados de la política–, la causa afectaba a otras 48 personas. La mitad, 24, se libran del banquillo al decretar el juez el sobreseimiento. Entre los que no se sentarán en en banquillo por este caso están el presidente de Unicaja, Braulio Medel, que fue consejero de la Agencia IFA-IDEA, a través de la que se gestionaron los pagos, así como los ex consejeros Manuel Recio, Antonio Ávila y Martín Soler.
Junto a Chaves y Griñán enfilan el banquillo de los acusados pesos pesados históricos como Gaspar Zarrías, mano derecha de Chaves en sucesivos gobiernos. También serán juzgados los ex consejeros Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, entre otros altos cargos.
El auto deja frases demoledoras: "No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".
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El juez aprecia "una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el director general de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros".
El mecanismo fundamental para llevar a cabo la obtención de fondos públicos y el modo de gastar estos fondos –al margen de la Ley General de Subvenciones y de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía– consistió en emplear el instituto IFA/IDEA como pagador de las ayudas sociolaborales, según el auto. "Al aparecer IFA-IDEA como mera caja de pagos no resultaba de aplicación el régimen ordinario propio de los casos en los que este instituto era el concedente de la ayuda y, por tanto, no se le aplicaba ningún control previo", dice el auto.
El auto relata los mecanismos utilizados en este procedimiento, al que califica en varias ocasiones que actuaba con "opacidad", "manipulación" y "encubrimiento". El juez explica que "pese a las irregularidades y situación de descontrol que, de modo reiterado, denunciaban estos informes, tanto de la Intervención General de la Junta de Andalucía, como de Price-Waterhouse, o de Garrigues, se constata que no se adoptó medida alguna para enmendar el sistema". Al contrario, dice el auto, "se continuó nutriendo el mismo con fondos públicos, empleando, si era preciso, instrumentos tales como la modificación presupuestaria a aprobar por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía".
