La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha criticado el "error de percepción", los "juicios de valor", "incorrecciones" y las "calificaciones jurídicas que no le corresponde" de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha elaborado un informe, dentro del caso Púnica, en el que investigan una posible relación entre las adjudicaciones de los contratos de la cafetería de la Asamblea a una empresa de Arturo Fernández a cambio de una supuesta financiación irregular del PP de Madrid.
"Hay unas cosas que dice que son reales y otras que no. Ese informe llega a extremos que están equivocados y luego realiza una serie de juicios de valor que no debería hacer porque corresponden a la Fiscalía y al juez. Lo que a mí me parece que no es real es que aquí hubiera una confabulación para beneficiar a un empresa concreta. No sólo es irreal, sino absolutamente incierto", ha añadido.
En la comisión de investigación sobre corrupción política que este viernes celebra una sesión extraordinaria por este caso, el diputado de Podemos Ramón Espinar ha criticado a la compareciente, que ha acudido con una insignia del Instituto Armado en la solapa de su traje, por elogiar a la Guardia Civil y ahora criticar este informe.
En su respuesta, Cifuentes ha señalado que no es incompatible su máximo respeto a la Guardia Civil "desde siempre" con discrepar de una actuación puntual, como la de este caso, "que no cuenta con el mínimo soporte fáctico o jurídico". Y reprocha a Podemos que den validez sólo a los informes judiciales contra el PP y no contra su partido.
"El informe de la UCO obviamente tiene un labor y está valorada por un Cuerpo al que respeto muchísimo. Siempre he defendido a la Guardia Civil", ha dicho la presidenta, momento en el ha destacado que lleva puesto hoy en su chaqueta blanca una insignia de la Guardia Civil de la Primera Zona, otorgada cuando fue delegada del Gobierno.
"El informe de la UCO no es un informe probatorio, que realiza juicios de valor y calificaciones jurídicas que no le corresponden. La infabilidad no existe y las personas que han hecho este informe han podido cometer algún error. Es que no cuadran ni las fechas", ha señalado, al aludir a que cuando fue vocal de Fundescam (fundación del PP de Madrid utilizada supuestamente para financiar irregularmente las campañas electorales del partido) de 2005 a 2008 septiembre y los contratos de la cafetería de la Asamblea se adjudicaron. "En este película fallan las fechas. En 2006 presidí una mesa de contratación y no se le adjudicó a Arturo (Fernández). "¿Se cree alguien que había que hacer una concertación de 15 personas entre técnicos y políticos de todo partido cada año en una determinada dirección para dar un concurso, porque la participación de todos ellos era imprescindible en cada una de las fases?, se ha preguntado.
En este punto, ha asegurado que "no participó absolutamente en ninguna decisión de tipo económica" en Fundescam y que "jamás en mi vida ha hecho ningún acto ilegal". "No participé en ningún contrato, jamás he estado en la elaboración de ningún pliego, ni en esto ni en ninguno. Y jamás he tratado de influir en una contratación", ha recalcado.
La titular del Gobierno regional ha señalado que quien redacta "todos los pliegos" y los baremaciones de los contratos son los servicio de contratación de la Cámara regional, incluidos los de 2009 y 2011. "Todos los pliegos pasan por un proceso. Surgen de la Dirección de la Gestión administrativa, que elabora el pliego el servicio de contratación; luego pasa los trámites de informe jurídico, de legalidad: y luego el informe fiscal que suscribe el interventor. Y más adelante los informes favorables de la Secretaría general y luego de la Mesa de la Asamblea, quien lo aprobó de manera definitiva y en este caso con la unanimidad de todos los miembros", ha explicado.
Respecto a una posible incompatibilidad de Cifuentes al ser en esa época miembro del comité de expertos que valora las condiciones y requisitos de contratación y de la propia Mesa de Contratación, la compareciente ha aseverado que "jamás incurrió en ninguna incompatibilidad e ilegalidad". "No la había. Hay opinión jurídica más cualificada, que es la de esta Asamblea, que lo ha dicho de manera taxativa en un informe pedido para ello", ha comentado.
De esta manera, se ha referido al informe jurídico elaborado por la Secretaría General del Parlamentario, que dice que "la única incompatabilidad que la legislación sobre contratación del sector público establece y establecía en el momento de la tramitación de los expedientes, respecto a los miembros integrantes del Comité de Expertos, se refiere a que no pueden estar integrados en el órgano proponente del contrato". En ese punto, Espinar ha respondido que existe jurisprudencia en contra de este criterio de la Secretaría General. "Los pliegos los hizo el servicio de contratación, los aprobó la mesa de la asamblea. La Mesa de Contratación no hizo ningún pliego. Yo no me propuse como experta. La Mesa de la Asamblea decidió por unanimidad que fuera yo como presidenta primera de la Cámara. Usted ha hecho un relato fantasioso", ha respondido a Espinar.
La respuesta a Ciudadanos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también ha asegurado que su intervención en el comité de expertos que valoró las ofertas para la adjudicación de la cafetería de la Asamblea consistió en dar por buena la valoración del técnico.
El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha interpelado a Cifuentes sobre su pertenencia al comité de expertos y al mismo tiempo a la Mesa de Contratación. Zafra ha apuntado que entendía que Cifuentes estaba en la Mesa de Contratación por delegación del presidente de la Asamblea, pero ha preguntado por qué estaba en el comité de expertos.
Cifuentes ha afirmado que no tenía "interés especifico" en pertenecer a ningún comité de expertos, del que formaba parte como miembro de la Mesa de la Asamblea, que tomó la decisión de designarla para el comité de expertos "de manera unánime".
A este respecto, ha señalado que hubo un "precedente" el año anterior, en 2008, cuando el entonces vicepresidente segundo Francisco Cavaco fue designado también para el comité de expertos constituido para el proceso de adjudicación de contrato para suministrar las cestas de navidad, en representación de la Mesa.
Por otro lado, ha apuntado que otro de los motivos por los que cree que le nombraron para el comité de expertos, que requiere la cualificación de sus miembros, es que "comía todos los días en la Asamblea".
"Siempre, en ese caso y en todos los demás, que he presidido una mesa de contratación, que he estado en un comité de expertos o que he tenido que participar en un proceso de licitación, siempre me he atenido al criterio técnico, siempre", ha aseverado Cifuentes.
"Mi intervención en el comité de expertos fue dar por buena la valoración y el informe realizado por el técnico, tanto en el año 2009 como en el año 2011", ha agregado, según ha informado Europa Press.
"Cometí el pecado de no valorar, valoró el técnico, yo me limité a asentir y a dar por bueno el criterio del técnico", ha respondido en respuesta a las críticas de Zafra, quien ha asegurado que como miembro del comité de expertos "tenía que valorar, no simplemente sentarse y firmar".
Por su parte, Zafra ha acusado a Cifuentes de "ver, oír y callar", al tiempo que le ha preguntado por qué se decidió dar más puntos a quien tuviera más contratos públicos. A este respecto, Cifuentes ha dicho que se lo podría haber preguntado al técnico si no hubieran "vetado" su comparecencia para llevar a cabo este "linchamiento""linchamiento" contra ella.
No obstante, ha señalado que si se hubiera querido favorecer a Arturo Fernández se hubieran primado los contratos privados, ya que tenía más que públicos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha criticado el "error de percepción", los "juicios de valor", "incorrecciones" y las "calificaciones jurídicas que no le corresponde" de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha elaborado un informe, dentro del caso Púnica, en el que investigan una posible relación entre las adjudicaciones de los contratos de la cafetería de la Asamblea a una empresa de Arturo Fernández a cambio de una supuesta financiación irregular del PP de Madrid.