La reforma de la ley del aborto presentada por el ministro Gallardón acumula críticas dentro y fuera de España. Tras conocerse este domingo que el Gobierno francés envió el viernes una carta al Ejecutivo español para expresar su "honda inquietud" por una propuesta que la ministra portavoz gala tachó de "retroceso", este lunes son ya cinco comunidades autónomas –prácticamente todas las no gobernadas por los conservadores– las que han expresado su rechazo al proyecto.
Así, Andalucía, Cataluña, Euskadi, Canarias y Asturias ya han dicho que la reforma planteada no les gusta. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha ido un paso más allá en su crítica. Tras manifestar que la norma va contra "los derechos y libertades" de las mujeres, ha dejado la puerta abierta a presentar un recurso de inconstitucionalidad si finalmente el texto se aprueba. Acudir al TC, ha dicho, es algo que "no descarta".
La reforma "es un ejemplo de la desigualdad que nos sitúa a la cola de Europa", ha insistido este lunes Díaz en la reunión del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), institución a instancias de la que la Junta ya ha exigido al Gobierno central la paralización del anteproyecto. La presidenta de la Junta también ha respondido a quienes dicen que la ley está en sintonía con la regulación de 1985: "No es cierto –ha replicado–. Nos sitúa antes del 85 porque ni tan siquiera contempla el supuesto de malformación".
Por último, Díaz ha insistido en que la ley no implicará una reducción en el número de interrupciones voluntarias del embarazo, sino que simplemente provocará que "se van a hacer en condiciones de inseguridad jurídica y con riesgo para la salud". En este sentido, ha añadido que la ley de plazos aprobada en 2010 no supuso un aumento en las cifras de abortos. Así, en 2012, y según datos de las clínicas que practican interrupciones del embarazo, se registró un descenso interanual del 5%.
También desde el PSOE, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado a Rajoy de realizar un "canje" que ha tildado de "hipócrita": "Ha cambiado la libertad de las mujeres por un puñado de votos de la extrema derecha", ha dicho.
"No soluciona nada"
El resto de críticas desde gobierno autonómicos apuntan, fundamentalmente, en una misma dirección: la ley que propone Gallardón no soluciona nada, porque el aborto era ya una cuestión sobre la que existía acurdo social, y en cambio lesiona los derechos de las mujeres de forma innecesaria.
"Es un arma arrojadiza" que da más problemas que soluciones, ha dicho el portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs. Homs también se ha lamentado porque "la regulación del marco penal compete en exclusiva a las Cortes hoy por hoy", algo que deja poco margen a ejecutivos regionales: "Si hubiese otro marco, sí habría posibilidad de intervención en el corto plazo", ha constatado.
El portavoz ha insistido en varias ocasiones durante una rueda de prensa celebrada este lunes tras el Consejo Ejecutivo de la Generalitat catalana en la idea de que la reforma es puramente ideológica, ha criticado que no incida en la prevención, y ha expresado que es "muy evidente" por qué la medida se hizo pública el viernes, pocas horas después del registro de la sede nacional del PP por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
En la misma línea, el portavoz del Gobierno vasco, Jose Erkoreka ha afirmado que la elaboración de la norma responde al "oportunismo político" del PP y a sus "cálculos electorales". Erkoreka ha añadido que es "incomprensible" el hecho de "reabrir" un asunto ya "resulto socialmente" para dar un "paso atrás". Ya el viernes, el lehendakari Iñigo Urkullu aseguró que la reforma es un "paso atrás" que rompe un "amplísimo consenso social".
También desde Euskadi, el grupo del PSE-EE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, ha pedido la celebración de un pleno monográfico sobre la ley del aborto que pretende implantar el PP que, a juicio de los socialistas, "recorta derechos de las mujeres y vulnera derechos fundamentales", ha expresado la portavoz del PSE-EE en las Juntas, Rafaela Romero. Aralar y Bildu han apoyado la propuesta.
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Una reforma de "nefastas" consecuencias
A las críticas de Andalucía, Cataluña y Euskadi también se han sumado Canarias y Asturias. El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo insular ha calificado la reforma de Gallardón de "ideológica". Supone, ha afirmado Francisco Fernández Espínola, "un atentado a la libertad de las mujeres y a los avances logrados en materia de igualdad".
Por su parte, la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, aseguró ya el viernes que la ley que propone el Gobierno tendrá "nefastas consecuencias" para la salud de las mujeres. Asimismo, Sanjurjo subrayó que el Ejecutivo del Principado estudiará la reforma para articular una respuesta para "velar por los derechos de las mujeres".
La reforma de la ley del aborto presentada por el ministro Gallardón acumula críticas dentro y fuera de España. Tras conocerse este domingo que el Gobierno francés envió el viernes una carta al Ejecutivo español para expresar su "honda inquietud" por una propuesta que la ministra portavoz gala tachó de "retroceso", este lunes son ya cinco comunidades autónomas –prácticamente todas las no gobernadas por los conservadores– las que han expresado su rechazo al proyecto.