¿Los cinco diputados de Podemos son tránsfugas? Es la inevitable cuestión que ha surgido tras la ruptura de los morados con el grupo parlamentario de Sumar. La formación dirigida por Ione Belarra lo niega, mientras que la coalición liderada por Yolanda Díaz sostiene que sí lo son y plantea denunciarlos ante el Pacto Antitransfuguismo, lo que elevaría la presión sobre los morados. Aunque Sumar no puede obligarles a dejar sus escaños —las actas son personales e intransferibles— podrían ser declarados tránsfugas si los de Díaz lo llevaran a la comisión y lo solicitaran formalmente.
El pacto nació en el año 1998 para dificultar que concejales o diputados traicionasen a los partidos que les incluyeron en las listas, favoreciendo gobiernos de signo diferente. El acuerdo original lo impulsó Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas y lo firmaron los representantes del PP, PSOE, Izquierda Unida, Convergència, PNV, Coalición Canaria, BNG y ERC. "El transfuguismo –señalaba el texto original– supone, desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella, como hacia los electores, que emiten su voto desde la constatación evidente de tal inclusión”.
El pacto se amplió en dos ocasiones con sendas adendas. La primera en 2006, estableciendo por primera vez una definición de tránsfuga en el ámbito local que la adenda de 2020 hizo extensible a las instituciones autonómicas: "Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes". Su actualización vino motivada por las discrepancias dentro de Unidas Podemos y el movimiento táctico de la cúpula morada con el objetivo de expulsar a la exdiputada Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, del grupo parlamentario andaluz.
Asimismo, pasó a considerarse como tránsfuga la persona electa por una candidatura promovida por una coalición si "abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso". Y añade: "Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso (…) quien aclarará por escrito quiénes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfuga".
Los expertos consultados por infoLibre aseguran que el texto "no deja lugar a dudas": los diputados de Podemos son tránsfugas "de libro" y la decisión de considerarlos como tal recae en "el responsable" de la coalición, es decir, en Sumar. Sin embargo, discrepan de la definición de tránsfuga que se recoge en el último acuerdo porque "desnaturaliza" su concepto inicial, que buscaba poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno.
Los expertos discrepan de la actual definición de 'tránsfuga'
A juicio de Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional por la UNED, investigador principal de un estudio sobre transfuguismo y encargado de coordinar a profesores de distintas universidades para estudiar este fenómeno en España, la última definición del Pacto Antitransfuguismo "pervierte" el concepto de tránsfuga. El experto explica en conversación con infoLibre que, ateniéndonos a la última actualización, los cinco diputados deberían ser considerados como tal, al igual que cualquier diputado que no siga la disciplina de voto que le marque su grupo parlamentario: "Es una barbaridad".
También discrepa con esa definición Cristina Monge, politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza especializada en asuntos relativos a la calidad democrática. "No es correcta esa noción de transfuguismo, pero con arreglo a la última adenda son tránsfugas de libro", subraya. Es más, Monge recuerda que fueron los propios diputados de Unidas Podemos quienes la introdujeron hace tres años para echar a Teresa Rodríguez del grupo parlamentario y que ahora "se les ha vuelto en contra".
Aunque formalmente sean tránsfugas, Fernández Esquer coincide con el argumento de Podemos y no cree que hayan "defraudado" a los electores porque están acatando las decisiones del partido, no de la coalición. "Son diputados que forman parte de un partido que es autónomo respecto a los otros partidos que forman parte de la coalición con la que concurrieron a las elecciones. No creo que hayan defraudado a su electorado, ni que, por el momento, hayan alterado mayorías parlamentarias", explica el experto. Monge discrepa y considera que la "cuestión clave" es que los electores el pasado 23J votaron por Sumar, una coalición que ahora se ha roto, y no individualmente por Podemos.
Otra cuestión —añade el profesor en Derecho Constitucional— es que la formación morada "haya acusado de tránsfugas a otros por cosas similares a las que están haciendo ellos ahora", como por ejemplo sucedió con el caso de Teresa Rodríguez. Eso, a su juicio, pone en entredicho la coherencia del partido pero "no afecta al concepto de transfuguismo" que él defiende, que se basa en un "compromiso político entre las principales fuerzas" y que se basa en rechazar a cargos públicos provenientes de otras formaciones e impedir la utilización de esos diputados u concejales para cambiar o mantener mayorías.
Las escasas consecuencias
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Lo cierto es que la calificación de tránsfuga no tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que, aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños. Así lo explica Fernández Esquer: "Jurídicamente no tiene ninguna consecuencia porque el Pacto Antitransfuguismo es un pacto político".
El experto subraya, no obstante, que podría tener consecuencias jurídicas si en el Reglamento del Congreso se hubiese modificado para que restringir los derechos y facultades de esos diputados. "No es el caso. Es lo que sí se hizo, a raíz de la tercera Adenda, en el Parlamento de Andalucía con Teresa Rodríguez", añade. Para Monge la clave reside en hasta dónde esté dispuesto a llegar Sumar, aunque cree que el grupo parlamentario tiene muy difícil resucitar ese Pacto por, entre otros motivos, la negativa del Partido Popular y muy probablemente del PSOE, que necesita los votos de los morados.
En el Congreso y el Senado no existe la figura de los diputados no adscritos, que sí está en la mayor parte de Parlamentos autonómicos, lo que implicaría severas restricciones para la actuación de los cinco diputados de Podemos. Lo que sí destacan ambos es que al pasar al Grupo Mixto los morados tendrán menos financiación, asesores, cupo de iniciativas parlamentarias y tiempo en los debates. Según llevan repitiendo desde la pasada semana los morados, están dispuestos a asumir ese coste a cambio de "hacer política".
¿Los cinco diputados de Podemos son tránsfugas? Es la inevitable cuestión que ha surgido tras la ruptura de los morados con el grupo parlamentario de Sumar. La formación dirigida por Ione Belarra lo niega, mientras que la coalición liderada por Yolanda Díaz sostiene que sí lo son y plantea denunciarlos ante el Pacto Antitransfuguismo, lo que elevaría la presión sobre los morados. Aunque Sumar no puede obligarles a dejar sus escaños —las actas son personales e intransferibles— podrían ser declarados tránsfugas si los de Díaz lo llevaran a la comisión y lo solicitaran formalmente.