Cinco Gobiernos autonómicos y dos forales siguen ocultando en qué residencias hubo fallecidos durante la primera ola

La transparencia es una asignatura pendiente en muchas Administraciones y ni siquiera un tema de máximo interés para los ciudadanos, como las muertes en residencias de mayores durante la pandemia, logra que todas informen con claridad sobre lo ocurrido. Los Gobiernos de Aragón, Castilla y León, Galicia, Murcia, Bizkaia y Gipuzkoa siguen ocultando en qué centros se produjeron fallecidos durante la primera ola. Asturias no facilita los datos de las primeras semanas de pandemia. En algún caso, como Castilla y León, la negativa se apoya en el argumento de que no quiere “perjudicar los intereses económicos” de las empresas que gestionan las residencias.

Un periodista de infoLibre presentó, en las primeras semanas de mayo, una solicitud idéntica en los portales de Transparencia de las 16 comunidades autónomas, los tres Gobiernos forales vascos y las ciudades de Ceuta y Melilla, que son las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En aquel momento ya se había superado ampliamente la cifra de 15.000 muertes en los geriátricos, en las apenas ocho semanas transcurridas desde el primer fallecimiento a comienzos de marzo. Una hecatombe humana, que al final de la primera ola en junio se elevaría hasta las 20.268 víctimas. En la solicitud se pedía conocer el número de fallecidos durante los meses de marzo y abril, desglosado por residencias, y también saber cuántos decesos se habían producido en el hospital y cuántos en el propio geriátrico. Comunidades como Madrid y Catalunya habían aprobado Protocolos que impedían derivaciones hospitalarias de residentes, aunque su contenido se desconocía en aquel momento. infoLibre publicó el 5 de junio las cuatro versiones del Protocolo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que prohibía trasladar al hospital a mayores que tuvieran un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, circunstancia en la que se encuentran muchas de las personas que viven en los geriátricos.

La Ley de Transparencia establece que las Administraciones deben responder en el plazo máximo de un mes, que se puede ampliar por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario. Además, debido al estado de alarma, los plazos de resolución estuvieron suspendidos hasta junio. En todo caso, únicamente cuatro Gobiernos autonómicos facilitaron la información solicitada en el tiempo legalmente establecido y de forma completa: Andalucía, Catalunya, Illes Balears y Madrid.

Cuando la Administración no responde –el denominado silencio administrativo– o el solicitante de la información entiende que no lo ha hecho de forma adecuada, se puede presentar un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) o ante el órgano equivalente en aquellas comunidades que tienen uno propio. Dicho recurso se presentó en todos los casos. Y ello llevó a que otras siete Administraciones aportaran la información. Los Gobiernos autonómicos de Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Extremadura y la Diputación de Álava habían aplicado inicialmente el silencio administrativo, pero facilitaron los datos en cuanto tuvieron conocimiento del recurso ante Transparencia o cuando este órgano les instó a resolver la solicitud. Castilla-La Mancha y La Rioja solo lo hicieron después de que Transparencia dictase una resolución expresa instándoles a aportar la información.

Una vez que finaliza la vía administrativa, las partes sólo pueden acudir a la Justicia. Eso es precisamente lo que ocurrió en Navarra. El Gobierno foral resolvió entregar los datos, pero una empresa se opuso a ello –Residencia Beloso Alto SL– y presentó un recurso contencioso para impedirlo. Así que será el Tribunal Superior de Justicia de Navarra quien resuelva el conflicto y determine si se puede hacer pública la información o no.

Quedan cinco comunidades y dos Diputaciones forales –en las residencias de Ceuta y Melilla no hubo fallecidos durante la primera ola– que siguen sin facilitar los datos desglosados por centros. A continuación se repasan los argumentos utilizados por esos Gobiernos para mantener oculta la información y la situación en que se encuentra cada procedimiento.

EL FRENTE DEL 'NO'

La Administración que ha defendido con mayor beligerancia que los datos deben permanecer ocultos es, sin duda, la Junta de Castilla y León. El 3 de junio, en una primera resolución, la Consejería de Familia ofreció los datos desglosados de los 15 centros propiedad del Gobierno autonómico y de gestión pública, pero rechazó facilitar la información de los 684 restantes de gestión privada. El argumento que utilizó es que podía “perjudicar los intereses económicos” de las empresas de residencias.

Ante el recurso presentado, el Comisionado de Transparencia de Castilla y León resolvió que la decisión del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) adolecía “de vicios formales y materiales que la invalidan”. Y recriminó a la Junta por no tener en cuenta “el interés público” de la divulgación de los datos que se solicitaban. La Junta aceptó que existían vicios formales –en vez de dar un simple trámite de audiencia a las empresas les pidió su consentimiento expreso para divulgar los datos–, retrotrajo el procedimiento y volvió a dictar otra orden con fecha 1 de diciembre y de contenido prácticamente idéntico. De los 684 geriátricos de gestión privada, mantuvo oculta la información de 678 y facilitó datos parciales de los seis que fueron intervenidos por la Administración autonómica.

A su declarada intención de proteger los intereses económicos de las empresas privadas, la Consejería de Familia añadió un nuevo argumento: en algunos centros, simplemente con facilitar el número de víctimas, se podría “identificar” a una persona física concreta y ello supondría hacer públicos “datos de carácter personal”. En su extensa orden de 45 páginas, donde se realiza incluso un análisis de artículos publicados en infoLibre sobre fallecidos en residencias, la Junta de Mañueco llega a sostener que la demanda de la información solicitada por este periódico “es muy escasa y ni genera un interés general, ni es demandada de manera significativa por los familiares de las personas afectadas”.

Hay que señalar que, durante el procedimiento, el Gobierno de Castilla y León se mostró dividido. La Consejería de Familia, con María Isabel Blanco Llamas (PP) al frente, mostró siempre su oposición a facilitar los datos. En cambio, la Consejería de Transparencia, cuyo titular es el también vicepresidente de la Junta Francisco Igea (Cs), emitió de oficio otro informe en el que se discrepa de la decisión de mantenerlos ocultos. El departamento de Igea sí considera que la información tiene “relevancia pública e interés general para los ciudadanos”, de forma que entiende que debe prevalecer el derecho a la información. Pero la última palabra la tenía Familia, que se mantuvo en el "no".

La única vía en este momento para intentar obtener la información es presentar un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El plazo para ello termina el 31 de enero.

La Xunta de Galicia, que preside Alberto Núñez Feijóo (PP), adoptó una decisión similar a Castilla y León: facilitó la información de las 30 residencias de titularidad autonómica, pero mantuvo ocultos los datos de los demás centros residenciales. Lo hizo basándose en un informe de la Abogacía del Estado de 31 de julio, que cita, pero del que no expone ni un solo entrecomillado. Eso sí, la Xunta concluye que “sería necesario contar con el consentimiento expreso de los titulares de los centros” para ofrecer la información porque contiene datos de carácter personal.

Contra esta resolución de la Xunta se presentó reclamación ante la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, quien resolvió el 30 de diciembre. También la Xunta siguió el trámite erróneo –entender que se necesita el consentimiento de las empresas en vez de un simple audiencia–, así que la Valedora insta al Gobierno gallego a seguir el procedimiento correcto. Para argumentar su posición, necesita en realidad manifestarse sobre el fondo del asunto: la solicitud del número de fallecidos “no permite la identificación de las personas a las que afecta la información solicitada, de forma que no es exigible que se preste consentimiento expreso para conceder el acceso a la información y, por tanto, no se justifica la denegación” de los datos por parte de la Xunta. Y si hubiera algún caso concreto en que esa identificación fuera posible, “por lo reducido del número de residentes en algún centro o por cualquier otra circunstancia”, el Gobierno gallego “podrá proporcionar la información con las matizaciones que considere necesarias”. El Gobierno de Feijóo tiene un plazo de dos meses para cumplir con la resolución o recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En Aragón, el Gobierno de Javier Lambán (PSOE) dictó una orden en la que facilitaba los datos globales de fallecidos en las residencias de la comunidad, pero no aportaba los datos desglosados por centros. Ni públicos, ni privados. La resolución, notificada el 31 de julio, no explica en ningún momento por qué se mantienen ocultos esos datos. La reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia de Aragón aún está pendiente de resolución.

En Murcia, el Ejecutivo de Fernando López Miras (PP) alegó falta de medios personales para no ofrecer los datos desglosados por geriátricos. “Tal y como ha sido formulada, la petición del interesado es inasumible por el Servicio de Epidemiología, ya que precisaría del empleo de los escasos medios personales del mismo en la elaboración de documentación ad hoc, a costa de la plena dedicación a las tareas de control que le competen en el marco de la gestión de la pandemia de covid-19”, se indica en la orden, en la que en todo caso se afirma expresamente que “no se aprecia la concurrencia” de ninguno de los límites de acceso a la información pública previstos en la Ley de Transparencia. En otras palabras: admite que existe el derecho a acceder a la información, pero alega que no tiene medios para hacerlo efectivo.

Una explicación sorprendente en el caso de Murcia si se tiene en cuenta que, a través de prensa, la Consejería de Sanidad facilitó a los periodistas en su día esos datos desglosados por centro. Al igual que en Aragón, está pendiente de resolución la reclamación presentada a principios de noviembre ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.

También llamativa es la posición del Principado de Asturias, que preside Adrián Barbón (PSOE). Su gobierno publicó en una web todos los datos, desglosados por geriátricos, a partir del 9 de abril. Pero se niega a facilitar la misma información de las cinco semanas anteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que resolvió el 23 de noviembre sobre la reclamación presentada, destaca que el Principado en ningún momento explica por qué no aporta los datos del periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril. Ante esa falta de explicaciones, el CTBG valora dos hipótesis: que la información no exista o que exija una acción de reelaboración. “Resulta difícil para este Consejo pensar que existe un vacío de información de algo menos de mes y medio, en el cual no se recopilaban los datos solicitados, cuando además se trata de las fechas en las que la pandemia tuvo mayor impacto y cuando otras Administraciones sí disponen de ellos”, se indica en la resolución del CTBG. En cuanto a la hipótesis de la necesidad de reelaborar la información, dicho órgano sostiene que “no resulta posible aceptarla en la medida en que no ha sido invocada” por el Gobierno asturiano. Por tanto, el CTBG insta al Principado a facilitar los datos.

La prensa regional informó en su momento de que la publicación de los datos se inició 9 de abril porque ese día un informe de sus servicios jurídicos avaló su difusión.

La resolución del CTBG fue firmada el 23 de noviembre por su presidente, José Luis Rodríguez, así que el Gobierno de Barbón está aún en plazo de cumplir con la resolución o acudir a los tribunales.

La Diputación Foral de Bizkaia, que dirige Unai Rementeria (PNV), sólo aportó datos globales de fallecidos en la resolución que dictó el 16 de junio. Lo argumentó con un par de frases: “Para preservar el derecho a la intimidad tanto de las personas usuarias como de sus familias, así como para no estigmatizar a las residencias, se aportan datos de la red, anonimizados”.

La Comisión de Reclamaciones, ante la impugnación presentada, sostuvo que ninguno de los dos argumentos podían acogerse. “A juicio de esta Comisión, la denegación de los datos solicitados no puede ampararse en el derecho a la intimidad o en la protección de datos de carácter personal, por cuanto en la solicitud de información de forma expresa se señalaba que no se pedía las identidades de las persona, u otros datos que permitieran identificarlas, sino únicamente el número de contagios y de fallecidos”, indica en su escrito de 25 de septiembre. Y añade: “Tampoco entendemos que el riesgo de que se estigmatice a las residencias puede servir como base a la denegación, sin perjuicio de lo que seguidamente se dirá”. Y lo que se dice es que, igual que en Castilla y León y en Galicia, tampoco en Bizkaia se cumplió con el trámite de audiencia a las residencias. Por ello, la Comisión de Reclamaciones insta a la Diputación Foral a cumplir con ese trámite y resolver posteriormente la solicitud.

La patronal de las residencias denuncia que casi el 90% de ellas en Madrid no ha recibido vacunas y desconoce cuándo llegarán

Ver más

La Diputación no ha hecho nada: ni consta que haya dado trámite de audiencia a las empresas, ni ha dictado una nueva resolución, ni ha recurrido a los tribunales en los dos meses que tenía de plazo. De forma que la solicitud de información permanece en un limbo. La única posibilidad para exigir que la Administración cumpla lo que ella misma ha decidido –a través de la Comisión de Reclamaciones– es acudir a los tribunales y presentar un recurso contencioso.

Una situación similar se produce en la Diputación de Gipuzkoa, que dirige Markel Olano (PNV). Dicho órgano, en una comunicación informal el 29 de julio, aseguró que había elaborado en su página web “una sección especial por la covid-19 que incluye la más amplia información sobre la gestión que se ha hecho, así como toda la información actualizada sobre la evolución del virus en Gipuzkoa”. Pero resulta que esa “sección especial” no incluía ninguno de los datos solicitados. Tras la consiguiente reclamación, la Diputación Foral dictó una orden ya formal –el 7 de septiembre– en la que entendía que la petición de datos realizada exigía una “acción previa de reelaboración”, lo que es uno de los límites que la ley contempla para no facilitar los datos.

El 19 de octubre, la Comisión de Reclamaciones instó a la Diputación a “proporcionar, en el plazo máximo de 20 días, al reclamante la información objeto de la solicitud”. Han pasado casi tres meses y el Gobierno de Markel Olano no ha hecho nada. De nuevo, los tribunales parecen la única vía para que se cumpla con una resolución de Transparencia dictada por la propia Administración.