El contenido del interrogatorio al que este miércoles deberá someterse Mariano Rajoy, el primer presidente de la historia de España llamado como testigo en un juicio penal, justo aquel donde se dirime el mayor caso conocido de presunta corrupción, es probablemente el secreto mejor guardado en los 30 años de vida de Adade. Es decir, de la asociación de abogados próxima al PSOE que ejerce la acusación popular más activa de las tres presentes en el juicio de Gürtel y a instancias de cuyo principal letrado en el proceso, José Mariano Benítez de Lugo, ordenó el tribunal que Rajoy preste declaración: no como jefe de Gobierno sino "como un ciudadano español" y por su condición de dirigente del PP durante el periodo íntegro sujeto a examen en esta causa, 1999-2005. Pero aunque el cuestionario de Adade permanezca casi o literalmente bajo llave, sobre la mesa hay cinco preguntas básicas. Y las cinco siguen sin respuesta pese al tiempo transcurrido desde que en febrero de 2009 estalló el caso.
La primera podría resumirse así: por qué el líder del PP no dio instrucciones de acudir a la justicia cuando, según su propia narración, decidió prescindir en 2004 de los servicios de Correa tras ser informado de que "estaba utilizando el nombre del partido".
Por conexión con la precedente, le seguiría esta: ¿por qué, tras "prescindir" de Correa como organizador de actos del PP nacional, nadie dio instrucciones a las potentes organizaciones territoriales de Madrid y Valencia, donde el partido seguía gobernando, para que vetaran también al empresario?
El tercer interrogante no toma como línea de partida el año 2004, fecha del ascenso de Rajoy a la cúpula del PP tras la derrota electoral conservadora, sino como punto de llegada. Y cabría condensarlo del siguiente modo: ¿qué relación existió entre Rajoy y Correa, si verdaderamente la hubo, durante el periodo en que el hoy presidente, con responsabilidades en la sala de máquinas del PP desde 1990, dirigió la campaña que proporcionó a Aznar la victoria inaugural de 1996 y más tarde una compacta mayoría absoluta en 2000? Ese segundo momento coincidió con una etapa de esplendor para las empresas de Correa bajo el paraguas del PP. Según sus propias palabras, el jefe de la Gürtel pasaba entonces "más tiempo en Génova" que en su despacho.
La cuarta incógnita guarda relación con uno de los episodios más resbaladizos del caso: aquel según el cual el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, al parecer en compañía de Luis Bárcenas, avisó a Rajoy a finales de 2004 y en presencia de Esperanza Aguirre de que se preparaba un pelotazo urbanístico en el municipio madrileño de Arganda del Rey. Esa operación, de la que se benefició la constructora Martinsa, reportó al grupo de Correa la que los investigadores cuantifican como la mayor comisión descubierta en estas actuaciones: 25 millones de euros que acabaron en Suiza.
Y la quinta cuestión pendiente desde que los titulares de prensa comenzaron a llenarse de jaguars, relojes de lujo, viajes y otras atenciones es la de si Rajoy estaba al tanto de los regalos que la red corrupta prodigaba a cargos del PP. Entre esos regalos figuraría un viaje a Canarias para el propio Rajoy tras las elecciones de 2004, aunque sobre eso persiste la duda.
En la mesa hay una sexta pregunta –o la primera, si se quiere, en orden de prelación– pero su respuesta depende mucho más del tribunal que del propio Mariano Rajoy. Y esa pregunta versa sobre hasta dónde permitirá el presidente de la sala, Ángel Hurtado, llegar a las acusaciones en cuanto a la presunta financiación ilegal del PP. Ese punto, y se sabe desde mucho antes de que la Audiencia Nacional fijara la fecha del juicio, pertenece al campo de los llamados papeles de Bárcenas. No forma parte, por tanto, del temario de esta vista. Pero el tribunal ha permitido especialmente a las fiscales adentrarse en ese territorio machete argumental en mano durante sus interrogatorios a acusados y testigos: para empezar, con el propio Francisco Correa. Y ha sentado de ese modo un precedente difícil de revertir. Un exceso de celo para mantener ahora las sucesivas baterías de preguntas dentro del estricto carril del procedimiento colocaría a Hurtado en una situación de riesgo para la imagen del tribunal.
1. ¿Por qué no alertó a la justicia de que Correa "estaba utilizando el nombre del partido"?
El 12 de marzo de 2009, mientras la sede de Génova 13 llevaba un mes y cuatro días tambaleándose cada mañana con una nueva y violenta sacudida del terremoto Gürtel, Mariano Rajoy concedió una entrevista a Radio Nacional. La investigación se encontraba entonces en una fase incipiente. Pero las palabras que el presidente del PP y en aquella fecha todavía jefe de la oposición le dijo entre puntos suspensivos al periodista Juan Ramón Lucas encerraban una incógnita que ocho años después permanece irresuelta: la de por qué Mariano Rajoy no acudió a la justicia en 2004 cuando, según su propia versión, supo que Francisco Correa "estaba utilizando el nombre del partido" y decidió por ello "prescindir de sus servicios". Ese interrogante subsistiría incluso en la hipótesis de que, tal como sigue sosteniendo el PP, los manejos de la trama corrupta le hubieran sido por completo ajenos como organización y hubieran contado solo con la complicidad de unos pocos –o de unos muchos llegado el caso– pero siempre a título individual y sin ganancia para el partido como institución.
El 9 de febrero de 2009, tres días después de que el entonces juez Baltasar Garzón, paradójicamente el primer damnificado de Gürtel, lanzara la operación policial, El País ya había publicado una noticia sobre la ruptura del PP con el grupo de Correa por orden de su líder: "Rajoy cortó con Correa porque exigía contratos en nombre de la tesorería". Bajo ese titular, el diario aseguraba que la información inicial sobre la trama había sido brindada a la Policía y a la Fiscalía en noviembre de 2007 por cargos de la formación conservadora.
Luego se supo que quien en 2007 había aportado a Anticorrupción cintas con 17 horas de grabaciones letales desde el punto de vista penal era José Luis Peñas, concejal del PP en el municipio madrileño de Majadahonda hasta que el partido lo expulsó el 29 de julio de 2005 y, a partir de ahí, edil no adscrito. Cuando el 6 de noviembre de 2007 entregó lo que durante meses había grabado a escondidas, Peñas militaba en su propia formación local, Corporación Majadahonda. Hoy se sienta en el banquillo. Su defensa no ha cesado de vindicarle desde el primer momento como el verdadero artífice de la caída de la trama: sin la actuación de Peñas –es su argumento esencial– no habría sido posible desarticular la red corrupta. Enemigo acérrimo del antiguo edil, Correa intentó desacreditarle durante su declaración en el juicio. Lo hizo remarcando que le pagaba un sueldo mensual.
Dada la cercanía del estallido del caso y la subsiguiente nebulosa informativa, aquella entrevista de RNE a Mariano Rajoy del 12 de marzo de 2009 se produjo en un contexto de incertidumbre sobre qué había hecho realmente el PP tras la sedicente ruptura de amarras con Correa, así que el periodista formuló una pregunta directa: "¿Fue usted quien decidió que ese caballero saliera de Génova, donde parece que tenía montado el chiringuito?". El "caballero", claro, era Francisco Correa. Y Rajoy, que por primera vez hablaba abiertamente ante un micrófono sobre el asunto, respondió así: "Bueno, eh… sí, vamos, eso me lo planteó el entonces tesorero del partido, que había llegado que estaba utilizando el nombre del partido para algunos municipios de Madrid y entonces se decidió, se avisó, de que ese señor no podía hablar en nombre de Génova, del partido, y se decidió prescindir de sus servicios".
El entrevistado no explicó por qué si el aviso del tesorero –el octogenario Álvaro Lapuerta, exonerado de antemano en Gürtel por "demencia sobrevenida"– entrañaba tanta gravedad que le llevó a declarar una fatwa política inmediata contra Correa, ese mismo aviso no condujo también al partido a comunicar de inmediato a la Policía o la Fiscalía lo que había sucedido. O, al menos, lo que el PP temía que pudiera haber sucedido. Hasta ahora nadie lo ha explicado.
El 16 de enero de este año, durante su declaración como acusado en el juicio de Gürtel, Luis Bárcenas afianzó la versión oficial sobre la ruptura de 2004. Instalado en una estrategia de defensa radicalmente opuesta a la que en 2013 le llevó a enumerar ante el juez Pablo Ruz cuántos sobres con dinero en metálico le había entregado según su versión a Mariano Rajoy o a explicar con minuciosidad de contable qué concepto se correspondía con distintas anotaciones de los papeles a que ha dado nombre, el sucesor de Álvaro Lapuerta ofreció detalles sobre el rompimiento con el jefe de Gürtel. E introdujo una locución inequívoca sobre lo que, a tenor de su relato, había impelido a Rajoy a librarse de Francisco Correa. A Lapuerta y a Rajoy, expuso Bárcenas, un empresario y su yerno les contaron que el dueño de FCS, Orange Market, Pasadena Viajes, Easy Concept y Special Events, por citar sus firmas más señeras, se dedicaba a "actividades ilícitas" en los ayuntamientos de Madrid. El extesorero, cuya defensa se opuso con vehemencia ya en abril a que Rajoy se viese forzado a declarar como testigo, abrochó este punto de su declaración con las siguientes palabras: lo que Correa hacía exactamente era difundir "que cualquiera que quisiera hacer algo en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid tenía que pasar por su despacho para hablar con él".
Tres meses más tarde, el 24 de abril, cuando la citación de Rajoy era ya un hecho irreversible, testificó en la vista Joaquín Molpeceres. Es decir, el dueño de Licuas, el hombre de negocios que supuestamente había dado en 2004 la voz de alerta contra Correa. Y lo negó todo: en absoluto había advertido a Rajoy contra la trama. Eso dijo. De paso, negó también haber donado 60.000 euros al PP. Molpeceres desmintió a Bárcenas con mucho énfasis: "Es pura mentira, que le pregunten a Rajoy si de verdad me conocen, nunca me he reunido con ellos".
El remate llegó a los dos meses, cuando el 20 de junio y un día después que Francisco Álvarez Cascos, comparecieron como testigos quienes junto al general secretario habían conformado durante años la plana mayor del PP. Para empezar, Javier Arenas, exministro, ex secretario general del partido, líder histórico del PP andaluz y hoy vicesecretario de política autonómica y local, dijo que jamás supo que alguien hubiera impartido la orden de no contratar con ciertas empresas. "Desconocimiento absoluto, no lo he vivido nunca", contestó raudo cuando, sin nombrar a Correa ni pronunciar la palabra trama o red o grupo criminal, la fiscal Concepción Sabadell lo miró a los ojos y se lo preguntó así: si alguna vez alguien había dado alguna indicación de no contratar con una determinada empresa.
A Ángel Acebes, a quien Mariano Rajoy designó secretario general del partido en el congreso de 2004 donde él mismo ascendió al cargo de presidente, le hizo casi idéntica pregunta el abogado de Bárcenas. Pero, como Arenas, tampoco Acebes guardaba memoria de que alguien hubiera prohibido contratar a Correa. "No, no lo sé", respondió tras precisar que nunca había tenido "la responsabilidad de contratar". Ni con Gürtel ni con nadie.
El tercero en negar la existencia de esas directrices fue el exeurodiputado Gerardo Galeote: interrumpir su relación con la agencia de viajes de Correa fue una decisión "personalísima". No recibió instrucciones pero sí –convino– "información de una secretaria" en el sentido de que el partido ya no iba a contratar más con el grupo.
¿Cambia todo lo anterior, incluido lo dicho por Arenas, Acebes y Galeote, el planteamiento de Rajoy o mantendrá su mensaje de aquel 12 de marzo de 2009? Solo el presidente y sus asesores lo saben.
2. ¿por qué permitió que correa siguiera trabajando en madrid y valencia después de 2004?
La mañana de marzo de 2009 en que Rajoy se colocó ante los micrófonos de RNE no había trascendido que, aunque de forma muy espaciada, el grupo de Correa había seguido dando servicios al PP nacional después de 2004: por ejemplo, que organizó parte del congreso nacional de 2008. Más tarde, y como si en materia de organización de eventos el PP hubiera mantenido una posición federalizante, el avance de las investigaciones confirmó sin atisbo de duda que Francisco Correa y los suyos habían continuado trabajando a destajo para la Comunidad de Madrid y el PP de Esperanza Aguirre hasta el final de la década. Y que lo habían hecho gracias al amaño directo de contratos públicos cuando no a la más sutil técnica del fraccionamiento para no sobrepasar nunca la cuantía que obliga a la convocatoria de concurso. El cuartel general del PP madrileño se localizaba y se localiza también en Génova 13, apenas seis plantas por debajo del despacho de Rajoy.
Pero la cosa no acaba ahí. Porque el conglomerado de Correa experimentó igualmente un avance sin obstáculos en sus contratos con la Generalitat valenciana y el PP de Francisco Camps nada menos que hasta 2009. Es la adjudicación fraudulenta de los stands valencianos de Fitur la que ha llevado a prisión a Correa y sus lugartenientes Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Por qué la dirección nacional del PP, una formación fuertemente jerarquizada, no alertó a todas las organizaciones territoriales contra lo que ya para siempre se conocerá como las empresas de la trama Gürtel es por tanto otra incógnita. Y esta aparece íntimamente unida a la de por qué el partido no denunció a Correa en 2004. ¿Es verosímil que Rajoy, el hombre que en el congreso de 2008 y gracias a una tupida retícula de alianzas y lealtades logró derrotar a una enemiga del porte de Esperanza Aguirre, no supiera que Correa había mantenido intacta su simbiosis con la organización que esa misma lideresa dirigía con aparente mano de hierro? ¿Es posible que habiendo sido advertido, como él mismo corroboró, de que el "caballero" al que en 2004 había expulsado de Génova iba "utilizando el nombre del partido para algunos municipios de Madrid" no encomendase a sus colaboradores vigilar si el zorro había regresado a aquellos presuntos gallineros?
Hipótesis al margen, lo cierto es que fue la propia Aguirre quien sí dio su respuesta a la que podría denominarse como la pregunta sobre zorros y gallinas. La hoy reciente dimisionaria, que en 2010 había asombrado al país al presentar casi como un axioma su "yo destapé la Gürtel", declaró el 20 de abril en el juicio. Como testigo. Fue desde ese estatus que Aguirre se lamentó de que Alberto López Viejo le hubiera mentido.
López Viejo, una de las dos únicas "ranas" contabilizadas originalmente por Aguirre entre sus "más de 500 cargos nombrados" –y ese figura ya como su segundo aserto más célebre–, había sido su director adjunto de campaña en 2003. Y luego, el viceconsejero de Presidencia por cuyas manos pasaban todos los contratos de Gürtel relacionados con actos de Aguirre, fuese cual fuese la consejería pagadora. Pues bien, López Viejo, imputado en Gürtel desde la fase inicial del caso, le mintió –relató Aguirre– al asegurarle que solo había contratado a Easy Concept "en los primerísimos tiempos" y al darle después "una retahíla de empresas" con las que se hacían los "muchísimos" actos. Pero no le dijo –explicó Aguirre– "que todas eran del mismo señor". Ante el tribunal, la expresidenta de Madrid lamentó no haber mandado a nadie "al registro" para comprobarlo y admitió que "no dio ninguna instrucción para que no se contratara con ellas", pero porque "no podía concebir que estas cosas se hicieran". De nuevo, nadie dio ni ofreció instrucciones.
Y otra vez al margen de las hipótesis, lo incontestable es que ese manto de aparente autismo orgánico favoreció a las empresas de Correa: según la Cadena SER, la facturación del entramado Gürtel al PP y a las administraciones públicas gobernadas por la formación conservadora superó los 50 millones de euros.
3. ¿Qué relación tuvo Rajoy con Correa mientras el hoy presidente dirigió las campañas de Aznar y permaneció en la sala de máquinas del PP?
Asociada a todo lo anterior surge la que podría ser la siguiente pregunta razonable en la secuencia: ¿pertenece al terreno de lo lógico que el jefe de la exitosa campaña que en 1996 catapultó a José María Aznar a la Moncloa y de la que en 2000 le proporcionó una granítica mayoría absoluta no conociera a Francisco Correa, un hombre autárquico en muchos planos que ejercía un poder casi omnímodo sobre sus empresas, justamente organizadoras de casi cada acto nacional del partido? Correa declaró en el juicio que su carrera en el PP despegó hacia 1996. Y que una vez instalado allí "pasaba más tiempo en Génova" que en su despacho. El PP dice que es un farol falso de toda falsedad lo que viene ahora. Pero para ilustrar su familiaridad con el partido, Correa llegó a declarar que entraba en el parking de Génova 13 con una "tarjeta especial" idéntica a la de los miembros de la ejecutiva.
En aquella entrevista de marzo de 2009 donde un Rajoy titubeante se mostraba conmocionado por lo que el PP definía aún como "una trama contra el PP", Juan Ramón Lucas le formuló dos preguntas sobre esa relación: "¿Conoce usted a Francisco Correa?". Esa fue la primera pregunta. Y Rajoy contestó así: "Eh… Pues mire…, eh…, no tengo conocimiento del señor Francisco Correa, es decir, no tengo claro que lo conozca pero según me dice todo el mundo estaba en todos los actos del partido durante mucho tiempo y yo he ido muchas veces a actos del partido, por tanto es probable que me haya encontrado con él en alguna ocasión pero no he tenido ninguna reunión ni tengo sensación de conocerle". Eso –y lo matizó tras admitir que por supuesto sí que conocía a Pablo Crespo, antiguo secretario general del PP de Galicia, cuna y plataforma de despegue del presidente– "no quiere decir que no lo haya saludado en algún acto como puedo saludar a mucha gente".
El periodista insistió: “¿Qué más sabe de Correa?”. "Pues mire –dijo ahora Rajoy– yo lo único que sabía del señor Correa… cuando más he sabido es ahora… que era una de las personas… era una de las agencias de viajes con las que contrataba el partido, pero claro, eso lo sabes a posteriori, hoy no sé quién es la agencia de viajes del PP. Y que luego hacía escenarios para actos, y estaba en los actos, esto era fundamentalmente lo que yo sabía… Y ahora he sabido a raíz de la publicación en los medios de comunicación y del sumario abierto en la Audiencia Nacional pues lo que publican los periódicos".
Pero Correa no era un anodino agente comercial a quien el jefe de la multinacional a la que presta eventuales servicios no logre reconocer en la multitud si sustituye la chaqueta y la corbata por un polo de fin de semana. O por un chaqué. El jefe de aquella constelación societaria que la Policía renombró con su primer apellido traducido al alemán –Gürtel– había acudido el 5 de septiembre de 2002 a la boda de Ana Aznar con Alejandro Agag nada menos que como testigo del novio. Y había pagado, con cargo a sus empresas y como regalo para los contrayentes, parte de los gastos del enlace: exactamente 32.452 euros. Rajoy había ocupado una posición casi simétrica: el presidente fue testigo de la novia en aquella boda con protocolo propio de acto de Estado y a la que asistieron cerca de 1.000 invitados. Entre ellos, los reyes Juan Carlos y Sofía y varios mandatarios extranjeros.
¿Recuerda ahora Rajoy haber coincidido con Correa en el reducido círculo de los testigos durante el acto de firma que da fe de la celebración de la boda? De momento, no se sabe.
4. ¿Le avisó Álvaro Lapuerta de que la trama preparaba un gran pelotazo en Arganda del Rey?
Nada más cumplirse catorce años desde que Alejandro Agag se convirtió el 5 de septiembre de 2002 en el yerno de José María Aznar, su antiguo socio Jacobo Gordon ocupaba el 4 de octubre de 2016 su hueco en el banquillo junto a los otros 36 acusados para el inicio del primer juicio de Gürtel encomendado a la Audiencia Nacional. A la semana de haber comenzado la vista, Gordon confesó que Guillermo Ortega, uno de los acusados principales y exalcalde de Majadahonda, le dio en 2004 un sobre con 150.000 euros en negro para participar en una operación urbanística. Pero ese, aun con el brillo que le confiere la presencia en el escenario de un amigo de infancia de Alejandro Agag, no es el pelotazo más importante de la causa ni el que puede obligar a Mariano Rajoy a hacer ejercicios de memoria.
Para el líder del PP, la gran pregunta conflictiva en la parcela urbanística del caso se nuclea en torno a ocho palabras: Unidad de Ejecución 124 de Arganda del Rey. Por resumir lo sucedido: el 3 de diciembre de 2004, la promotora Martinsa se hizo con 158.000 metros cuadrados de suelo municipal en esa localidad situada a una treintena de kilómetros de la capital. Compró por 66 millones y la promesa de gastar otros 11 en equipamientos. En principio, podía construir hasta 1.000 viviendas que luego se multiplicaron por más de dos para situarse en 2.400. En el verano de 2006, Martinsa vendió por 73 millones un tercio del solar. El pelotazo había quedado servido. Y según los investigadores, ese pelotazo deparó a Correa una comisión multimillonaria: 24,8 millones que acabaron en una cuenta de Suiza. A día de hoy no se ha averiguado si algún alto responsable político, que es lo que sostenían algunas fuentes conocedoras de la operación, participó en el reparto de aquel suculento y envenenado pastel que en un principio parecía haber proporcionado a la trama solo 12,8 millones.
Pero lo anterior no pasaría de ser una operación turbia más aunque de enorme magnitud de no ser porque tanto Luis Bárcenas como Esperanza Aguirre han declarado que Álvaro Lapuerta avisó de que esa adjudicación de terrenos se iba a producir. Y de que en la reunión estaba Mariano Rajoy, principal destinatario de la advertencia formulada por el entonces tesorero del PP. Aguirre se ha curado en salud remarcando que ilegal no fue aquello. Y que, en última instancia, ella nada pudo hacer. Pero lo cierto es que, en 2006, la Comunidad de Madrid avaló el Plan Parcial de la zona. En la práctica, eso implicaba bendecir el proyecto de Martinsa.
¿Admitirá Rajoy que recibió la alerta de Lapuerta? Y, en caso afirmativo, ¿cómo explicará que la adjudicación se llevara finalmente a cabo?
5. ¿Estaba Rajoy al tanto de los regalos de Correa a cargos del PP?
El jaguar de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo (Madrid) y excoordinador electoral del PP. El reloj de 2.400 euros de la consejera valenciana Milagrosa Martínez, condenada a tres años por haberlo aceptado. Los viajes de la exmujer de Sepúlveda, Ana Mato, que era vicesecretaria de organización y luego ministra de Sanidad. Otro puñado de viajes para distintos cargos del partido. Y uno, siempre en duda y sobre el que nadie sabe si alguien posee pruebas definitivas, que habría tenido como beneficiario al propio Mariano Rajoy tras las elecciones de 2004 que dieron la victoria al socialista Zapatero.
Ese viaje, con destino a Canarias, fue uno de los primeros que saltaron a la palestra cuando se conoció la ristra de atenciones con que la trama Gürtel compensaba a los dirigentes del PP que hipotéticamente podían beneficiarles con contratos otorgados por administraciones públicas o por el partido. El PP aseguró que se había tratado de un regalo del partido, y no de Correa, al presidente. Pero nunca llegó a presentar ni un recibo ni una factura.
En el juicio, uno de los mandos de la investigación policial ha remachado de forma tajante lo que distintos informes de su unidad, la Udef, ya habían destapado: que las anotaciones efectuadas por la trama en los archivos excel denominados "Clientes central" eran un simple paripé. El objetivo: ocultar que los beneficiarios de esos viajes no los habían pagado. Ni lo iban a hacer. Los sufragaba, sencillamente, Francisco Correa. O su grupo empresarial. En el universo Gürtel, siempre fue movediza la línea divisoria, la frontera entre los fondos personales y empresariales con aquel dinero blanco, el "Alicante" de esa especie de germanía que manejaba la trama para su autoprotección, y aquel otro B anotado como "Barcelona".
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En el auto por el que el juez Pablo Ruz dio por cerrada la instrucción el 26 de noviembre de 2014 y abrió la fase previa al juicio –el auto de pase a procedimiento abreviado–, el magistrado explicaba el fenómeno de forma nítida: "clientes central" era la "clave utilizada de forma sistemática por la organización de Francisco Correa" para referirse a los servicios prestados a responsables políticos y cargos públicos con fondos de la Caja B de la trama.
El escrito de acusación de la Fiscalía abundó en esa dirección: "Así, la sociedad Pasadena Viajes SL se encargaba de organizar viajes y otros servicios turísticos que se regalaban a diversas autoridades cuyos nombres se encubrían emitiendo facturas y albaranes a nombre de un cliente ficticio que identificaban como 'clientes central', concepto que se reflejaba en los correspondientes apuntes contables".
De nuevo, la pregunta que sobrevuela el escenario se desdobla en dos: ¿resulta verosímil que Mariano Rajoy, cuya pertenencia al núcleo duro del aparato del partido fue una constante desde 1990, no conociera esas prácticas? ¿Puede ser que aquel viaje a Canarias lo financiara Correa y no el PP? La respuesta, tal vez, el miércoles.
El contenido del interrogatorio al que este miércoles deberá someterse Mariano Rajoy, el primer presidente de la historia de España llamado como testigo en un juicio penal, justo aquel donde se dirime el mayor caso conocido de presunta corrupción, es probablemente el secreto mejor guardado en los 30 años de vida de Adade. Es decir, de la asociación de abogados próxima al PSOE que ejerce la acusación popular más activa de las tres presentes en el juicio de Gürtel y a instancias de cuyo principal letrado en el proceso, José Mariano Benítez de Lugo, ordenó el tribunal que Rajoy preste declaración: no como jefe de Gobierno sino "como un ciudadano español" y por su condición de dirigente del PP durante el periodo íntegro sujeto a examen en esta causa, 1999-2005. Pero aunque el cuestionario de Adade permanezca casi o literalmente bajo llave, sobre la mesa hay cinco preguntas básicas. Y las cinco siguen sin respuesta pese al tiempo transcurrido desde que en febrero de 2009 estalló el caso.