Ciudadanos, cuyos nueve diputados en el Parlamento andaluz han garantizado hasta la fecha la estabilidad del Gobierno de Susana Díaz, ha elevado el tono contra el PSOE. Su portavoz regional, Juan Marín, subraya ahora las diferencias, incide en las líneas rojas y manda mensajes entre la advertencia y la amenaza. Si Díaz dejara la Presidencia para ir a Madrid se "replantearía" el acuerdo, afirma Marín, que habla abiertamente de "enfriamiento" de las relaciones y lo atribuye al hecho de que Ciudadanos haya votado a favor de la comparecencia de Díaz en la comisión de investigación del fraude de los cursos de formación. Tanto el Gobierno andaluz como el propio PSOE tiran de cintura y restan trascendencia a las discrepancias, al tiempo que PP, Podemos e IU –cada uno desde su óptica– subrayan las contradicciones del pacto y denuncian la teatralidad de los desencuentros.
Los mensajes de recelo y distanciamiento por parte de Ciudadanos se suceden. Hay pocas contemplaciones en la retórica. Cuando se conocieron los datos del paro a principios de semana (en Andalucía hay 972.228 desempleados, tras una subida de más de 9.000 en enero), el portavoz económico de Ciudadanos salió a pedir "un giro de 180 grados" en las políticas de empleo de la Junta de Andalucía. Marín se muestra satisfecho de obligar a Díaz a pasar por la comisión de la formación, al tiempo que marca territorios que considera innegociables: la bajada del impuesto de sucesiones –una bandera tradicional del PP– y el cambio de la ley electoral para lograr una mayor proporcionalidad y con listas desbloqueadas.
Estas exigencias son "sí o sí" para 2016, subrayan desde Ciudadanos. En la formación naranja duelen los titulares habituales de la prensa conservadora que recogen sus múltiples coincidencias parlamentarias con el PSOE. Han comprobado que el discurso de la responsabilidad y de la gobernabilidad a veces se queda corto para la batalla del día a día. Y le han metido cierta tensión al patio, aunque desde la formación naranja afirman que no es una estrategia deliberada. Creen que el problema lo tiene el PSOE, que debe acostumbrarse al nuevo escenario.
Falta de comunicación directa entre líderes
Tampoco ocultan desde Ciudadanos que el "enfriamiento" con el PSOE no es sólo entre las formaciones, sino entre sus líderes. Juan Marín y Susana Díaz llevan sin hablar –subrayan desde las filas de Ciudadanos– "más de dos meses", desde que abordaron juntos cuestiones del debate final de presupuestos, que aprobaron juntos el 3 de diciembre del pasado año, justo antes de iniciarse la campaña de las generales. Desde entonces, Marín no ha hablado con Díaz, sino con Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente del Gobierno andaluz.
Pese a las tensiones, Ciudadanos subraya que hay que saber distinguir el grano (el cumplimiento de las 70 medidas acordadas con el PSOE en el pacto de investidura) de la paja (el rifirrafe diario). Y aunque admiten que su posición es "la más complicada" por la necesidad de busca equilibrios, se muestran seguros de estar delimitando un espacio propio ante la ciudadanía.
Ciertamente, el apoyo al PSOE en Andalucía no impidió que fuera el partido que más creció si se comparan las autonómicas de marzo del año pasado y las generales de diciembre, pasando de 368.988 a 611.772 votos en la comunidad. Y ello a pesar de que la evolución del Barómetro del CIS (el último, de enero) revela que los españoles ubican al partido de Albert Rivera cada vez más a la derecha. Casi un 40% de los encuestados lo sitúa entre el 7 y el 10, siendo el 0 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha.
El PP: a la yugular de Ciudadanos
El PP quiere hincar el diente a la supuesta contradicción entre la base electoral de Ciudadanos y su pacto con el PSOE. Carmen Crespo, nueva portavoz parlamentaria del PP, debutó en su responsabilidad saliendo a la palestra con un argumentario a la yugular de Ciudadanos, que se habría "entregado al PSOE a cambio de nada", según denunció. Los mensajes que salen de la calle San Fernando, sede del PP andaluz, son todos de parecido tenor: "Se pliegan al PSOE cada vez que hay ocasión"; "Le hacen el juego a su socio"; "En Andalucía hay un bipartito".
El PP ha recopilado una larga lista de votaciones conjuntas del PSOE y Ciudadanos en el debe de Juan Marín, incluyendo el acuerdo para la formación de la Mesa del Parlamento, que da tres miembros a los socialistas (45 diputados) y uno cada uno a PP (33), Podemos (15), Ciudadanos (9) e Izquierda Unida (5), lo que llevó a la formación conservadora a recurrir el acuerdo ante el Constitucional. "El PSOE vota a favor del 93% de lo que propone Ciudadanos; Ciudadanos vota a favor del 90% de lo que propone el PSOE", asegura el equipo de Juan Manuel Moreno Bonilla. Desde lo más nimio a lo más relevante, cada coincidencia queda anotada. El PP ni siquiera le concede méritos por la principal medalla que Ciudadanos se ha puesto en el pecho: la bajada del IRPF. El PP hace sus cuentas y considera la bajada totalmente insuficiente: "Es del 2% sólo para las rentas hasta 12.450 euros", subrayan. Luego la bajada es menor para bases algo más altas, insisten, dirigiéndose a esas clases medias que siempre ha cortejado el PP andaluz.
Moreno Bonilla y los suyos están resueltos a poner a prueba el acuerdo de PSOE y Ciudadanos. El escenario de la presión es el Parlamento, donde hasta la fecha las derrotas parlamentarias de los socialistas son un rareza, caso de la derogación (en septiembre de 2015) de un decreto de cómputo de antigüedades en la administración que, tras ser aprobado por el Gobierno andaluz, sucumbió al voto en contra de PP y Podemos y a la abstención de Ciudadanos e Izquierda Unida.
La semana pasada el PSOE ha vuelto a pasar apuros. El PP llevó el jueves una proposición no de ley (PNL) para que la Cámara instase al Gobierno a destituir a Rafael Moreno, director general de Empleo, que antes de ser alto cargo de la Junta fue condenado por injurias a un policía de Huévar del Aljarafe (Sevilla), donde fue alcalde, y por una falta de agresión a un árbitro de cadetes. La abstención (no el voto a favor) de Ciudadanos hizo posible que saliera adelante. Menos probable a priori es que el PP marque al resto de partidos la agenda con su inminente PNL de medidas de "regeneración", que incluyen la limitación de mandatos a dos legislaturas y otras medidas de higiene democrática. Con la brecha valenciana abierta y sangrante, el PSOE y Ciudadanos tienen muy fácil armar un discurso contra este tipo de iniciativas del PP.
Geometría variable
El PSOE tira de cintura y experiencia. Los socialistas saben que aguarda una legislatura compleja. Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE, insiste en "desdramatizar" las diferencias con Ciudadanos y se remite a los propios compromisos de Albert Rivera para asegurar que, ocurra lo que ocurra a nivel estatal, no influirá en Andalucía. "Se equivoca quien vea idilio y quien vea confrontación. Hay respeto, estando cada uno en su sitio, y diálogo para cumplir el acuerdo y el presupuesto", afirma Jiménez, que describe un panorama de "geometría variable". Jiménez pone como ejemplo del "diálogo con todos" del PSOE la reciente aprobación de una iniciativa parlamentaria conjunta con Podemos e IU a favor del derecho a huelga de los trabajadores de Airbus.
"No está pasando nada extraordinario", insiste Jiménez. Así lo ve también el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que admite "desencuentros" con Ciudadanos pero subraya el cumplimiento del pacto de investidura. Los socialistas gestionan los apuros sin encararse con Ciudadanos y cargando contra el PP y Podemos, a los que acusa de protagonizar una "pinza".
La formación que lidera Teresa Rodríguez no parece acomplejarse lo más mínimo ante esta estrategia, que el PSOE ha empleado históricamente contra Izquierda Unida. No temen a coincidencias puntuales con el PP en su marcaje parlamentario. Por contraste, subrayan que Podemos ha sido fundamental para evitar que salgan adelante medidas de sesgo claramente neoliberal. Como ejemplo, la formación de Rodríguez frenó, junto con el PSOE e IU y en contra de PP y Ciudadanos, una moción para incrementar las partidas para la educación concertada. Igual equilibrio de fuerzas se ha producido para tumbar la supresión a la mínima expresión del impuesto de sucesiones y donaciones a iniciativa del PP, así como una PNL de eliminación de "cualquier traba" a la inversión.
Ley de atención temprana de Podemos
Con sus 15 diputados, Podemos es pieza clave en la aritmética parlamentaria e impulsa su propia agenda. Confía en concitar el apoyo de todos los grupos de la oposición (incluyendo ahí a Ciudadanos) a su propuesta de ley de atención temprana.
Podemos también pone el foco en la elección, la semana próxima, de quien debe ser miembro titular del recién creado Consejo de Transparencia de Andalucía. Su candidato es Juan Ignacio Moreno Yagüe, de quien remiten a infoLibre un currículum que detalla su condición de "abogado especialista en transparencia y derecho bancario", "promotor de la ley de cuentas claras y abiertas de las Administraciones Públicas, aprobada en la Asamblea de Extremadura" o "abogado de 15MpaRato". En Podemos creen que, pese al perfil de su candidato, PSOE y Ciudadanos tienen cerrada la elección de Julio Díaz (Cs), que preside la comisión de investigación de la formación, con cuyo desarrollo Podemos está siendo muy crítico.
La investigación del fraude de la formación
Susana Díaz acusa a Cs de defender el modelo histórico del nacionalismo en financiación autonómica
La comisión de investigación será el gran escenario de batalla política de 2016. La Junta de Andalucía cifra en 1.613 los millones investigados, no necesariamente defraudados (el PP ha manejado cifras mucho más escandalosas). Las reclamaciones de devolución alcanzan los 72 millones, pero podrían sumarse 167,5 más, según datos de la Junta ofrecidos el verano pasado.
PP, Podemos e IU acusan a Ciudadanos de falta de seriedad y de hacerle el juego al PSOE en la comisión, aunque hayan forzado a comparecer a Díaz. "No haberlo hecho hubiera sido un escándalo", señalan desde Podemos. El interés está ahora en cuándo pasará la presidenta por la comisión. Según la oposición, debe ser la última, para dar respuesta a todo lo que aflore durante la misma. "Así fue como lo planteamos en la comisión de los ERE, por donde pasaron los responsables políticos de menor a mayor importancia", recuerdan desde IU, que está realizando un marcaje por escrito de la comisión para evitar que se incumplan o demoren sus acuerdos.
El cuándo de la comparecencia de la presidenta se resolverá en una reunión de la comisión en breve, según anunció Julio Díaz la semana pasada. La presidenta es una de los 69 citados, más de una treintena ex cargos públicos, entre los que están sus dos predecesores inmediatos, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El PP reprocha a Ciudadanos que haya votado junto con el PSOE a favor de la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y que no aparezcan en cambio en el listado actuales consejeros de la Junta. Por su parte, Podemos ha considerado más grave lo que ve como un intento de "diluir responsabilidades" por parte del PSOE, como prueba, según Teresa Rodríguez, que presentara una propuesta de 275 comparecientes.
Ciudadanos, cuyos nueve diputados en el Parlamento andaluz han garantizado hasta la fecha la estabilidad del Gobierno de Susana Díaz, ha elevado el tono contra el PSOE. Su portavoz regional, Juan Marín, subraya ahora las diferencias, incide en las líneas rojas y manda mensajes entre la advertencia y la amenaza. Si Díaz dejara la Presidencia para ir a Madrid se "replantearía" el acuerdo, afirma Marín, que habla abiertamente de "enfriamiento" de las relaciones y lo atribuye al hecho de que Ciudadanos haya votado a favor de la comparecencia de Díaz en la comisión de investigación del fraude de los cursos de formación. Tanto el Gobierno andaluz como el propio PSOE tiran de cintura y restan trascendencia a las discrepancias, al tiempo que PP, Podemos e IU –cada uno desde su óptica– subrayan las contradicciones del pacto y denuncian la teatralidad de los desencuentros.