La "transparencia" de los partidos políticos y la "regeneración democrática" son algunos de los pilares fundamentales del ideario de Ciudadanos. Al menos, así lo ha hecho constar en multitud de ocasiones su líder Albert Rivera, quien defiende que son necesarios parámetros objetivos para evaluar la transparencia de las instituciones democráticas para que así la obtención de información sobre los partidos políticos no sea una labor de "periodismo de investigación". También en su página web la formación asegura que entre sus objetivos está "limpiar las funciones públicas, en lo concerniente al dinero, de toda oscuridad posible".
Sin embargo, los informes que los órganos de fiscalización han hecho sobre las cuentas que ha presentado Ciudadanos desde su creación, en 2006, no parecen concordar con las pautas de limpieza que el partido dice defender. De hecho, estos documentos evidencian que Ciudadanos ocultó de forma reiterada información relevante a los tribunales de cuentas. En 2008 el máximo órgano fiscalizador del Estado acusó al partido de "falta de colaboración" y de "menoscabar la transparencia" por presentar las cuentas fuera de "tiempo y forma". El hecho de haber presentado la documentación a la que le obligaba la ley con retraso impidió al Tribunal de Cuentas ejercer con toda garantía su tarea fiscalizadora y, por tanto, "emitir una opinión sobre la representatividad" de su contabilidad.
Pero más llamativo es el caso de 2010, cuando las cuentas del partido de Rivera escaparon de todo control porque "por desconocimiento", según explicó la formación en una nota de prensa, no las presentaron en plazo a la Sindicatura de Cuentas, que es el órgano fiscalizador externo de la Generalitat. El partido las facilitó junto a las de 2011 pero con "un formato de presentación erróneo". Así que la conclusión es que nunca fueron auditadas. Por otro lado, los informes de la Sindicatura de Cuentas también señalan que en los años 2012 y 2013 Ciudadanos no ofreció toda la información a la que está obligada por ley sobre sus subvenciones y donaciones ni sobre sus créditos.
Hay que tener en cuenta que hasta 2008 el Tribunal de Cuentas se encargaba de fiscalizar las cuentas de todos los partidos con representación en el Congreso y en los parlamentos autonómicos, hubieran recibido o no subvenciones de funcionamiento ordinario. Estas subvenciones, que van con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, son las que se otorgan dependiendo del número de diputados y de votos conseguidos en las últimas elecciones generales y son independientes de las ayudas para sufragar gastos electorales.
Desde 2010 es la Sindicatura de Cuentas la que revisa la contabilidad de los partidos con representación en el Parlament de Cataluña, si bien con menos profundidad que el Tribunal de Cuentas porque su tarea consiste en revisar que se ha enviado la documentación que marca la ley (es lo que se define como revisión de la rendición de cuentas), aunque no se lleva a cabo una comprobación de la información facilitada como sí hace la institución estatal.
Además, existe un vacío en la fiscalización de Ciudadanos en el ejercicio de 2009 porque ninguno de los tribunales tenía la obligación de auditar su contabilidad para ese ejercicio: el Tribunal de Cuentas porque fue a partir de ese año cuando comenzó a fiscalizar sólo a los partidos que hubieran recibido subvenciones de funcionamiento (no fue el caso del partido de Rivera) y la Sindicatura de Cuentas porque todavía no se había aprobado la ley de 2010 que le asignó esa competencia.
01. Los informes del tribunal de cuentas
De todos los informes de contabilidad presentados por Ciudadanos para su fiscalización el más demoledor, sin duda, es el que realizó el Tribunal de Cuentas [ver documento, aquí] relativo al ejercicio de 2008. La formación presentó la cuenta de resultados y la memoria fuera de "tiempo y forma", según señala este organismo. Lo hizo en período de alegaciones y tras dos requerimientos hechos los días 22 de marzo y 23 de julio de 2010. Ese "importante retraso", según la institución, "menoscaba la transparencia y publicidad de la actividad económico-financiera desarrollada por el partido” al tiempo que pone de manifiesto la "falta de colaboración" de la formación. Además, esta tardanza, unida a que se presentaron "sin documentación justificativa ni registros contables auxiliares", supuso que no hubiera sido posible fiscalizar las cuentas y, por tanto, impidió al tribunal "emitir una opinión sobre la representatividad de las mismas".
En respuesta a infoLibre, Ciudadanos explica este retraso señalando que no supieron hasta marzo de 2013 –aseguran que el 14 de marzo de ese año enviaron el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, la relación e identificación de donaciones y las contabilidades de los grupos locales sujetos a la fiscalización– que tenían que presentar toda esta documentación al Tribunal de Cuentas hubieran recibido o no subvenciones por parte del Estado. Y se acogen al artículo 14.3 de la ley de financiación de partidos que establece que las formaciones sujetas a fiscalización por este órgano son las que han recibido en el ejercicio en cuestión subvenciones de funcionamiento. Sin embargo fue en 2005, antes de que naciera Ciudadanos, cuando el pleno del Tribunal de Cuentas acordó ampliar su ámbito de fiscalización a todas las formaciones con representación en las Cámaras autonómicas (es el caso de Ciudadanos desde 2006) hubieran recibido o no este tipo de subvenciones.
En 2008, Ciudadanos declaró poseer una deuda con entidades financieras de 269.772 euros, si bien en la memoria no informó de las condiciones de los créditos contraídos, con qué entidad o entidades se había firmado, así como el importe otorgado o el tipo de interés, a pesar de que la Ley de Financiación de Partidos obliga a las formaciones a ofrecer esta información con este nivel de detalle. También declaró un activo de 140.600 euros, aunque el tribunal no pudo realizar ninguna comprobación de los saldos registrados porque el partido no presentó ni el libro mayor de las cuentas ni el arqueo de caja y tampoco facilitó información de las entidades financieras con las que efectuó operaciones durante el ejercicio.
Por otra parte, el saldo negativo declarado fue de 217.246,48, lo que llevó a este órgano a reprender a la formación y a instarle a "ajustar su actividad económica, acomodando su endeudamiento financiero (...) y su nivel de gasto a los ingresos previstos a fin de mantener el patrimonio neto en niveles que aseguren las permanencia de la actividad económica".
Asimismo, se recoge que el grupo parlamentario pagó al partido 411.676 euros en concepto de "asesoría", si bien el tribunal señala que no pudo verificar si esta cantidad se había registrado correctamente. infoLibre preguntó en qué consistieron esos trabajos y si se habían seguido realizando en los años posteriores. La respuesta ofrecida por un portavoz oficial de Ciudadanos es que el grupo parlamentario no tiene contratados asesores técnicos y que todos los trabajos de asesoría referidos a iniciativas legislativas propias y de otros grupos se realizan desde el partido, ya sea de las comisiones de acción política o desde las agrupaciones territoriales. De hecho, según información facilitada por la formación, todos los ejercicios recogen pagos del grupo al partido: 475.618 euros en 2009; 346.188 euros en 2010; 251.417 euros en 2011; 205.020 euros en 2012, y 770.410 euros en 2013. En total, 2.460.330 euros desde 2008 a 2013.
En su informe del año 2007 [consultar, aquí], el Tribunal de Cuentas aseguró que la memoria aportada por Ciudadanos –presentada, como toda la documentación, un año tarde– era “insuficiente” ya que no incluía la información necesaria sobre las donaciones privadas recibidas y el endeudamiento con entidades de crédito. Desde la formación admiten que la "advertencia" del Tribunal de Cuentas viene porque "efectivamente esos datos se deberían haber incluido también en la memoria", si bien reiteran que sí se aportaron.
Ese año la formación de Rivera declaró una deuda bancaria de 216.170 euros correspondiente al saldo dispuesto en una póliza de crédito, si bien no dio detalles sobre la entidad o el tipo de interés acordado. Por donativos aseguró haber recibido 78.359 euros, aunque no ofreció la identificación completa del donante de 14.104 de ellos. Por otro lado, en este mismo informe se detalla que Ciudadanos sólo facilitó la documentación contable de cuatro grupos municipales (Gavá, Castelldefels, Sant Andrés de la Barca y Viladecans) a pesar de que tenía en ese momento un total de 34 agrupaciones locales, según recoge el informe.
Sobre este último punto, a preguntas de este periódico, la formación indica que "presentó las cuentas anuales de los únicos municipios con derecho a recibir subvenciones locales". "El propio Tribunal de Cuentas nos indicó los municipios sometidos a la fiscalización", señalan. Y recuerdan que el propio informe subraya "el escaso volumen de la actividad económica de estos grupos municipales".
02. La fiscalización de la sindicatura
A partir de 2010 la labor de supervisión de la rendición de cuentas de los partidos políticos con representación en el Parlament recayó sobre la Sindicatura de Cuentas. Cuando fue presentado el informe con las contabilidades de todos los partidos con escaños en la Cámara catalana para 2010 [consultar, aquí] se evidenció que Ciudadanos no había facilitado la documentación. El partido explicó entonces en una nota de prensa que no lo había hecho "por desconocimiento", pero que había adjuntado las cuentas de 2010 al presentar las de 2011 aunque con "un formato de presentación erróneo". La conclusión es que la contabilidad de 2010 nunca fue analizada porque el partido la presentó fuera de plazo.
Además, en los informes correspondientes a los años 2012 y 2013 [ver documentos, aquí y aquí], la Sindicatura de Cuentas señala que Ciudadanos no incluyó en la memoria –a pesar de que así lo recoge la ley– la relación de subvenciones públicas y donaciones privadas con la identificación del donante y del importe recibido y tampoco detalló las condiciones contractuales de los créditos o préstamos recibidos de entidades financieras.
Sobre este punto, en Ciudadanos reconocen que las memorias no incluyeron los datos relativos a las subvenciones públicas y a los créditos, pero que esta información sí estaba recogida en los balances. Sobre los créditos aseguran que no existía ningún crédito vivo al cierre del ejercicio de 2013 y respecto a la relación de donaciones privadas reiteran que sí fueron remitidas no sólo a la Sindicatura de Cuentas, sino también al Tribunal de Cuentas, aunque fuera de plazo. Remitir fuera de plazo una documentación supone, en la práctica, que no sea analizada, según han explicado a este diario desde ambos órganos fiscalizadores.
Asimismo, esos mismos informes de la Sindicatura de Cuentas señalan que Ciudadanos incumple la obligación legal de detallar en su página web información sobre las condiciones de los créditos y préstamos que tiene informando de la entidad otorgante y la cuantía de los préstamos concedidos. En la formación aseguran que esos datos sí están incluidos en el apartado de 'Transparencia' de su página web. Este diario, sin embargo, no los ha encontrado a pesar de que ha analizado todos los documentos que integran esta sección de la página web.
Por otro lado, el informe de fiscalización de las elecciones autonómicas del año 2006 detalla que Ciudadanos recibió dos donativos, de 60.000 y 7.250 euros, para sufragar la campaña que superaban la cantidad máxima permitida por la normativa vigente (6.010 euros). Asimismo, el órgano fiscalizador detectó que el partido había recibido otros 62.309 euros procedentes de personas anónimas, pero no se especificó el importe que donó cada una de ellas, lo que impidió comprobar si alguno de esos donativos había superado el máximo legal. C's alegó entonces, según recogió El País, que la ley restringía las donaciones superiores a 6.010 euros sólo en campaña electoral y que las ayudas superiores a este importe las habían recibido antes.
Respecto a la campaña electoral de las autonómicas de 2012 –en las que Ciudadanos obtuvo nueve diputados– el informe preceptivo de la Sindicatura de Cuentas señaló que Ciudadanos registró aportaciones por 4.500 euros que se no ingresaron en la cuenta electoral, sino que se dispusieron en efectivo, algo que va contra la ley. A pesar de que la formación facilitó una relación de las personas que hicieron esas donaciones el origen de los fondos no quedó los "suficientemente acreditado", así que esta institución puso al partido de Rivera una multa de 450 euros.
La "transparencia" de los partidos políticos y la "regeneración democrática" son algunos de los pilares fundamentales del ideario de Ciudadanos. Al menos, así lo ha hecho constar en multitud de ocasiones su líder Albert Rivera, quien defiende que son necesarios parámetros objetivos para evaluar la transparencia de las instituciones democráticas para que así la obtención de información sobre los partidos políticos no sea una labor de "periodismo de investigación". También en su página web la formación asegura que entre sus objetivos está "limpiar las funciones públicas, en lo concerniente al dinero, de toda oscuridad posible".