El programa electoral de Ciudadanos para el 28A rebaja el alcance de las medidas anticorrupción y contra el fraude fiscal que la formación naranja defendió en las elecciones de 2016.
En materia de fraude fiscal, la principal diferencia entre la propuesta de hace tres años y la que ahora defiende Albert Rivera tiene que ver con dos renuncias. La primera es que ya no se comprometen a trabajar “para prohibir a las entidades financieras con sede en España y a las extranjeras que operan en nuestro país tener oficinas, sucursales o filiales en cualquier paraíso fiscal”. El nuevo programa, hecho público el martes, se limita a exigir “a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales”, pero no a impedir que las tengan.
Ciudadanos también ha suprimido sus propuestas en relación con las sociedades de inversión de capital variable (sicav), instrumentos financieros que son a menudo utilizados, sobre todo por las grandes fortunas, para reducir el pago de impuestos. En el programa de 2016 la formación naranja proponía devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las sicav, “haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del impuesto de sociedades”, y se comprometían a promover medidas para que se convirtiesen en “verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos”.
También el capítulo dedicado a exponer las propuestas de Cs contra la corrupción ha sido objeto de modificaciones. El programa de Cs para las elecciones del 28 de abril tampoco incluye, a diferencia del de hace tres años, medidas para regular las llamadas puertas giratoriaspuertas giratorias para evitar los conflictos de intereses de los altos cargos.
Desahucios e impuestos
No son los únicos cambios que ha experimentado el programa de Albert Rivera. De las propuestas naranjas también se han caído las que hace tres años proponían proteger a las personas que sufren desahucios. El compromiso con el que Cs se presentó a las elecciones de 2016 incluía la voluntad de reconocer “los derechos de las personas afectadas por el desahucio”. “Se les facilitará de forma temporal una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a su situación económica y familiar. También podrán acogerse a un plan de pagos personal de la deuda pendiente, cuya mensualidad conjunta no podrá suponer más del 30% de los ingresos mensuales de la unidad familiar”. Ninguna de estas medidas está en el programa actual.
Ciudadanos ha incluido en su oferta electoral para el 28 de abril una amplísima batería de propuestas de reducción y exención de impuestos. Una de ellas es la que pretende poner fin al impuesto de sucesiones y donaciones también para los "millonarios". En 2016 excluían a las grandes fortunas: “la clase media y trabajadora no pagará Impuesto de Sucesiones”, decían, “solo tributarán las herencias millonarias”. Hace tres años defendían la exención para "la vivienda habitual, la empresa familiar y hasta un millón de euros heredado por cada hijo”. Ahora, en cambio, extienden los beneficios a los mas ricos para “que nadie tenga que renunciar nunca más a una herencia por no poder pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Bonificaremos al 100% este impuesto en las herencias y donaciones entre parientes directos y lo reduciremos en las transmisiones entre otros parientes en toda España”.
Los de Rivera también han cambiado las reducciones en el IRPF, el impuesto que pagan los asalariados y que representa la quinta parte de los recursos del Estado. Donde antes proponían reducirlo en dos puntos porcentuales en todos los tramos de ingresos a lo largo de dos legislaturas, ahora hablan de reducciones vinculadas a las familias.
Del programa de 2019 también han desaparecido las propuestas para recuperar el huso horario GMT y las que defendían una reducción de las tasas universitarias.
Eutanasia
Entre las novedades —asuntos que no estaban en el programa de 2016 y sí aparecen en 2019— destacan tres propuestas legislativas. En primer lugar, una destinada a regular el derecho a la eutanasia con control y garantías para que las personas que padezcan situaciones degenerativas e incurables puedan elegir libre, voluntaria y dignamente el final de su vida y para despenalizar esta práctica en el caso de los profesionales sanitarios que participen de la misma, garantizando en todo caso el respeto a su derecho a la libertad de conciencia.
En segundo lugar, Cs ha incluido en su programa para el 28A una Ley de Parejas de Hecho que promueva su equiparación a los matrimonios. La idea de la formación naranja es extender “los derechos reconocidos a los matrimonios a las parejas de hecho: podrán hacer la declaración conjunta de la renta, acceder en iguales condiciones a la pensión de viudedad y ser reconocidas como familias numerosas en las mismas condiciones que los matrimonios”.
La oferta electoral naranja de este año incluye una tercera norma legal que no figuraban en el programa de hace tres años: una Ley de Bienestar y Protección Animal para elevar las penas previstas para el abandono y maltrato de animales. Cs se propone garantizar “el buen trato a los animales en toda España, estableciendo medidas que promuevan la adopción, eviten el sacrificio de ejemplares sanos y reduzcan el abandono”, así como promover “las reformas necesarias para que los animales de compañía gocen de una categoría especial en nuestro Código Civil y dejen de ser considerados como ‘cosas’ por el ordenamiento jurídico”.
En el capítulo de cultura, la formación naranja ha incluido una llamativa novedad: impulsar un Plan de Apoyo a la Difusión de la Historia Española para “incrementar el conocimiento del papel de España a través de los siglos” con el objetivo declarado de “revertir la interpretación, en ocasiones gravosa y negativa del papel que España ha protagonizado en la historia, fomentado en otras épocas por la llamada ‘leyenda negra’, que ha devaluado injustificadamente la imagen de nuestro país”.
Las novedades del programa incluyen también una referencia a la ampliación de la prisión permanente revisable —que Cs ni mencionaba en 2016— y a la situación de Venezuela. Por lo que se refiere a la máxima pena del ordenamiento jurídico español, el partido de Albert Rivera se compromete a garantizar “el cumplimiento íntegro de las penas” y a ampliar “la prisión permanente revisable para que ningún delincuente quede impune. Abordaremos una reforma de la prisión permanente revisable para incorporar algunos casos aberrantes de delincuencia que no están actualmente contemplados en la ley” y “cerraremos el agujero legal en el acceso al tercer grado y a los permisos”.
En cuanto a Venezuela, Cs se propone abrir las fronteras españolas a los venezolanos que huyan de su país. “Otorgaremos a todos los venezolanos refugiados en España que huyen de la tiranía de Maduro el Estatuto de Protección Temporal, que les concederá, entre otras cuestiones, un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo, hasta que se garantice la libertad y la seguridad para todo el pueblo venezolano”.
El nuevo programa de Ciudadanos modifica muchas de las propuestas que defendió en 2016. Una de las más llamativas es la que tiene que ver con la reforma electoral y con los partidos políticos. Los de Rivera ya no piden una nueva ley electoral “para que el voto de todos los españoles valga lo mismo” y “una reforma constitucional para asegurar un régimen electoral que responda al principio ‘una persona un voto”.
Tampoco defiende ya “establecer que la circunscripción electoral permita un reparto equilibrado del censo electoral para evitar la sobrerrepresentación de circunscripciones, como sucede en la actualidad con algunas provincias”, ni la propuesta de “un sistema electoral de doble lista desbloqueada para la elección uninominal y proporcional de ámbito territorial y nacional, respectivamente”. La oferta electoral de Ciudadanos en estas elecciones es ahora menos precisa y mucho más genérica: “Mejoraremos la proporcionalidad del sistema electoral para asegurar que el reparto de escaños se ajuste a lo votado por los españoles”, prometen. Así como desbloquear “las listas electorales para que los ciudadanos puedan decidir qué candidatos les representan dentro de la candidatura que elijan”, aunque sin precisar el modelo.
También han suprimido garantizar, mediante ley, la transparencia económica de los partidos. Ha desaparecido las exigencia de hace tres años para que todas las formaciones tuviesen que desglosar y detallar ingresos y gastos y para prohibir “las donaciones a las fundaciones vinculadas a los partidos de empresas y directivos de empresas que tengan relación económica o de supervisión con las Administraciones”.
El privilegio del cupo
El programa de 2016 proponía acabar por igual con el modelo de concierto en Euskadi y Navarra. Ahora, después de firmar un acuerdo preelectoral con UPN —un partido foralista—, Ciudadanos se centra en el cupo País Vasco, aunque también incluye una referencia al régimen navarro.
Cs quiere acabar “con el privilegio que supone el actual cálculo arbitrario e insolidario del cupo vasco” y “sustituir el sistema actual de cálculo quinquenal, opaco y politizado, por una metodología estable elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que permita un cálculo del cupo transparente, objetivo y riguroso para asegurar la contribución del País Vasco a la solidaridad territorial en las mismas condiciones que el resto de comunidades autónomas”. ¿Y qué pasa con Navarra? La formación naranja incluye una referencia final aparentemente contradictoria con los acuerdos que suscribió con UPN en la que se compromete a “aplicar la misma reforma en el caso de la aportación navarra, para que los sistemas de concierto sean transparentes y solidarios”.
Rivera se compromete a que los autónomos tengan el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena
En materia de financiación autonómica, Cs introduce matices. Ahora propone conseguir un modelo de financiación “más transparente, justo y equitativo, que garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos”. Antes defendía fijar “una cartera de servicios comunes a todos los españoles garantizada por el Estado” y limitaba la capacidad de las Comunidades Autónomas de incrementar esos servicios a que fuesen capaces de hacerse “responsables de su financiación”.
Ciudadanos también ha modificado sus objetivos de inversión en I+D+i en proporción al PIB —antes apostaba por alanzar el 3% y ahora se queda en el 2%— y concreta en parte su iniciativa a favor de los vientres de alquiler proponiendo una ley de Gestación Subrogada siguiendo el modelo de Canadá y Reino Unido, con el objetivo de garantizar “los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante” este procedimiento.
En relación con la gestión de los medios públicos también se han producido cambios. Los de Rivera abrazan ahora el modelo de concurso público para elegir al máximo responsable de RTVE. Y ponen en el punto de mira a las televisiones autonómicas, hasta el punto de no descartar su cierre si no pueden ser rentables. “Auditaremos las televisiones autonómicas para reducir gasto innecesario y aseguraremos que sus contenidos no sirvan para hacer propaganda ideológica. Promoveremos su autofinanciación y, en su caso, impulsaremos la eliminación de aquellos que resulten manifiestamente inviables”.
El programa electoral de Ciudadanos para el 28A rebaja el alcance de las medidas anticorrupción y contra el fraude fiscal que la formación naranja defendió en las elecciones de 2016.