Retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana, reconocimiento del derecho laboral de las prostitutas, impedir que una persona implicada en un delito de trata abra un prostíbulo, permisos de residencia y trabajo para las trabajadoras del sexo, negociación de espacios públicos para desarrollar su actividad...
Estas son algunas de las 36 propuestas que el colectivo Hetaira ha enviado a los principales partidos políticos con motivo de las próximas elecciones, porque “ya va siendo hora de que se contemple que las trabajadoras del sexo son mujeres olvidadas en todos los programas electorales: es el único sector hacia el que no se dirigen políticas, lo único que se pretende es que cambien de actividad”, denuncia Cristina Garaizábal, psicóloga y portavoz de Hetaira.
El objetivo de la elaboración de estas propuestas es que se incluyan en los programas electorales, que los partidos “las hagan suyas” o bien que les sirvan “para elaborar sus medidas en materia de trabajo sexual y trata de personas”, plantea el documento.
Garaizábal sostiene que la medida más urgente en materia de prostitución es una ley laboral que regule esta actividad para “poderla considerar como un trabajo; un trabajo que exige poner la libertad de la trabajadora en primer término”, dándole la posibilidad de rechazar clientes y ciertos servicios.
La prostitución en España no es ilegal. Sin embargo, la Ley de Seguridad Ciudadana, que acaba de ser aprobada en el Congreso y entrará en vigor a el 1 de julio, “criminaliza” según Hetaira la prostitución al considerarla infracción grave en su artículo 36, en el que se castiga “el ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes. Lo que significa que podrán ser sancionados tanto los clientes como quien ejerza la prostitución”.
Las propuestas de Hetaira en torno a la trata de personas están orientadas a la protección de la víctima: evitar su deportación y su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como a que se posibilite la creación de servicios sociales gubernamentales para la atención a las víctimas.
Garaizábal asegura que la legislación vigente contra la trata "tiene graves deficiencias y no está funcionando, ya que condiciona la protección de la víctima a que comparezca como testigo”. Según la portavoz de Hetaira, este sistema no es eficaz porque el miedo de la víctima le impide declarar, lo que hace muy difícil la identificación de los implicados.
Otro de los problemas que señala el documento de propuestas es la frecuente confusión entre la trata y la prostitución voluntaria. “Esta confusión terminológica, que se refleja en la legislación y su interpretación”, dice el documento, “deja desprotegidas a todas las mujeres que ejercen la prostitución por decisión propia, aumenta la vulnerabilidad de estas y dificulta enormemente la identificación de las víctimas de trata”.
Retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana, reconocimiento del derecho laboral de las prostitutas, impedir que una persona implicada en un delito de trata abra un prostíbulo, permisos de residencia y trabajo para las trabajadoras del sexo, negociación de espacios públicos para desarrollar su actividad...