Comités de expertos: por qué se crean, cómo funcionan y cuáles son sus resultados

Desde que Pedro Sánchez aterrizó en Moncloa hace apenas tres meses las tareas que se ha propuesto asumir no dejan de multiplicarse. Para afrontar el reto y barajar escenarios, el presidente socialista ha echado mano de un recurso habitual: los comités de expertos. Este último viernes, el Consejo de Ministros aprobó la creación de una comisión de expertos para estudiar las consecuencias de un cambio de huso horario en el país. El pasado 2 de agosto, además, la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE designó un comité de expertos para el concurso del ente público. Precisamente este viernes, sus miembros comenzaron a evaluar a los 93 candidatos que se presentan y en octubre tendrán que determinar los nombres de los 20 mejores.

El Gobierno mantiene operativos, asimismo, diversos consejos asesores para estudiar materias concretas con expertos cualificados. Uno de ellos es el creado para la recuperación de la justicia universal, que se reunió por vez primera el pasado 28 de agosto. El consejo está integrado por cuatro juristas cuyo objetivo es proponer los criterios que deben regir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de cara a la recuperación de la jurisdicción universal. Lo preside la propia ministra, Dolores Delgado, mientras que el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, es el vicepresidente. "Con la creación de un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal, la ministra Delgado cumple otro objetivo colateral, como es la incorporación de la sociedad civil, a través de expertos en la materia, al trabajo de gestación de determinadas iniciativas legislativas", señala Justicia a través de un comunicado.

A finales de agosto, el Consejo de Ministros también aprobó la creación de un consejo asesor para revisar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género. Lo lideran también la ministra de Justicia y el secretario de Estado de Justicia, y sus vocales son cinco juristas. "Los miembros del consejo no percibirán ninguna retribución, salvo el pago de los gastos de desplazamiento y hospedaje a los que residan fuera de Madrid", señala el ministerio, que recuerda además que "no supondrá incremento alguno del gasto público".

Gobiernos anteriores ya hicieron uso en diversas ocasiones de expertos que pudieran deliberar, analizar y asesorar a los dirigentes políticos respecto a materias concretas. Se hizo así en 2017 sobre los modelos de financiación local y autonómica; el mismo año en cuanto al modelo de transición energética; en 2013 para articular un nuevo sistema de pensiones; en 2011 para ajustar el uso del Valle de los Caídos a la Ley de Memoria Histórica y en 2005 el bautizado como comité de sabios propuso una reforma de los medios públicos de comunicación.

Hablan los expertos

Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), fue integrante de los comités sobre financiación autonómica y local que puso en marcha el Gobierno en febrero de 2017.

Su opinión respecto a las comisiones de expertos varía según cuál sea sobre la que recaiga el análisis. "En principio son útiles, pero es verdad que en muchas ocasiones no se utilizan demasiado los resultados", reconoce. Una de las que más se siguieron, observa, fue aquella enfocada a la reforma de las pensiones, mientras que la reforma del sistema fiscal autonómico "de momento no ha fructificado", lo cual, matiza, "no quiere decir que no llegue a hacerlo de alguna manera".

El motivo por el que un Gobierno tiende a confiar en una comisión de expertos, opina, suele a apuntar a "temas complicados" sobre los que reflexionan quienes más conocimiento en la materia poseen. Sin embargo, agrega, "también es un poco pantalla", de manera que los líderes políticos usan las decisiones de los expertos para "ponerse detrás y evitar riesgos".

Con él coincide Cristóbal Gallego, miembro de la comisión sobre transición energética. Normalmente, opina, son "temas complejos y se necesitan expertos que escriban en un papel ideas clave", pero también "puede haber una especie de justificación de algunas ideas que quieren sacar sin el coste político de haberlas tomado desde el partido".

En cuanto a los resultados, Gallego cree que, en el caso de la comisión relativa a medio ambiente, "a priori es difícil de estimar y a posteriori aún es muy pronto". Sin embargo, reflexiona, en su caso concreto "el tema era de urgencia y estaba en boca de mucha gente". El informe, por tanto, "al margen de que el Gobierno se apoye en él, abrió debates e hizo que la gente pudiera tener información que antes no tenía", de modo que el impacto "fue más de actualidad que por lo que el Gobierno vaya a hacer".

Miembros, plazos y condiciones

Respecto a los miembros que integran este tipo de comisiones, De la Fuente explica que es el Gobierno quien los nombra, "aunque muchas veces pide sugerencias" y siempre va a "depender un poco de cada comisión". El comité sobre la financiación local, dice, "era más una comisión de expertos que la autonómica, porque en esta segunda éramos expertos con bandera –elegidos en su mayoría por las comunidades autónomas–", lo que hace que "se pierda un poco la independencia de expertos que tendrían que pensar en términos de interés general y no defender un punto de vista concreto".

En cuanto a la experiencia de Gallego, el Gobierno estableció un método de elección basado en un miembro por cada grupo parlamentario, además de cuatro designados por el propio Ejecutivo y tres seleccionados por los agentes sociales. "Esto dio como resultado una comisión donde sólo había hombres", lo que se podría haber evitado, opina, mediante la incorporación de criterios de género "en el propio mecanismo sobre cómo se define la comisión", por ejemplo permitiendo que "cada grupo elija a dos personas, un hombre y una mujer".

En lo que respecta a los tiempos, De la Fuente señala que "normalmente sí hay un plazo", aunque no siempre se cumple. En el caso de la comisión en la que participó Gallego, el plazo fue de seis meses que luego se alargaron a siete y los ritmos de trabajo los marcaron los propios expertos, que se impusieron una reunión semanal en la que iban "definiendo los temas y los ritmos de avance, con total libertad".

Los principales problemas, coinciden los expertos, llegan con las condiciones materiales. "En los últimos años las comisiones no se pagan y no nos suelen dar demasiado apoyo técnico", señala De la Fuente, algo que, estima, "no es buena idea". El experto indica que "en otros países suelen darles más apoyo" y el motivo es que "estas comisiones requieren mucho trabajo". La mayoría de sus integrantes, de hecho, "tienen otras obligaciones, trabajan mucho y sin cobrar".

Gallego señala que, en su caso, se trató de "una cantidad de trabajo ingente" que los expertos debieron asumir "sin recursos, más que una sala del ministerio" a la que podían acceder "una vez a la semana". No había tampoco recursos técnicos como ordenadores, de manera que se apoyaron en aquello que los miembros de la comisión podían ofrecer.

Diego Carcedo preside la Asociación de Periodistas Europeos y actualmente está al frente del comité de expertos de RTVE. En este caso, la convocatoria partió del Congreso de los Diputados y fue la Comisión Parlamentaria quien eligió a sus miembros, diecisiete personas que, tal y como asegura el periodista, intentan actuar con "el mayor rigor, independencia y consenso", para lo que han decidido valorar los proyectos de los candidatos de forma anónima.

En cuanto a las condiciones, Carcedo confirma que no hay retribución económica y que está pendiente de aprobación el pago de los viajes de quienes viven fuera de Madrid. Por el momento, el comité comenzará ahora a "establecer el plan de trabajo, distribuir las tareas y llevar los deberes para casa".

  Algunos ejemplos

Financiación local

En febrero de 2017 el Consejo de Ministros del Gobierno anterior acordaba la creación de tres comisiones: una respecto al modelo de financiación local; otra sobre la financiación autonómica y una tercera relativa al sistema de dependencia. La primera de ellas tenía como propósito realizar los "análisis que sean necesarios para la formulación posterior de un nuevo modelo de financiación local que se fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos básicos de prestación obligatoria".

La sesión constitutiva tuvo lugar el primero de marzo del pasado año y en los cinco meses siguientes se realizaron los trabajos, recogidos en un informe que fue entregado en julio de 2017. Sus integrantes fueron cinco expertos designados por el Gobierno y otros cinco por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Una de las propuestas más llamativas que emanan del análisis es la creación de un impuesto sobre estancias turísticas, que se justifica "en que la estancia en hoteles o establecimientos análogos es un inequívoco signo de capacidad económica y en la razonabilidad de que los turistas contribuyan, en la medida de su uso, a la financiación de unos servicios públicos". También plantearon los expertos propuestas como la reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la reforma de la financiación del transporte público.

En agosto del presente año, dos de los miembros de la comisión de expertos –Ana Muñoz Merino y Javier Suárez Pandiello– emitieron un informe, a través de Fedea, con algunas reflexiones respecto a su trabajo.

"Uno se da cuenta de que, a menudo, son otros los intereses que mueven a la constitución de ciertas comisiones y que entre los consensos técnicos y las realidades políticas existen, en no pocas ocasiones, distancias mayores de lo que cabría esperar", señalan los autores, quienes confiesan que "sería iluso esperar que las propuestas de la comisión fueran trasladadas directamente al nuevo marco normativo, siquiera parcialmente, y a lo más que uno podría aspirar es a que abrieran un debate político sensato entre las partes interesadas en la regulación".

A su entender, "han sido ya muchas las comisiones y grupos de trabajo de diferente composición que se han creado para emitir informes y efectuar recomendaciones de reformas más o menos ambiciosas, con poco éxito, en general, de implementación política de las mismas". Ambos expertos subrayan que "ha pasado ya casi un año desde que la comisión rindió su informe" y concluyen que "ya sólo queda esperar que esta vez su trabajo sirva, al menos, para incitar un debate necesario como base para una reforma duradera".

Transición energética

En julio de 2017 el Consejo de Ministros acordó la creación de una comisión de expertos encargada de elaborar un informe con el fin de "analizar las posibles propuestas que permitan contribuir a la definición de la estrategia española para la transición energética".

La comisión estaba integrada por catorce expertos: cuatro designados por el Ejecutivo; uno por cada grupo parlamentario –sumando un total de siete– y tres por agentes sociales. Varios de ellos procedían o tenían vinculación con las grandes empresas energéticas del país. Sus componentes contaban con un plazo de seis meses para presentar conclusiones a través de un informe, que fue finalmente entregado en marzo de 2018, con once votos a favor y tres abstenciones –el miembro propuesto por CCOO, por Podemos y por ERC–.

En sus votos particulares, los tres expertos que se abstuvieron remarcaron que el informe final fue fruto de un buen trabajo y que, aunque coinciden en la mayoría de puntos, otros muchos quedaron sin avanzar. Decían, asimismo, que la falta de tiempo y de medios ofrecidos habría podido influir en el resultado final.

En el documento, la comisión elaboraba un conjunto de escenarios sobre la evolución del sistema energético. Los expertos se hicieron eco de los informes ya realizados sobre cuáles van a ser los cambios para llegar a conclusiones sobre los costes que conllevaría un camino u otro, tanto a nivel económico como a nivel medioambiental. Además, los miembros propusieron diversas mejoras del sistema, incidiendo en la necesidad de una reforma fiscal, pero también pronunciándose sobre una reforma del sistema eléctrico, la participación o la gobernanza de la transición energética.

Pensiones

En abril del año 2013 el Consejo de Ministros aprobaba la creación de un comité de expertos para "desarrollar un factor de sostenibilidad para el actual sistema de pensiones". El comité fue integrado por doce especialistas, elegidos por el Gobierno, aunque dos de ellos fueron sugerencia del PSOE. Algunos pertenecían a entidades vinculadas al mundo de la banca y las aseguradoras.

Aunque en un principio el plazo estaba abierto, los expertos entregaron su informe el 7 de junio del mismo año. Los autores del documento consideraban que, para sostener el sistema de pensiones, era necesaria "una regla sencilla y transparente que asegure que el sistema se sostenga por sí mismo y que refuerce el sistema ante la presión de las tensiones demográficas y condiciones económicas cambiantes".

Los expertos propusieron un polémico modelo basado en recortes. Plantearon, esencialmente, que las pensiones dejaran de revalorizarse anualmente de acuerdo con el IPC y que lo hicieran en función de los ingresos y gastos del sistema, de manera que en épocas de crisis éstas fueran más bajas. Lo hicieron sugiriendo una fórmula, el Factor de Revalorización Anual (FRA), que "delimita el crecimiento equilibrado de las pensiones, de acuerdo con los ingresos disponibles, el número de pensionistas entre los cuales han de repartirse y el denominado efecto sustitución". Sin embargo, añaden, "lo modula de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos del sistema de pensiones, de modo que los déficits moderan el crecimiento de las pensiones y los superávits lo mejoran".

El único experto que votó en contra de la propuesta, Santos Miguel Ruesga, denunció entonces que "el Gobierno lo tenía todo organizado de antemano".

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El 27 de mayo de 2011 el Consejo de Ministros creó la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos, con el encargo de confeccionar un informe sobre posibles actuaciones relativas al mausoleo y de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica.

Los integrantes del comité fueron trece. La comisión estuvo adscrita al Ministerio de la Presidencia y la designación de sus miembros tuvo en cuenta propuestas de los diferentes grupos parlamentarios. A finales de noviembre del mismo año, el grupo de expertos entregó su informe, que recomendaba exhumar los restos del dictador, y crear un memorial con los nombres de los enterrados de ambos bandos.

"El objetivo de resignificar el conjunto del Valle de los Caídos, despojándole de cualquier connotación ideológica y política, y atendiendo únicamente a la dimensión moral de la memoria, sólo será posible si los enterramientos se reservan únicamente, como estaba previsto, para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil", decían los expertos. Por este motivo, recomendaron que los restos del dictador fueran "trasladados al lugar que designe la familia" mientras que respecto a José Antonio Primo de Rivera entendían que "dada la igual dignidad de los restos de todos los allí enterrados, aquellos no deben ocupar un lugar preeminente en la basílica".