La Comunidad de Madrid oferta una formación sin aval científico sobre el síndrome de alienación parental

La Comunidad de Madrid incluirá este año en su oferta formativa contenido relativo al llamado síndrome de alienación parental, a pesar de que no cuenta con aval científico, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desaconseja su uso y la recién aprobada Ley de Infancia insta a tomar medidas contra él.

Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicado este martes. En su Anexo II, la comunidad incorpora una formación en los tribunales sobre "interferencias parentales", brindada a los equipos psicosociales adscritos a los órganos judiciales de la Comunidad Madrid. Este curso incluye entre sus contenidos la "introducción teórica al concepto de síndrome de alienación parental y su evolución en el tiempo". 

Lo han denunciado este mismo martes en redes sociales varias diputadas de Unidas Podemos. Beatriz Gimeno explica en conversación con infoLibre que el miércoles su grupo presentará una proposición no de ley pidiendo que se prohíba el uso del síndrome de alienación parental, al tiempo que sopesarán la posibilidad de pedir judicialmente que se excluya esta formación.

Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) incorporan el supuesto síndrome en sus listas de trastornos patológicos. Tampoco lo hace la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que en 2010 se pronunció en contra de su uso al señalar que "el síndrome supone un grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo" y al recalcar que "el sesgo de género en sus descripciones es innegable". A nivel jurídico, además, el CGPJ ha llamado en diversas ocasiones a su no aplicación, ha puesto de relieve su "carencia de base científica" y ha expresado su preocupación porque "pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales".

Desde su entrada en el Ministerio de Igualdad, Irene Montero ha clamado contra el mal llamado síndrome y ha reforzado su compromiso por desterrarlo de los tribunales. La reciente Ley de Infancia trata de hacerlo: en su artículo 11.3 reclama a los poderes públicos tomar "las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración".

Por el momento, la autonomía gobernada por Isabel Díaz Ayuso no ha dado explicaciones sobre los motivos por los que ha decidido desarrollar dicha formación. La región financia con dinero público a la Fundación Filia de Amparo al Menor, una organización ultra que promueve la aplicación del síndrome y con la que ha colaborado estrechamente el magistrado y exdiputado de Vox Francisco Serrano.