El gigante residencial Aralia seguirá gestionando hasta el próximo mes de mayo uno de los centros cuya concesión trató de retirarle la Consejería de Políticas Sociales tras la primera ola de la pandemia. Hace siete meses ya que cumplió el contrato suscrito entre la compañía y el Ejecutivo regional para administrar la residencia Parque de los Frailes, ubicada en el municipio de Leganés. Sin embargo, la nueva licitación se está alargando mucho más de lo previsto, algo que ha obligado al Gobierno madrileño a ir prorrogando continuamente estas tareas. En concreto, ya se ha hecho en tres ocasiones. Esto ha permitido a la firma, que ha sido sancionada en varias ocasiones en relación con este centro, embolsarse 3,16 millones de euros, que se suman a los 12,5 millones ya cobrados durante los tres años que ha estado llevando el geriátrico. Fuentes de Políticas Sociales explican a infoLibre que el proceso de licitación se está retrasando porque se ha identificado "alguna oferta que supone una baja temeraria". No obstante, esperan que todo pueda estar listo antes de que cumpla esta última extensión de las tareas.
La gestión de la residencia Parque de los Frailes fue adjudicada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes en agosto de 2017. Al procedimiento abierto, con un presupuesto base de licitación de 14,2 millones de euros, concurrieron una decena de empresas, entre las que se encontraban auténticos gigantes del sector, desde Quavitae Servicios Asistenciales –más conocida bajo la marca DomusVi– hasta Vitalia. Sin embargo, quien se hizo con los trabajos fue Aralia, una empresa ligada al empresario salpicado por la Gürtel José Luis Ulibarri. Por aquel entonces, la firma ya había sido sancionada en alguna ocasión. Sin embargo, la oferta económica que puso sobre la mesa para el servicio demandado era la más ventajosa de todas: 12,1 millones de euros, una media de 346.189 euros al mes. El contrato fijaba una duración de tres años, que concluyó el pasado 27 de agosto. El Ejecutivo regional tenía la posibilidad de prorrogar por un periodo de tiempo similar. Sin embargo, tras la primera ola de la pandemia prefirió no hacerlo y sacó a concurso una nueva adjudicación para el centro.
En aquel momento, la empresa llevaba meses bajo la lupa de la Consejería de Políticas Sociales. A comienzos de año, el departamento dirigido entonces por Alberto Reyero, en lo que se interpretó como el inicio de una etapa dura de mayor control en los centros residenciales, había abierto tres expedientes a la firma de Ulibarri para retirarle la concesión de tres geriátricos de la región por incumplimiento de los pliegos al haber subcontratado la atención de los mayores a otras compañías. En concreto, los de Ensanche de Vallecas, Isabel La Católica y Parque de los Frailes. No obstante, ninguno de los expedientes terminó llegando a buen puerto. Los dos primeros ni siquiera se resolvieron porque llegado el momento los contratos ya habían finalizado. Sí el tercero, pero en este caso la pelota cayó del lado de Aralia. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en un informe vinculante, dictaminó que la irregularidad detectada suponía un "incumplimiento menor" que no justificaba la resolución del contrato con la firma.
Pero siete meses después de publicarse la nueva licitación para Parque de los Frailes, el procedimiento de adjudicación sigue sin resolverse. Algo que ha provocado que Aralia continúe embolsándose dinero público por seguir llevando las riendas del geriátrico hasta la resolución del concurso. Por el momento, el Ejecutivo regional ha dado luz verde a tres prórrogas de los trabajos a fin de evitar, según sus argumentos, que el centro quede a la deriva mientras se decide quién coge el relevo del centro durante los próximos tres años. La primera se produjo a finales de verano por un periodo de tres meses y cuatro días, trabajos por los que cobró 1,08 millones de euros. Luego vino una segunda por 1,042 millones. Y el pasado 18 de febrero, se dio luz verde a una tercera extensión de los trabajos. Esta última se alargará hasta el próximo 31 de mayo. Y la firma cobrará por ella 1,042 millones de euros. En total, las prórrogas han permitido a Aralia embolsarse 3,16 millones, que se suman a los 12,5 millones ganados durante los tres años de vigencia del contrato.
"Baja temeraria"
En un primer momento, el departamento que ahora dirige Javier Luengo estimó que la nueva adjudicación del geriátrico podría estar resuelta durante el mes de febrero. Finalmente, no será así. Desde Políticas Sociales explican a este diario que la demora se debe a la identificación en el procedimiento de alguna oferta cuyo cumplimiento o viabilidad suscita dudas en el órgano de contratación. "Se ha identificado alguna oferta que es baja temeraria, lo que ha retrasado los trámites. Si esto no se hubiese producido, la licitación ya estaría resuelta", apuntan desde la consejería. En este sentido, explican que ante un hecho de estas características es necesario "informar a la empresa" que ha hecho saltar las alarmas y "argumentar muy bien" los motivos por los que se considera baja temeraria. Luego, la firma tiene un plazo para intentar justificar que las cantidades que ha puesto sobre la mesa no le impiden cumplir con las exigencias del contrato. "El procedimiento tiene que hacerse con todas las garantías", añaden.
La Consejería de Políticas Sociales espera que no sean necesarias más prórrogas y que para cuando concluya esta última el nuevo contrato ya haya sido adjudicado. "Y siempre bajo unas condiciones que permitan a los residentes tener un servicio de calidad", sentencian desde el departamento. De hecho, la futura adjudicación refuerza en sus pliegos los medios personales que deberá aportar la empresa que se haga cargo en el futuro de este centro. Ahora, el número de ATS disponibles tendrá que ser de 8,5 –en 2017 estaba fijado en 7–, mientras que la cifra de gerocultores deberá ser de 57, frente a los 48 de la anterior adjudicación. Por la licitación, que cuenta con un presupuesto base de 15,67 millones de euros, compiten hasta media docena de empresas diferentes. Una de ellas es Aralia, que ha puesto sobre la mesa una oferta de 15 millones –IVA excluido–. DomusVi, otra de las compañías a las que Reyero trató sin éxito de retirar la gestión de un geriátrico en el madrileño barrio de Usera, también compite por el contrato. Sin embargo, la propuesta más económica viene de la mano de Albertia Servicios Sociosanitarios, que ha planteado una oferta de 13,68 millones de euros.
Multa recurrida por un brote de gastroenteritis
La tercera prórroga del contrato llega justo un año después de que la Comunidad de Madrid sancionase a Aralia [consultar aquí en PDF] tras detectar que había cometido una infracción "grave" de los pliegos contractuales. En concreto, por "la ocultación o falta de comunicación" a Políticas Sociales de "hechos relevantes que afecten a los usuarios o a la prestación del servicio", según consta en la documentación adjunta en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. La multa, que ascendió a 20.046 euros, se impuso después de que el departamento dirigido entonces por Alberto Reyero concluyese que desde el centro se había ocultado a las autoridades, a pesar de estar obligada a informar de ello, la existencia de un brote de gastroenteritis dentro del geriátrico, que "se mantuvo activo" durante más de dos semanas. "No es posible atender los argumentos de la entidad ya que estos se basan en minimizar la importancia del hecho causante, para justificar la ausencia de comunicación a la consejería", sentenciaba Políticas Sociales.
Desde la empresa critican la publicación de la sanción. "Desconocemos el motivo por el cual la Comunidad de Madrid publicita la existencia de dicha penalidad, dado que según la normativa de transparencia de la Comunidad de Madrid (Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid) solo se han de publicar las sanciones firmes. No es el caso presente, puesto que se trata de un expediente de penalidades y el mismo se encuentra recurrido y en la actualidad pendiente de resolución en la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no reconociendo esta empresa en modo alguno los 'incumplimientos contractuales' que la Administración alega. Dejemos que la Justicia haga su trabajo, y a ella nos encomendamos para tratar de evitar esta caza de brujas que, por desgracia, venimos padeciendo", sostiene la compañía en respuesta a este diario.
En relación con esta cuestión, Aralia señala que "a juicio de los profesionales del servicio médico" de la residencia "nunca se consideró, conforme al criterio objetivo establecido, que la situación referida pudiera considerarse como un hecho relevante, dada la levedad de las molestias, escaso porcentaje de afectados y la innecesariedad de aplicación de tratamiento médico; siempre, insistimos, conforme a protocolos y criterios sanitarios preestablecidos por la Comunidad de Madrid". "Se trata del mismo equipo médico profesional que ha sido expresamente felicitado por el exconsejero Reyero por sus esfuerzos realizados durante la pandemia y cuya labor ha sido satisfactoriamente reconocida por la Comunidad de Madrid", explica la compañía, que reitera que "tales hechos" recogidos en la sanción "en ningún momento afectaron a la calidad del servicio" y que la penalidad recurrida "únicamente" se basa "en una interpretación jurídica de un posible incumplimiento contractual" que la firma "ni acepta ni reconoce como tal".
"Tales hechos no son sino consecuencia de una política institucional que refleja una animadversión hacia esta empresa que hemos denunciado en diversas ocasiones en la propia Consejería, y una constante persecución alentada por movimientos sociales y políticos hacia este modelo de gestión residencial", continúan desde Aralia, que asegura que "en diversas ocasiones" han solicitado al actual consejero, Javier Luengo, "amparo ante dichos hechos, filtraciones y comunicaciones, siempre en perjuicio de esta empresa y de sus profesionales, de lo cual este caso es un ejemplo más". "Baste recordar las manifestaciones realizadas sobre el expediente abierto en la misma residencia y la publicidad que se realizó sobre la rescisión inminente del contrato de gestión finalmente archivado tras el informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que nos daba la razón en nuestras alegaciones", insisten.
"Finalmente, añadir que lamentablemente se está confundiendo el bienestar de los residentes y la calidad del servicio, con otras cuestiones puntuales sujetas siempre a la interpretación jurídica derivada del cumplimiento del contrato que en nada afectan a los usuarios, pero son utilizados recurrentemente para perjudicar a la empresa que se ve desamparada ante los ataques concertados y la falta de decisión y apoyo de la Consejería competente", añaden desde la empresa.
Acumulación de sanciones
Este diario también preguntó a la compañía por el número de penalidades y el montante total por todas ellas desde que asumió la gestión del centro sociosanitario en 2017. "Dado lo explicado anteriormente, y ante el evidente perjuicio que Aralia viene sufriendo de manera pública y notoria por parte de la misma Consejería que, sin embargo y al mismo tiempo viene invocando la permanente colaboración de nuestra empresa, que no obstante hallarse vencido el anterior contrato de gestión de Los Frailes, la Consejería prorroga en varias ocasiones nuestra permanencia en el centro ante la situación excepcional pandémica que, por desgracia, afecta a todo el país, y dado el modo torticero que se viene aplicando sobre un tipo de información cuyo acceso no responde en absoluto al uso que desde la Consejería se viene realizando, preferimos por el momento remitirnos a las fuentes oficiales a este respecto, no sin dejar de resaltar la contradicción que supone el que por un lado trasciendan estas polémicas y a la vez se requiera el apoyo, esfuerzo y compromiso que todo nuestro personal viene realizando para cuidar de nuestros mayores", sentencian al respecto.
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Los datos oficiales que hizo públicos El País el pasado mes de febrero recogían una acumulación de multas por este geriátrico por un total de 178.411 euros. Sólo a lo largo de 2019, según la información facilitada por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Purificación Causapié, se impusieron tres "penalidades" –así se conoce en el argot a este tipo de sanciones– por "la calidad del servicio e incumplimientos contractuales". Castigos económicos que se unen también a otros recibidos en centros como Isabel La Católica, Peñuelas o Ensanche de Vallecas. De hecho, en este último caso la empresa fue a los tribunales alegando que el hecho de que un baño de uso común esté "muy sucio" o que se perciba "un fuerte olor" en algunas de las habitaciones no tenía "entidad suficiente" para que se concluyera que había vulnerado el contrato con la Comunidad de Madrid.
Como otras tantas residencias de la región, Parque de los Frailes no se libró del azote de la pandemia. Sólo entre marzo y abril, murieron en este centro 30 ancianos, 17 de ellos con positivo confirmadomurieron. Durante varios meses, el consejo de usuarios del centro, que representa a todos los residentes del geriátrico, registró varios escritos ante la Comunidad de Madrid denunciando falta de equipos de protección, de camas para los cuidados en fase terminal, de pañales, de directrices claras por parte de las autoridades o de un elevado número de bajas entre la plantilla como consecuencia del coronavirus, según publicó el periódico digital Nius.
Aquí puedes consultar el dossier de infoLibre sobre el drama en las residencias.