Madrid, Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Cantabria y País Vasco se han posicionado a favor de que el Real Decreto de estado de alarma permita a las autonomías adelantar el toque de queda a las 20.00 horas después de que Castilla y León haya puesto en marcha esta medida desde el pasado sábado, cuando se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), a pesar del rechazo que mostró el Gobierno.
Ante esta situación, el Gobierno interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra este acuerdo de la Junta de Castilla y León que limita la movilidad, procedimiento que no ha hecho cambiar de opinión al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, quien este domingo emitió un comunicado en el que informó de la vigencia del toque de queda y lamentó que el Gobierno trate de "obstaculizar" una norma para proteger la vida, informa Europa Press.
Mañueco ha recibido el apoyo de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien este lunes se ha mostrado a favor de la medida implementada por el dirigente conservador en declaraciones a los medios desde el Hospital Isabel Zendal.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que el Gobierno central "no tiene otra opción" que acceder a esta petición de varias comunidades autónomas para modificar la hora de inicio del toque de queda, porque es algo de "sentido común".
También ha avanzado que su Gobierno lo volverá a pedir en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará el miércoles. Asimismo, se ha referido a este órgano la portavoz del Gobierno balear, Pilar Costa, quien ha señalado que su Ejecutivo estudiará la medida si así se acuerda en el marco del Consejo.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, también se ha mostrado partidario de arbitrar modificaciones legislativas para que las comunidades autónomas puedan adelantar el toque de queda.
En esta clave, el Gobierno vasco ya anunció el pasado viernes que está estudiando adelantar el toque de queda a las 18.00 o a las 20.00 horas, aunque actualmente se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas, como medida para frenar el virus antes de acometer otras más severas.
También ha pedido margen legal para actuar en esta clave el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y ya avanzó el pasado viernes que ve "razonable" que el estado de alarma permita extender el toque de queda, incluso a las 18.00 horas, así como confinamientos municipales.
Por último, el consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, considera que adelantar el toque de queda a las 22.00 horas sería "beneficioso", aunque no ha afirmado que se lo vaya a plantear al Gobierno en el seno de la Interterritorial.
Respuesta del gobierno
Illa descarta adelantar por ahora el toque de queda que reclaman ocho comunidades y asegura que lo seguirán estudiando
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha remitido la decisión de adelantar el toque de queda más allá de lo permitido a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles, en el que espera que se pueda adoptar una medida "por consenso".
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Darias ha instado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a cumplir "la legalidad" después de que el Ejecutivo autonómico aprobase el pasado viernes el adelanto del toque de queda hasta las 20.00 horas.
Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido este lunes a los gobiernos autonómicos que antes de solicitar la ampliación del estado de alarma para permitir nuevas medidas contra el covid-19 como el confinamiento domiciliario, desplieguen "todo el efecto" de las que ya se contemplan en el decreto vigente hasta el 9 de mayo.
Madrid, Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Cantabria y País Vasco se han posicionado a favor de que el Real Decreto de estado de alarma permita a las autonomías adelantar el toque de queda a las 20.00 horas después de que Castilla y León haya puesto en marcha esta medida desde el pasado sábado, cuando se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), a pesar del rechazo que mostró el Gobierno.